En la última semana, dos eventos disruptores, el coronavirus y la guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia, han amenazado al sector energético poniendo a prueba nuestra estrategia de seguridad energética. El precio de petróleo internacional cayó 23 por ciento la semana pasada. Mientras que la mezcla mexicana de exportación redujo en un 66 por ciento su valor, llegando a 17.70 dólares por barril, el precio más bajo en 18 años.
La drástica caída de la demanda de petróleo, primero en China -un motor económico- y posteriormente en el resto del mundo conforme a la propagación del coronavirus, ha causado una desestabilización en los mercados energéticos y económicos. De saque, México se encuentra ya en una posición vulnerable al haber tenido una recesión económica técnica en el 2019, y tiene todavía un peor pronóstico para este año. De acuerdo con bancos internacionales se estima una contracción de 4 por ciento.
A su vez, en el peor momento, dos de los principales productores de petróleo Arabia Saudita y Rusia al no llegar a un acuerdo mutuo para el recorte de su producción decidieron entrar en una guerra de precios empeorando el caos que ya se tenía por el coronavirus.
El enfoque de seguridad energética de esta administración ha tenido una visión nacionalista con el objetivo de alcanzar la soberanía energética y fortalecer a Pemex. Eventos disruptores como estos nos demuestran que ningún país es ajeno a las condiciones externas del mercado y por consecuencia debemos implementar una estrategia adecuada al dinamismo del mundo actual aprovechando nuestras fortalezas internas y desarrollando nuevas alternativas para competir.
Los países que están más equipados en infraestructura de almacenamiento podrán ser más resilientes a la guerra de precios de petróleo llenando los inventarios de almacenamiento con producto barato, como ocurre en EU donde actualmente están aprovechando llenar su reserva estratégica de petróleo.
Lamentablemente, México no puede aprovechar esta ventaja debido a que únicamente cuenta con capacidad para almacenar el equivalente a 3 días de demanda nacional. Por medio de la Política Pública de Almacenamiento Mínimo de Petrolíferos (establecida en la Ley de Hidrocarburos) se buscaba incrementar los días de inventario para contar con mayor seguridad energética. Sin embargo, el gobierno en los últimos meses ha removido ese mandato.
Para México, al ser un país que importa el 80 por ciento de combustible, es aún de mayor importancia contar con almacenamiento suficiente. Como resultado de la reforma energética, en los últimos años ha crecido la inversión del sector privado en almacenamiento y continuará creciendo por el empuje del mercado. No obstante, la rapidez con la que se construye esta infraestructura depende en gran medida del otorgamiento de permisos por parte del gobierno.
Este shock externo que estamos viviendo debería de ser tomado como un llamado de atención para continuar con las medidas de seguridad energética planteadas en la reforma energética. Debido a que el enfoque de seguridad energética propuesto por esta administración es inadecuado y no nos ayuda a ser más resilientes ante la volatilidad que hoy en día se tiene en el mercado energético.
Si bien debemos reducir nuestra dependencia de combustibles de otros países y eficientar nuestros procesos de refinación, que actualmente tienen una capacidad de operación del 40 por ciento, debemos priorizar inversión en actividades de producción y exploración e infraestructura energética de transporte, distribución y almacenamiento antes de pensar en invertir en proyectos de refinación como el de Dos Bocas ubicado en Tabasco.
Por un lado, tenemos precios históricamente baratos de petróleo originados por un mercado sobre ofertado, y, al mismo tiempo, tenemos un vecino en el norte con los precios más bajos de productos refinados. Por otro lado, el gobierno quiere construir una refinería en un momento en el que Pemex tiene pérdidas económicas históricas, una producción altamente costosa y poco competitiva en gran parte de sus campos y encima de todo un ambiente de precios que empeora las balanzas comerciales de la empresa productiva del Estado.
Debería el gobierno revalorar si el mejor destino para el dinero que se recauda de los ciudadanos mexicanos es en inversión para una nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco, que le costará a la nación como mínimo 8 mil millones de dólares, es decir, es económicamente inviable.
Es mejor diseñar una estrategia de seguridad energética adaptada a la circunstancia actual del país y el mercado energético global fundamentada en factores tecnológicos y no puramente ideológicos por el bienestar económico de todos los mexicanos.