Largo ha sido el camino de los mexicanos en la construcción de la democracia que hemos anhelado desde el movimiento revolucionario de 1910 y que quedó plasmado en nuestra Constitución de 1917. En el artículo tercero nos impusimos que no solo queríamos una democracia que fuera un sistema de gobierno, sino también uno de vida.
Por ello siempre estuvimos adelante de la visión formal o shumpeteriana de la concepción de la democracia para ubicarnos en la vanguardia de construir una democracia de forma armoniosa que fuera más allá de las elecciones, que nuestra democracia estuviera en permanente ascenso en el nivel de vida y de los derechos de todos los mexicanos.
La crisis del modelo de desarrollo estabilizador y una mayor exigencia de participación por la sociedad, particularmente la clase media, trajeron una pérdida de legitimidad del régimen priista y éste se vio en la necesidad de crear una apertura política para “oxigenar” el sistema político.
Con la primera reforma política de 1977 se abrió un gran horizonte en el sistema político para incluir a todos y hacer del sistema electoral uno más representativo para las minorías, y más adelante, la arquitectura de un órgano autónomo para la organización de las elecciones confiable a todos los actores políticos (IFE, ahora INE), generando la liberalización política como método de apertura en un permanente espacio de reformas hasta culminar con la alternancia política del año 2000 en la presidencia de la República.
El pluripartidismo, imperante en el Congreso desde 1997, y los llamados “gobiernos divididos”, donde el presidente y su partido político no tuvieron mayoría en el Congreso, obligaron a la negociación política permanente, pero esta manera de hacer política nunca puso en riesgo la estabilidad ni la gobernabilidad en el país.
Sin embargo, los cambios acontecidos en las alternancias políticas, entre otros, generaron distorsiones en el sistema político, que junto a la última crisis financiera y económica de 2008 y acciones de corrupción e impunidad de la clase política y la cartelizacion de los partidos políticos, así como la inseguridad y la violencia generada por las bandas criminales, crearon las condiciones para que un populista del sistema accediera al poder con el voto popular.
Como dice Yascha Mounk ‚”el ascenso de ‘hombres fuertes’ iliberales puede muchas veces ser el preludio de un régimen autocrático: una vez silenciados los medios y abolidas las instituciones independientes es fácil que los gobernantes iliberales efectúen la transición desde el populismo hasta la dictadura” (El pueblo contra la democracia, Paidós, Colombia 2018).
Las medidas tomadas en política pública en estos últimos cuatro años han mostrado sólo una ineficiencia gubernamental. Ni se ha combatido la impunidad, ni se ha terminado la violencia e inseguridad, ni la pobreza y desigualdad han disminuido, ni la economía ha crecido, al contrario, entre lo más apremiante, y lo que sí a diario se ve, sobre todo, es una verdadera amenaza a la democracia que los mexicanos nos habíamos dado y propuesto hasta hoy. Hemos entrado por un camino no solo de confrontación política, sino de verdadera preocupación por el futuro de la democracia que, justo hay que decirlo, hace aún poco tiempo nos planteábamos elevarla de calidad y, en cambio, hoy hay que salvarla.
La búsqueda de hacer una reforma política (el llamado plan B) por parte del Presidente busca controlar el proceso electoral por la vía autoritaria, bajo pretexto de ahorro monetario, cuando no hay dinero que pueda comprar la libertad. Eel presidente quiere mantener el poder y ahora quiere enmascarar esa búsqueda socavando los órganos autónomos en la materia electoral, y sumar un factor más a las otras amenazas que en cuatro años hemos observado: violaciones a la Constitución y a la ley, ataques directos a los órganos autónomos del Estado, descalificaciones permanentes a la oposición política, “consultas” a mano alzada ante ridículas minorías en mítines controlados por el gobierno federal, ataque a los medios de comunicación y a otros poderes del Estado, etcétera.
Sí, nuestra democracia está en riesgo y es nuestra obligación defenderla, ya no cabe ni la duda ni la esperanza de que el actual gobierno rectifique, así es que más vale que con las armas de la democracia la defendamos y vayamos elaborando la estrategia para ello. No es tiempo de ingenuidades ni de pérdida de tiempo, la ausencia de una verdadera oposición partidaria y el cúmulo de acciones en contra de la ley y sobre todo, la ausencia de resultados del actual gobierno, obliga a alertar sobre una ruta de cómo se puede estar aún peor de como estábamos antes y a una participación decidida de la sociedad.