Península

Cómo AMLO comenzó con la 'Resistencia Civil' (y la deuda eléctrica) en Tabasco

El movimiento nació como respuesta del proceso electoral para gobernador de la entidad en 1994, que fue calificado por López Obrador como fraudulento.

El movimiento 'Resistencia Civil Pacífica' en Tabasco es una protesta social en la que los ciudadanos de esa entidad se negaron a pagar los servicios estatales y federales, incluida la energía eléctrica, como protesta a lo que ellos consideraban como fraude electoral en las elecciones para gobernador de 1994.

Durante el proceso electoral de ese año competían por la gubernatura de Tabasco, el priista Roberto Madrazo Pintado y el ahora presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Al finalizar las elecciones, la victoria fue para Madrazo Pintado; sin embargo, López Obrador no reconoció los resultados, calificó el proceso como un fraude y llamó al pueblo tabasqueño a protestar pacíficamente dejando de pagar los impuestos estatales y los recibos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Desde 1995, cuando inició formalmente el movimiento, se ha generado una deuda ante la dependencia federal de 11 mil millones de pesos.

11 mil millones de pesos

Es la cifra que adeudan los tabasqueños a la CFE

A 24 años de iniciado el movimiento, ya como jefe del ejecutivo federal, López Obrador prometió concluir con este conflicto que generó una deuda histórica entre usuarios domésticos y la empresa productiva del Estado, que representa por sí sola casi el 30 por ciento de lo que las entidades le deben a CFE.

En diciembre de 2018 la empresa productiva informó que de los 753 mil 442 usuarios con los que se cuenta en Tabasco, el 94 por ciento viven en 'áreas de conflicto', es decir, pertenecen a las localidades declaradas en 'resistencia civil'.

Además de lo que dejaron de pagar los ciudadanos, los ayuntamientos también deben más de 300 millones y otro tanto las dependencias del gobierno estatal.

Los intentos por superar ese problema han sido varios, pero todos fracasaron.

Durante el gobierno de Andrés Granier Melo se intentó por primera vez remediar el boquete, a través de convenios de colaboración entre la CFE y el gobierno del estado.

El primero fue el Acuerdo por Tabasco, que el 8 de octubre de 2007 estableció que los usuarios que consumían 500 kilowatts por hora en verano, o menos, tendrían una tarifa preferencial.

El segundo fue el llamado Acuerdo Compensatorio, que el 4 de marzo de 2008 ofreció a quienes debían hasta 50 mil pesos, que por cada peso que pagaran de su deuda se les descontaría un peso del saldo por pagar.

El resultado de este acuerdo fue una deuda de mil 50 millones de pesos para la administración estatal que en su momento el gobernador Arturo Núñez Jiménez se negó a reconocer.

En 2015 el entonces secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, anunció para el estado un convenio que más tarde sería conocido como Acuerdo de la Mano por Tabasco, que estableció que quienes debían 23 mil 500 pesos o menos podrían beneficiarse de recibir un peso de descuento del adeudo acumulado por cada peso que pagaran de su nuevo consumo.

Pero cuando el convenio terminó los usuarios volvieron a caer en mora y no sólo el PRD comenzó a realizar reconexiones a quienes les fue suspendiendo el servicio sino también Morena, partido fundado por López Obrador y quien como dirigente, incluso, en el 2015, destinó camionetas para apoyar esas maniobras.

Con ello, el ciclo del no pago se volvió a reactivar. El sol azteca distribuyó entonces más de 100 mil cartas amparo, con la firma de sus diputados y senadores, para invitar a la población a seguir en resistencia.

Morena hizo lo mismo hacia finales de 2017 y durante 2018, antes de las elecciones en las que arrasó con más del 50 por ciento de las preferencias electorales.

El propio Andrés Manuel López Obrador visitó varias veces los municipios tabasqueños, primero como líder de Morena y luego como candidato, y siempre repitió el mismo discurso: sin borrón y tarifa especial, la gente no debía pagar.

386 mil 566

empadronados en la 'Resistencia Civil'.

A pesar de que durante dos décadas registró pérdidas millonarias por la resistencia civil, la CFE no comenzó a llevar un padrón del movimiento sino hasta 2017 cuando contabilizó a 380 mil 399.

El número cayó en 2018 al ubicarse en 370 mil 398 personas, pero volvió a repuntar en 2019 al llegar a 386 mil 566 empadronados.

Este martes el gobernador Adán Augusto López Hernández anunció que el conflicto al fin tendrá una solución: un nuevo acuerdo que promete terminar con la deuda de 11 mil millones de pesos del estado y ofrecerá la tarifa IF a todos sin distingo alguno.

"Quiero dejar patente un reconocimiento a los miles de tabasqueños que a lo largo de estos años estuvieron empujando, apoyando la posibilidad de que esto fuese posible", expresó en palacio de gobierno.

Y puntualizó: "A partir de ahora con una tarifa preferencial, con la más baja que existe en el sector eléctrico del país, los tabasqueños debemos hace nuestra parte, debemos de iniciar a pagar nuestros consumos".

También lee: