En México urge mejorar la percepción sobre el clima de negocios y responder a las preocupaciones del sector empresarial, nacional y extranjero, por el deterioro del marco institucional.
Son condiciones necesarias para recuperar la inversión, el crecimiento y el empleo, en la medida en que la economía vaya reactivándose y la pandemia controlándose con el inicio de la campaña de vacunación contra Covid-19.
De acuerdo con la más reciente encuesta que levanta mensualmente el Banco de México entre especialistas del sector privado, el porcentaje de los analistas que consideran que este es un buen momento para realizar inversiones en el país pasó de 12 por ciento en enero a solo 9 por ciento en febrero.
La opinión preponderante es el 67 por ciento de los que piensan que, más bien, es mala la coyuntura actual para realizar inversiones.
Se percibe un ambiente poco favorable para la inversión, en buena medida por una serie de factores que han afectado la confianza empresarial.
En la Reunión Plenaria de Consejeros Consultivos de Citibanamex, que se llevó a cabo el jueves y ayer, Valentín Diez Morodo, presidente del consejo de administración de ese grupo financiero, lamentó la coincidencia de la pandemia "con un cambio en el régimen de gobierno cuyas decisiones están creando una enorme incertidumbre en el desarrollo de la economía nacional".
"Pero mucho más grave", abundó el empresario, es que nos enfrentamos "a un cambio en la estrategia de desarrollo que parece no tener un rumbo definido y este sería el centro del problema en la actualidad".
Algunas de las acciones tomadas en este gobierno que han afectado la confianza de los inversionistas son la cancelación del aeropuerto en Texcoco, los litigios de la CFE sobre los gasoductos, la cancelación de la construcción de una planta cervecera en Baja California que tenía ya un avance de 80 por ciento y la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, recientemente aprobada por ambas cámaras del Congreso.
El problema en todos los casos es el cambio en las 'reglas del juego' una vez realizadas las inversiones por privados, lo que no solo se convierte en un factor de incertidumbre, sino que plantea un reto en materia de certeza jurídica.
Ayer el Inegi informó que en diciembre pasado la inversión fija bruta o IFB registró una caída mensual de 2.1 por ciento con cifras desestacionalizadas, con lo que interrumpió su recuperación parcial después de dos meses de avances.
La caída provocó un retroceso de la inversión productiva de 11 años, al ubicarse al cierre de 2020 en un nivel similar al de noviembre de 2009.
Si bien es notorio el impacto económico de la pandemia, la inversión también se ha visto afectada desde principios de 2019 por la incertidumbre local.
En diciembre de 2020, la IFB cayó 12.9 por ciento anual y ligó 23 meses en contracción, pues su caída ya era constante y acelerada desde antes de la llegada a México del Covid-19.
En el acumulado del año, la inversión se desplomó 18.2 por ciento respecto a 2019 con cifras originales, que representa su mayor caída anual desde la crisis de 1995.
Muchos factores están detrás de la dificultad para recuperar la inversión, reto tan cuesta arriba como complicado.
En momentos en que la economía mexicana enfrenta obstáculos en su recuperación y el control de la pandemia es aún insuficiente, es necesario propiciar un ambiente de confianza y certidumbre para la inversión privada.
Los cambios constantes y unilaterales de reglas en cualquier actividad minan la confianza empresarial y hacen menos atractivo al país.
Ninguna medida de política pública podrá tener los beneficios y rendimientos esperados por el gobierno, así sea el objetivo superior de lograr la 'transformación de México', si no hay confianza para invertir.