No hay tema que importe más al presidente López Obrador que el abandono de un país corrupto. El eje de su cuarta transformación tiene ese estandarte y si bien pueden encontrarse contradicciones entre sus dichos y acciones que caen en errores (atacar a la prensa, ayudar a los pobres perjudicando a los empresarios, o no ver inconsistencias en su gobierno), lo cierto es que en la materia anticorrupción cuenta con gran elenco, normas ad hoc, instituciones estructuradas, presupuesto creciente y todo el ánimo y voluntad presidencial.
Al cumplir un año de su nombramiento, la fiscal especial en combate a la corrupción, María de la Luz Mijangos, presentó su informe anual de actividades y resultados ante el Senado de la República. De dicho informe, destacamos los planes y objetivos inmediatos de la Fiscalía Anticorrupción, que necesariamente suponen medidas que deben prever los empresarios, pues cualquiera puede enfrentar una razia.
La Fiscalía generará una estrategia para investigar y combatir la "gran corrupción" cometida por las empresas. Creará incentivos, guías y criterios para el "debido control interno" de las empresas mediante mejoras a su gobierno corporativo y el desarrollo de programas de integridad y cumplimiento. Si su empresa no cuenta con un programa anticorrupción, incrementa su riesgo de sanción.
La Fiscalía establecerá diferentes áreas de especialización: Contrataciones Públicas; Programas Sociales; Sector Salud; Seguridad Nacional y Corrupción Corporativa, entre otras. Cada área se integrará con equipos de investigación y litigio: analistas, peritos, oficiales ministeriales y policía de investigación bajo la conducción del MP.
Propondrán modificaciones al marco legal para dotarle de mayores atribuciones, lo que con la mayoría parlamentaria de Morena y el prestigio y peso de la doctora Mijangos, tanto en el tema como en el gobierno y ánimo lopezobradorista, habría que considerar como un hecho:
En el Código Penal Federal quieren permitir a la Fiscalía conocer temas de lavado de dinero en los casos de corrupción y el seguimiento de capitales a través del sistema financiero.
Buscan atribuir a las personas jurídicas delitos de peculado y percepción ilícita; elevar las sanciones por todos los delitos de corrupción (sin derecho a fianza) e incluir la sanción a particulares por contratación ilícita.
Para el Código Nacional de Procedimientos Penales aspiran mejorar la regulación de las medidas cautelares para asegurar bienes relacionados con corrupción; regular el uso de aparatos electrónicos para obtener pruebas; incluir medidas cautelares más eficaces para que la Fiscalía pueda ampliar las formas de asegurar bienes; y precisar conceptos y significados de gobierno corporativo para la mejor implementación de debido control contra la corrupción en las empresas.
En la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita quieren considerar como actividades vulnerables los actos de contratación pública, que deberán reportarse para dar un seguimiento en la aplicación de recursos públicos; y los casos en los que servidores públicos, en ejercicio de sus funciones, utilicen el sistema financiero y crediticio para la adquisición o incremento de su patrimonio.
Respecto a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada las modificaciones que propondrá la Fiscalía Anticorrupción buscan que aplique en los casos de enriquecimiento ilícito, así como las distintas operaciones para ocultar bienes o introducirlas al sistema patrimonial, financiero y fiscal; incluir a las personas jurídicas como sujetos de régimen de excepción en materia de delincuencia organizada, y aplicarla tratándose de delitos de soborno o cohecho, cuando se utilicen recursos de fuentes internacionales, o provengan de personas jurídicas que sobornen o intenten sobornar a funcionarios públicos.
En la Ley Nacional de Extinción de Dominio se incorporarán cohecho y peculado como delitos en los que procede la extinción; se extinguirá el dominio de las empresas que participen en peculado (adicional a la sanción penal) y será procedente asegurar los bienes obtenidos mediante la distracción de recursos públicos, independientemente de la persona que lo haya hecho. La Fiscalía Anticorrupción tendrá mecanismos ágiles y eficaces para la inmovilización de cuentas, suspensión de cotizaciones en casas de bolsa y gravámenes; se asegurarán los bienes de las empresas que cometan cohecho con servidores públicos e, inmediatamente, bloqueará la salida de capitales al extranjero a través de providencias precautorias.
La propuesta dotará a la Fiscalía Anticorrupción de mayores facultades e instrumentos de presión que generarán cambios relevantes en la forma de realizar investigaciones y desahogar expedientes por denuncias de corrupción. Las empresas deberán diseñar e implementar sus programas y políticas de combate a la corrupción conforme a la normativa, guías y criterios que se generen para cumplir con los nuevos requisitos. Si no tiene un programa de compliance anticorrupción está en riesgo; si lo tiene tendrá que estar pendiente para actualizarlo.