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La queja de EU por el ‘bloqueo’ energético

Autoridades de EU enviaron una carta al Gobierno de México en donde reconocen estar preocupados por informes donde supuestamente recibieron instrucciones de bloquear los permisos para proyectos energéticos del sector privado.

En el ocaso de la administración Trump, ayer se hizo pública la carta firmada por los secretarios estadounidenses de Estado, Mike Pompeo; de Energía, Dan Brouillette, y de Comercio, Wilbur Ross, dirigida a sus contrapartes mexicanas, Marcelo Ebrard, Rocío Nahle y Tatiana Clouthier, respectivamente, donde advierten de la incertidumbre generada por la política del gobierno de México en materia energética.

La carta fechada el 11 de enero, apenas el lunes pasado, señala que recientes acciones regulatorias del Gobierno mexicano han dañado el clima general de inversión en nuestro país por restringir la participación privada en el sector energético.

Además, enfatiza que si bien "respetamos el derecho soberano de México a determinar sus propias políticas energéticas, estamos obligados a insistir en que México cumpla con sus obligaciones del T-MEC".

Sí, del tratado que sustituyó al TLCAN y que está llamado a ser una palanca de recuperación económica ante los efectos de la pandemia.

En su carta, Pompeo, Brouillette y Ross reconocen estar preocupados por los informes de un memorándum del pasado 22 de julio, seguido de una reunión del 22 de septiembre con los reguladores, donde supuestamente recibieron instrucciones de bloquear los permisos para proyectos energéticos del sector privado y ejercer su autoridad para favorecer a las empresas estatales, Pemex y CFE.

La primera referencia es al memorándum del presidente López Obrador dirigido a los funcionarios de los órganos reguladores del sector energético –CNH, CRE, ASEA y Cenace–, que dicho sea de paso están en proceso de debilitamiento institucional.

En ese memorándum de ocho cuartillas, donde se exponen "los lineamientos básicos de la nueva política energética", AMLO pide fortalecer a las empresas productivas del Estado en el sector, a través de 17 acciones.

La segunda referencia es a una reunión de seguimiento, donde se habría acordado favorecer a Pemex y CFE frenando la reforma energética de 2013.

Con independencia de si la política energética planteada por el presidente representa un regreso a un modelo donde el Estado tiene un papel preponderante en esa materia a través de Pemex y CFE, el tema es que, según la carta de los secretarios estadounidenses, las acciones del Gobierno mexicano podrían ser violatorias del T-MEC.

La respuesta de México vino por parte de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, quien ayer mismo en su cuenta de Twitter dijo que el gobierno implementa un adecuado balance energético y que los compromisos del T-MEC deben respetar las leyes de cada país:

"La relación con EU dentro del T-MEC en materia de energía es de respeto a las normas constitucionales de cada país, así quedó especificado en el tratado".

En efecto, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que entró en vigor el 1 de julio de 2020, garantiza la independencia y soberanía de nuestro país en materia energética.

Más aún, la garantiza mediante el reconocimiento de su propiedad directa, inalienable e imprescriptible sobre el petróleo y los demás hidrocarburos disponibles en territorio nacional.

Sin embargo, no exime de los compromisos asumidos por México con los prestadores de servicios, exportadores, importadores e inversionistas que participan en el sector energético.

No hay duda de que se debe apoyar el fortalecimiento de Pemex y CFE, pero no a costa de que se violente la certeza jurídica de los proyectos energéticos del sector privado ni la autonomía de los órganos reguladores.

Y aunque la administración Trump ya va de salida, México no debe desestimar las preocupaciones de EU, menos cuando está por iniciar un gobierno abiertamente comprometido con la generación de energías limpias y renovables.

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