Es sabido que las cosas públicas deben hacerse en público. La llamada transparencia es a la vez derecho a saber de los ciudadanos y obligación de informar de las autoridades, lo que conlleva un acto de rendición de cuentas del gobierno, y un mecanismo de control individualizado que cada persona puede activar cuando quiera sobre el desempeño del poder.
La información pública expresa en su mismo nombre la propiedad del saber estatal. Lo que hace, tiene, planea, gasta o ejecuta el gobierno debe ser conocido por todos: leyes, acuerdos, reglamentos, acciones, sanciones, obras, fideicomisos, actos políticos y un largo etcétera son información pública.
Por ello celebramos la reforma al artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pues con ello, los sujetos obligados de los poderes judiciales federal y de las entidades federativas deberán poner a disposición del público y actualizar las "versiones públicas de todas las sentencias emitidas".
Antes, las leyes de transparencia obligaban poner a disposición de la ciudadanía sólo aquellas sentencias consideradas de 'interés público', por lo que dada la ambigüedad de este concepto, los poderes judiciales podían escudarse para mantener la opacidad en su labor.
Según la iniciativa y un informe de 'EQUIS Justicia para las Mujeres', el concepto de interés público generó que cada tribunal interpretara de manera diferenciada y restrictiva su significado. Por ejemplo, los poderes judiciales de Zacatecas y Campeche, en respuesta a solicitudes de acceso a la información, declararon no haber publicado una sola sentencia durante dos años, pues no habían 'detectado' nada que resulte de interés para la sociedad. Así de grave, así de absurdo.
No hay norma más trascendente que una sentencia, pues impacta de manera directa en la vida de las personas: desde un divorcio, un despido injustificado, un cobro o una pena de cárcel; la argumentación del juez, sus razones, las leyes en las que se fundamenta, cómo interpreta y el alcance que da a lo sucedido resultan vitales para el conocimiento la sociedad.
En la mayoría de las ocasiones ni siquiera las partes comprenden el lenguaje barroco y rebuscado con que suelen escribir algunos jurisconsultos. Hacer que todas las sentencias se publiquen generará cultura, dará ejemplo y abonará a su carácter pedagógico; claro que tendrá dificultades técnicas y los secretarios que las redacten tendrán que ir trabajando a la vez en versiones públicas y testadas, pues los datos confidenciales que contienen no pueden hacerse del conocimiento de los demás.
La exposición de motivos de la iniciativa señala que la opacidad que opera en el Poder Judicial es un asunto que debe ser considerado de gravedad. Si la sociedad no tiene acceso a las sentencias, no puede evaluar la forma en la que se imparte justicia, será imposible evitar que se emitan sentencias discriminatorias o detectar actos de corrupción, pues la labor de los juzgados se encuentra al margen del escrutinio ciudadano.
Los poderes judiciales federal y de las entidades federativas, contarán con un plazo de 180 días para iniciar la publicación del texto íntegro de las sentencias emitidas.
Según el Proyecto de Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos publicado en 2015, el Poder Judicial ha sido históricamente uno de los poderes públicos menos sometidos al escrutinio público. La justicia es considerada como el poder más conservador, formalizado y jerárquico del sistema democrático.
Dicho documento señala que las iniciativas de justicia abierta ponen el foco en algunos ejes básicos: transparencia, participación, colaboración y apertura de datos. Un Poder Judicial que responda a estos principios logrará aumentar su legitimidad, incrementar la participación de la sociedad civil en sus procesos, mejorar su rendición de cuentas, brindar servicios de mayor calidad y fortalecer su independencia respecto del poder político.
Se trata de una gran noticia y activará una competencia sana entre los tribunales para usar de manera más clara el lenguaje, permitirá el escrutinio público al desempeño jurisdiccional y obligará a los jueces a hacer mejor su trabajo en beneficio de los derechos de todos.