Impuestos y el gasto público en publicidad
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Impuestos y el gasto público en publicidad

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Impuestos y el gasto público en publicidad

27/01/2014

 
 
 
 
César Velázquez Guadarrama
 
 
La miscelánea fiscal (que no reforma) tuvo como uno de sus argumentos que el gobierno federal recauda poco para poder atender las enormes necesidades de la población. Sin embargo, esta premisa descansa en que el gasto público de manera automática resuelve los problemas de la gente, lo cual a todas luces no es cierto.
 

El gasto del sector público en México ha aumentado en los últimos años sin que este incremento se haya reflejado de manera clara en las tasas de crecimiento económico o del empleo. A nivel internacional, Brasil recauda mucho más que México sin que se pueda decir que está mejor en términos de desigualdad o pobreza. Asimismo, a veces se olvida que el gasto gubernamental tiene un costo de oportunidad, que es el gasto que dejan de ejercer los agentes privados -ciudadanos y empresas- ante el aumento de los impuestos. La razón de lo anterior es muy simple: se gasta mal.
 

En este sentido, y como lo he escrito en otras ocasiones, es necesario hacer más eficaz y eficiente el uso de los recursos públicos. Tenemos que deshacernos de aquellos programas y gastos que no tienen un impacto claro en el bienestar de la población y que en muchas ocasiones sólo tienen un fin electoral. Un buen comienzo sería eliminar totalmente la publicidad gubernamental “persuasiva” permitiendo sólo la “informativa”. La publicidad informativa es aquella que describe la existencia de un producto y sus características mientras que la persuasiva es aquella que busca cambiar las preferencias y gustos de los receptores. En el caso del gobierno, un ejemplo de publicidad informativa es aquella que anuncia una campaña de vacunación o la llegada de una tormenta. Un ejemplo de publicidad persuasiva es la que observamos de gobernadores con motivo de su informe de labores o la de Pemex y la CFE.
 
La publicidad persuasiva se debe de eliminar pues no otorga ningún beneficio a los ciudadanos y sí pretende hacernos creer que el gobierno lo hace todo bien. De hecho en muchos países del mundo está prohibida. ¿En qué mejora el bienestar de las personas los anuncios de Pemex o de la CFE? ¿En cuántos puntos porcentuales baja los niveles de pobreza el escuchar la publicidad de la Cruzada Nacional Contra el Hambre?
 
Pero por desgracia, no sólo es el poder ejecutivo, en sus diferentes niveles, quien gasta en publicidad. El poder judicial, la Cámara de Diputados y la de Senadores y los institutos electorales son organizaciones que también hacen uso de publicidad persuasiva. Otra vez, ¿la impartición de justicia mejora cada vez que escuchamos o vemos un anuncio del poder judicial? ¿Cuántos de ustedes han escuchado que la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos se anuncie en el radio?
 

Es poco ético e ineficiente gastar en publicidad persuasiva cuando hay gente en situación de pobreza, baches que tapar y agua potable que brindar. Además, no sólo es el dinero que se gasta sino también tenemos el costo implícito del uso de los tiempos oficiales. Es una mentira que el uso de éstos sea nulo. Si no existieran los tiempos oficiales, las empresas de comunicación podrían vender ese espacio lo que aumentaría sus ingresos y por ende los impuestos que pagarían.
 
Además, reducir de manera clara la publicidad gubernamental -la que se paga y la de los tiempos oficiales- produciría externalidades positivas en otras áreas. Por ejemplo, los medios de comunicación se sentirían menos atados al gobierno y por ende tendríamos una prensa más crítica, sobretodo en el ámbito local donde tanta falta hace. De igual forma, la oferta de espacio disponible para la publicidad privada aumentaría, lo que probablemente bajaría los precios de la misma y permitiría a empresas pequeñas la contratación de publicidad fomentando así la competencia.
 
Las buenas acciones y programas sociales dan resultados, no necesitan publicidad.
 
 

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.