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Independencia

10/12/2018
Actualización 10/12/2018 - 12:37

La mayor preocupación que genera Andrés Manuel López Obrador en los que no son sus partidarios, es la posibilidad de un régimen autoritario. Su carisma, el arrastre de multitudes, la ideología de gobierno que lo anima y la devoción de su equipo transformada en férrea disciplina, pueden ser una peligrosa combinación: el poder ofusca necesariamente, de ahí el valor de su contrapeso; la mayoría de Morena lo acercan a la posibilidad de reformar la Constitución; su visión del Estado no es muy ortodoxa; las fronteras de la división de poderes no parecen ni tan sólidas ni tan definidas en sus discursos y declaraciones, y algunos de sus paradigmas de política pública envuelven a otros poderes y órganos autónomos en las dinámicas del Ejecutivo, lo que no le corresponde.

Alberto Pérez Dayán, ministro de la Suprema Corte, admitió la acción de inconstitucionalidad que interpuso la oposición contra la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos. (Para no abogados: figura parecida al amparo que permite, entre otros, a las minorías parlamentarias denunciar nuevas normas por considerarlas contrarias a la Constitución y su resolución tiene efectos generales; en realidad son un mecanismo de control constitucional al poder de la mayoría).

En lo procesal, una vez que se admite la demanda, e igual que en el juicio de amparo, se decide de inmediato si se concede la suspensión del acto reclamado; es decir, que en lo que se resuelve el fondo del asunto, cesan los efectos de la ley reclamada; en este caso, la prohibición de ganar más que los 108 mil pesos que el presidente López Obrador percibirá como salario.

Claro que la austeridad no es mala, pero destinarla a la percepción de todos los servidores públicos es torpe y complicado. Por ejemplo, un experto en energía nuclear que resuelve contingencias en Laguna Verde debe ganar mucho más que eso. ¿Le parece mal? ¿Le parece mucho? ¿Pondría usted a un técnico de medio pelo en esa responsabilidad? Ejemplos como ese hay muchos, pero lo referente al Poder Judicial y a los órganos autónomos es mucho más delicado. El equipo del presidente puede ganar menos que él con algunas salvedades técnicas, está bien. Pero el Ejecutivo no puede meterse en el gobierno interno del resto de los poderes, porque estos son su equilibrio, su contrapeso, sus pares.

La suspensión otorgada en la acción de inconstitucionalidad desató críticas del lopezobradorismo. El propio presidente dijo que no es honesto que los ministros de la Corte ganen lo que ganan y que deberían de quitar el cuadro de Benito Juárez de su salón de sesiones. Vaya falta de respeto. ¿Imaginan un comentario parecido en sentido contrario? Los líderes de las bancadas en el Congreso dijeron que de cualquier manera se aplicará la ley, lo que los acerca al desacato y a una crisis constitucional.

Es difícil descubrir el hilo negro. Los ingleses llevan más de 300 años madurando y perfeccionando la independencia judicial. De hecho Montesquieu, al volver de un viaje a Inglaterra, fue que sentó las bases de la independencia de los jueces como parte toral de la división de poderes.

No puede haber un estado fuerte ni libre sin el funcionamiento de la autonomía de cada poder, lo que consiste en la no intromisión, valga la redundancia, de otro de los poderes. Además la reducción de salarios del Poder Judicial es inconstitucional, y no es que se trate de una nueva era, como dice AMLO, sino que todas las acciones públicas, empezando por las suyas, tienen que ajustarse a la Constitución. Para eso existe la Corte, para dirimir controversias entre los poderes haciendo valer la Constitución, que es la norma en la que se reconocen nuestros derechos y las reglas del juego del Estado.

La primera semana de su gobierno enfrentó la dignidad funcional e institucional del Poder Judicial y del INAI. La suspensión de los efectos de la ley de remuneraciones; la validez de la elección de Martha Erika Alonso como gobernadora de Puebla contra todo el embate de Morena para anular la elección, y la técnica y fina contestación del presidente del INAI, Francisco Acuña, en alusión a los dichos del presidente respecto a la supuesta inoperatividad del órgano de transparencia porque continúa la corrupción, son bocanadas de aire fresco que merecen recordar a Montesquieu, a quien tanto veneraban nuestros liberales del siglo XIX tan mencionados por el presidente:

“No hay libertad, si la potestad de juzgar no está separada de la potestad legislativa y de la ejecutiva. Si estuviese unido a la potestad legislativa, el poder sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario; debido a que el juez sería el legislador. Si se uniera a la potestad ejecutiva, el juez podría tener la fuerza de un opresor”.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.