En medio de los nubarrones económicos por la pandemia y de las noticias de avances en el desarrollo de tratamientos y vacunas para enfrentar la Covid-19, destacaron tres eventos recientes sobre México:
Lo bueno. Fitch Ratings ratificó la calificación crediticia de la deuda soberana (BBB-) y reiteró la perspectiva estable, con lo que se reduce el riesgo de perder el grado de inversión en la escala de esa calificadora.
Fitch fundamentó su acción en el marco de política macroeconómica consistente y prudente, finanzas externas relativamente sólidas y un nivel de deuda estable.
Destacó que las finanzas públicas del país registrarán uno de los déficits fiscales más bajos de 2020 en la categoría BBB.
Prevé que la administración del presidente López Obrador mantendrá una postura fiscal estricta y probablemente implementará una reforma tributaria en 2022.
No obstante, Fitch advirtió que la calificación está restringida por una gobernanza relativamente débil y un desempeño moderado del crecimiento a largo plazo.
Después de la acción de Fitch, falta que S&P y Moody's se pronuncien sobre la calificación soberana de México, que en marzo fue degradada por la primera y en abril por la segunda, manteniéndose la perspectiva negativa en ambos casos.
Lo malo. La producción industrial del país se estancó en septiembre, siendo el primer mes en que no registró crecimiento desde que inició la reactivación de la economía mexicana en junio, posterior al colapso de abril y mayo.
A su interior, las manufacturas mantuvieron su dinamismo al crecer 2.4 por ciento en el mes, por lo que sigue siendo el componente con mayor recuperación.
En contraste, la construcción se contrajo 5.6 por ciento, luego de cuatro meses consecutivos de avances.
La minería creció 0.2 por ciento respecto a agosto y ligó cuatro meses de ascensos.
Con el nulo avance de septiembre, la actividad industrial "interrumpió su recuperación en V" y quedó en un nivel similar al de febrero de 2010, dijo Julio Santaella, presidente del Inegi.
Claramente hay una moderación en el proceso de recuperación, que está siendo heterogéneo entre sectores y más lento de lo esperado ante el impacto de la pandemia sobre la inversión.
Lo polémico. El presidente López Obrador formalizó la iniciativa de outsourcing para "prohibir la subcontratación de personal y establecer de manera muy precisa las reglas con las cuales las empresas podrán contratar, única y exclusivamente, la prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas".
La reforma propuesta plantea prohibir la subcontratación de personal, consistente en que una persona física o moral proporcione o tenga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra.
Dicho de otra manera, se propone combatir la práctica de laborar en una empresa y depender por contrato de otra.
Dado que el esquema de subcontratación laboral ha generado espacios para la evasión, "se procesará por el delito de defraudación fiscal y no se permitirá que se deduzcan impuestos por esta actividad", según la iniciativa.
El CCE se dijo sorprendido y preocupado, pues el Ejecutivo se había comprometido a consultar al sector privado para la elaboración del proyecto.
La subcontratación legal puede ser un factor que contribuya a disminuir la informalidad laboral, si bien ya bajó a 54 por ciento.
Pero, ¿hay que eliminar esa figura? Prohibir el outsourcing afectaría a casi cinco millones de trabajadores formales cuando hay una incipiente recuperación de los empleos perdidos por la pandemia.
El reto en la discusión legislativa sería acabar con la subcontratación irregular y las malas prácticas, pero sin poner en riesgo los empleos formales.