La Constitución, 101 años después
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La Constitución, 101 años después

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La Constitución, 101 años después

19/02/2018
Actualización 19/02/2018 - 14:05

Obesa, lenta, enredada. Así está la Constitución. Con aciertos y virtudes, pero parchada, enmendada, sin definición ideológica por la acumulación de variadas corrientes en su curso y contradicciones que dificultan la implementación de sus postulados.

La Constitución es la forma jurídica de la democracia: si la democracia mexicana no cuaja, los principios constitucionales no se cumplen y la brecha entre el ciudadano y lo que debe ser el país se convierte en abismo ¿Por qué celebramos? Hay progresión institucional y normativa real, mejor y mayor catálogo de derechos y más límites y definición para los entes públicos, además de guardianes orgánicos que cumplen con su defensa. Ambivalencia histórica, no todo es blanco o negro.

Tras el puente de febrero en el que pocos recordaron la efeméride del constituyente de Querétaro, fui invitado a platicar con el ágil Javier Solórzano en el Canal del Congreso, junto con el senador Enrique Burgos y la magistrada Paula María García Villegas sobre el estatus de la Constitución. Fueron sólo pinceladas lo que tres constitucionalistas alcanzamos a decir en una hora.

El senador Burgos es un hombre de instituciones y orgulloso de la historia constitucional del siglo pasado. La joven magistrada señaló con acierto las joyas constitucionales que delinean nuestros derechos, desde la vida y la convencionalidad constitucionalizada del artículo 1º, hasta el derecho al deporte.

Sumé también algunas de mis preocupaciones:

El federalismo, por ejemplo, opera de forma distinta dependiendo de la materia: no es lo mismo la coordinación fiscal, las normas penales, la relación de los órganos electorales o la implantación de los programas de salud, de tal suerte que así como definirnos federales por decreto pareciera un eufemismo (sobre ello viene un libro prometedor de Raúl Mejía y Laura Rojas en el FCE).

Expresé, y coincidieron mis compañeros de panel, que muchas de las reformas recientes obedecen a coyunturas políticas en aras de gobernabilidad, como la estructura orgánica de la autoridad electoral, en la que se quebró la autodeterminación federalista y se subsumió a los institutos electorales a la jerarquía del INE y, peor, se separó a los tribunales electorales de los estados de sus respectivos poderes judiciales, creando híbridos orgánicos alejados de su naturaleza para evitar la influencia perversa de los gobernadores en su nombramiento y operación. ¿El resultado? Ahora los gobernadores cabildean en el INE los nombramientos de los consejeros estatales y en el Senado el de los magistrados locales, que por cierto batallan cada año para conseguir presupuesto.

Pescadilla que se muerde la cola: la Constitución regla y limita la actividad de los políticos, pero son éstos quienes cambian sus reglas. Jugadores regulando al árbitro.

El principio básico de división de poderes se ha extendido y flexibilizado. Tenemos una mexicanización de los llamados órganos constitucionales autónomos: INE, INAI, Inegi, Banco de México, CNDH y un complejo y vasto sistema anticorrupción. En otros países los poderes tradicionales bastan. Aquí no, la desconfianza es generalizada y con normas enredadas e instituciones monstruosas se pretende combatir problemas culturales arraigados.

Si me dieran una varita mágica y pudiera escoger, parlamentarizaría más al Parlamento. Deben pesar más nuestros contrapesos. En la elección que viene tendremos un resultado a tercios. Quién gane la presidencia tendrá el respaldo de 30 por ciento de los votantes (equivale a 70 por ciento de falta de legitimidad). El presidente y sus secretarios tendrían que ir más al Congreso, rendir cuentas, responder preguntas, explicar y negociar políticas públicas. El centro de la representación y la legitimidad estará en las cámaras. Si no hay herramientas frente al jefe de Estado, difícilmente podremos combatir márgenes de discrecionalidad, abusos de reparto presupuestal y asimetría del federalismo por acomodos políticos.

La Constitución es la carta de navegación del Estado, su acta de nacimiento. En ella consta nuestra titularidad soberana (por eso es la norma suprema), nuestros derechos y el límite al poder público a partir de la vigencia o restablecimiento de los mismos. ¿Usted sabía eso? ¿Ha leído la Constitución? ¿Se la ha explicado a sus hijos? Educación constitucional es la respuesta a la falta de cultura democrática, cívica y responsabilidad social. Más que celebrarla con discursos y asuetos, deberíamos honrarla difundiendo su valor e importancia.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.