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Incompetencia

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Incompetencia

29/10/2018

Las autoridades sólo están facultadas para realizar acciones específicas en un ámbito determinado por el espacio, el tiempo y las normas. Cuando pedimos a una autoridad algo que no le compete, valga la obviedad, es incompetente (en el caso de los jueces, se trataría de una jurisdicción ajena). Usted no podrá pedir nada a un gobernante del pasado porque ya no tiene esa calidad y, por tanto, es incompetente. Tampoco puede pedir a un juez de Baja California que eche a un inquilino que no paga la renta en Yucatán, porque su jurisdicción está en otro territorio. En el mismo sentido, pedirle a una autoridad de Hacienda que conozca de un delito resulta inoperante porque la competencia de sus facultades es apta para cuestiones fiscales, no penales.

Pues bien, ahora resulta que estamos invadidos por incompetentes. El triunfo aplastante de Andrés Manuel López Obrador lo ha situado en un tiempo previo a sus potestades en el que ya dispone y decide; y lo que es peor, la mayoría cameral de sus parlamentarios es pretexto para actuar fuera de su competencia.

Por ejemplo, el Senado de la República se está entrometiendo en la calificación jurisdiccional de la elección de gobernador en Puebla. Pretenden imponer un control por medio del amedrentamiento que no sólo escapa a sus posibilidades jurídicas (principio constitucional de legalidad), sino que además rompe con la inercia de nuestra historia reciente, en la que se ha venido avanzando para despolitizar las funciones electorales.

Recordemos que las elecciones se organizaban desde la Secretaría de Gobernación y se calificaban por la Cámara de Diputados. Por tantas sospechas respecto de elecciones fraudulentas y abusivas por parte del gobierno en el poder y su partido hegemónico, hemos transitado a la construcción de instituciones que organizan las elecciones (INE y 32 institutos electorales de los estados; Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los correlativos tribunales electorales de las entidades federativas).

Anteriormente el candidato a presidente de la República arrasaba, su partido tenía mayoría absoluta en las cámaras, y el primer acto de la de diputados era calificar ¡su propia elección! Y enseguida la del titular del Ejecutivo. ¿Qué cree usted que pasaba? Efectivamente, por aclamación se decidía que habían sido validas ambas elecciones y tan, tan.

Ha habido una evolución muy importante. En los estados es el instituto electoral el que organiza las elecciones, el tribunal electoral el que las califica, y en el caso de gobernadores, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la que tiene la última palabra.

Es verdad que la elección de Puebla no tiene los mismos márgenes de victoria que en el caso de la elección presidencial, y que el candidato perdedor ha sido muy aguerrido (más que certero) en sus declaraciones. El instituto hizo su trabajo, el tribunal local resolvió la impugnación correspondiente, en el ínter hubo un recuento total de los votos que llevó a cabo el TEPJF y, ahora, la propia Sala Superior del tribunal federal está conociendo para resolver respecto de la validez de la elección y los agravios que hizo valer de nuevo el candidato que obtuvo el segundo lugar.

Todo esto es relativamente normal en una cadena impugnativa de nuestros procesos democráticos. Salvo el pequeño detalle de la Cámara de Senadores, que requirió, a manera de invitación, a los miembros del Instituto Electoral y el Tribunal Electoral de Puebla para que se presenten ante una subcomisión (incompetente) para que sean interpelados respecto del propio proceso que sigue en marcha (pues culmina hasta que la Sala Superior del Tribunal Electoral falle el juicio del que está conociendo).

Lo que está haciendo el Senado de la República es presión política vil. Las razones para contar con órganos electorales independientes se debieron, en muy buena manera, a la neutralidad de la que se carecía cuando las mayorías parlamentarias decidían y en el amedrentamiento sistemático de la oligarquía a jueces y administradores.

El Senado es incompetente para lo que está haciendo. Los consejeros y magistrados son incompetentes para rendir explicaciones al Senado.

El Senado también se aventó el puntacho de llamar a los diputados del Congreso local; quienes no conocen (oficialmente) del tema y su competencia termina en las fronteras de su estado.

Algo así como lo que sucede con la consulta del aeropuerto: no es su tiempo, lo organiza quien no tiene facultades y sus efectos no están previstos por la ley.

País de incompetentes.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.