La intentona autócrata para controlar el Presupuesto
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La intentona autócrata para controlar el Presupuesto

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La intentona autócrata para controlar el Presupuesto

04/05/2020
Actualización 04/05/2020 - 13:48

En la Constitución descansa la voluntad popular (convertida en reglas) que diseña al Estado: los derechos fundamentales que no puede vulnerar la autoridad, y la división de poderes que establece límites y directrices del aparato público. Que el poder se divida y se limite garantiza la funcionalidad de la democracia. Un órgano hace las leyes y el presupuesto, otro ejecuta las normas y ejerce el gasto, mientras que otro más dirime controversias. Andrés Manuel López Obrador quiere hacer todo, usando la pandemia como justificante y el Presupuesto como medio.

Inoperante en la gestión, disperso ante el futuro, candidato en el gobierno y confrontado con empresarios, adversarios, contingentes y la prensa, su modus operandi es el control y la obediencia. La aplastante mayoría de la que goza en el Congreso nos coloca en el grave peligro de soltarle la chequera nacional a sus ocurrencias.

El Parlamento nació (Inglaterra, 1215) para controlar el Presupuesto, y si bien tiene otras importantísimas funciones como la legislativa y el control político, lo cierto es que aprobar los ingresos y egresos del país desarrolla lo social y asigna funciones y métricas de responsabilidad a cada órgano público.

El 23 de abril el presidente de la República presentó una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para proponer que en caso de “emergencias económicas”, la Secretaría de Hacienda tenga facultades para reorientar recursos previamente asignados en el Presupuesto y destinarlos a mantener la ejecución de proyectos y acciones prioritarias de la administración pública. El problema que surge es quién determina qué acciones son prioritarias para el gobierno. La respuesta es sencilla: el jefe de dicha administración, el propio presidente.

La Constitución establece que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar el Presupuesto. Proceso complejo y compuesto: El Ejecutivo propone a la Cámara la estructura programática del gasto, los Criterios Generales de Política Económica, la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos. La Cámara lo aprueba con las modificaciones que considere.

En el marco de un sistema de pesos y contrapesos con la Cámara de Diputados, hay diversos mecanismos que puede utilizar el Ejecutivo para modificar el Presupuesto aprobado y que respetan la supremacía del Congreso en asuntos presupuestales. En cambio la iniciativa presidencial propone la posibilidad unilateral de la SHCP de declarar un extraño “estado de emergencia económica”, situación no prevista y contraria a la Constitución.

La Constitución prevé solo tres situaciones extraordinarias: 1. La declaratoria de estado de emergencia; 2. la facultad extraordinaria del Ejecutivo para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de importación y exportación; y 3. la facultad de la Secretaría de Salud y el Consejo de Salubridad General de emitir medidas preventivas indispensables en caso de epidemias de carácter grave. Los tres casos requieren la intervención activa de la Cámara de Diputados a través de su aprobación o de la creación de leyes.

La iniciativa inconstitucional de AMLO, a diferencia del “estado de emergencia”, no establece una temporalidad específica para su aplicación; no prevé que el Congreso pueda revocarla ni incluye la facultad de la Suprema Corte de Justicia de revisar de oficio y de inmediato sus decretos.

Al ser una figura de carácter extraordinario y excepcional que pudiera vulnerar derechos de los ciudadanos, requiere la intervención de los tres poderes de la Unión.

Establecer un estado de excepción, como el de “emergencia económica” que pretende el presidente, no puede hacerse con una ley secundaria, viola la división de poderes y rebasa los límites constitucionales de la administración pública.

El viernes la Comisión Permanente del Congreso de la Unión determinó, por razones sanitarias, no ampliar el periodo de sesiones extraordinarias por dos semanas. La iniciativa presidencial se regresó a comisiones para análisis y estudio. Transcurridas las dos semanas, se pondrá nuevamente a disposición para discusión y aprobación. El presidente insiste al margen de la división de poderes. Tendría discrecionalidad plena antes de las elecciones, como Chávez, Castro o Maduro. Huele mal, preocupa mucho y ningún otro jefe de Estado en el mundo está proponiendo una barbaridad semejante.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.