El presidente López Obrador volvió a arremeter contra el Instituto Nacional de Transparencia (INAI). Esquivo u obstinado con lo suyo, pero fulminante con los órganos que le hacen contrapeso, repite la cantaleta de su honestidad con la improvisación de la ocurrencia según sea el caso: dijo que lo resuelto por el INAI sobre Odebrecht se dio porque fue electo, ya que antes los encargados de la transparencia encubrían esta trama de corrupción. Lo dicho por el presidente resulta falso si atendemos a los hechos y resoluciones de lo sucedido:
En enero de 2017 la Secretaría de la Función Pública (SFP) anunció que recopilaría la información del caso en coordinación con Pemex. En febrero, fiscalías de 11 países firmaron un acuerdo para investigar a Odebrecht por corrupción. En el mismo mes, Raúl Cervantes, entonces titular de la PGR, fue a Brasil para intercambiar información sobre las operaciones corruptas de la constructora en México. Odebrecht admitió en marzo ante una corte federal en Nueva York, haber sobornado a funcionarios mexicanos por 10.5 millones de dólares entre 2010 y 2014.
Entre julio y septiembre de 2017 el INAI resolvió seis recursos de revisión en contra de las respuestas emitidas por la PGR, en las que le pedían información relacionada con la investigación del caso. Confirmó la reserva de información por tener relación con hechos señalados como delitos.
En agosto, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) recibió una denuncia contra Emilio Lozoya, acusado de financiamiento ilícito a las campañas electorales de 2012. El PRD pidió al fiscal aclarar cómo fue que recursos de la constructora brasileña llegaron a la campaña presidencial de Peña Nieto. El fiscal electoral denunció en octubre que Emilio Lozoya se comunicó con él, presionándolo, para que declarara públicamente su inocencia. Dos días más tarde fue removido del cargo. En esos días, Carlos Fadigas, exdirector de Braskem, dijo que "acompañaron" tiempo completo la campaña de Peña Nieto en 2012.
En noviembre la PGR quedó impedida, por una suspensión definitiva concedida por un juez de amparo a Emilio Lozoya, para determinar y consignar la carpeta de investigación hasta que el quejoso y su equipo de defensa tuvieran acceso a la misma.
En enero de 2018, el INAI conoció otro recurso de revisión contra la respuesta de la PGR a la solicitud de información, en la que se preguntó la cantidad de personas llamadas a declarar por el caso Odebrecht como parte de las investigaciones y el número de fojas que integraba la carpeta de investigación, petición a la que la PGR, de nuevo, negó la información. El Pleno del INAI, tomando en cuenta la revelación de las investigaciones periodísticas sobre los sobornos de Odebrecht, el inicio de una investigación por presuntos delitos electorales, la revelación del entonces titular de la FEPADE de haber sido presionado para declarar la inocencia del implicado en el caso, su posterior remoción y el poco avance de la carpeta de investigación, consideró que tal información revestía interés público porque su conocimiento resulta relevante para que la ciudadanía valore lo que se ha hecho.
Desde ese momento, el INAI ha considerado que en el caso prima el derecho fundamental de acceso a la información por la necesidad colectiva de evaluar el desempeño de las autoridades en la investigación de soborno y corrupción internacional. En la misma línea, en octubre del 18, revocó una nueva respuesta de la PGR que reservaba la carpeta de investigación y ordenó la entrega de una versión pública de la misma. En esa resolución se justificaron los elementos para que las conductas sean sancionadas, no se repitan casos similares en la concesión de contratos y prevalezca el derecho a la información. En diciembre, el INAI ordenó a la PGR entregar los nombres de funcionarios o exfuncionarios públicos citados a declarar.
La Fiscalía General de la República, para reservar la información, promovió un amparo contra las resoluciones del INAI. Ya se concedió la suspensión en parte y quedan otras por resolver. Lo más extraño de todo es que AMLO ataque al INAI cuando claramente resolvió conforme a derecho y atendiendo las circunstancias de tiempo, modo y lugar del caso. ¿De verdad no quiere que se sepa? ¿No está en la misma línea que el INAI? ¿Por qué debilitarlo? ¿Por qué criticarlo? No entiendo.