El poder de la estupidez
ESCRIBE LA BÚSQUEDA Y PRESIONA ENTER

El poder de la estupidez

COMPARTIR

···

El poder de la estupidez

14/01/2019
Actualización 14/01/2019 - 11:10

En su espléndido ensayo 'Las leyes fundamentales de la estupidez humana', Carlo Cipolla clasifica las acciones humanas por el beneficio o perjuicio que se obtiene para sí y los demás; resultando una tipología que cataloga a inteligentes, incautos, malvados o estúpidos: quien comete una acción y obtiene una pérdida pero procura un beneficio a otro, es incauto; si otro actúa y obtiene un beneficio para sí y para otro, es inteligente (ganar-ganar); cuando una persona obtiene un beneficio perjudicando a alguien es malvado; y, finalmente, “una persona estúpida es la que causa un daño a otros sin obtener, al mismo tiempo, un provecho para sí, o incluso obteniendo un perjuicio”.

La categorización de Cipolla ofrece grados y variables. Por ejemplo, un malvado perfecto es aquel que gana lo mismo que el mal causado: alguien pierde 100 pesos que roba el malvado. El problema crece cuando el malvado es estúpido: roban el radio a su coche, el malvado lo vende por 500 pesos, pero el cristal y el tablero de su vehículo sufrieron averías por cinco mil pesos.

La frecuencia potencia el daño de las decisiones estúpidas, pues hasta los más inteligentes yerran; y hay mayor inconveniente en la constancia y consistencia de las estupideces.

La variable más grave reside en la relación estupidez y poder, pues el error de una persona puede hacer daño a millones con una gran intensidad. Por ello es que las personas razonables, dice Cipolla, a menudo se plantean: ¿cómo es posible que quienes toman decisiones tan estúpidas lleguen a ocupar semejantes posiciones de poder?

Es fácil comprender el potencial nocivo de una decisión pública equivocada. Cuando estas se relacionan con acciones de malvados estúpidos la cosa empeora: perforar un ducto de Pemex para vender más barato coloca a los huachicoleros en el esquema de malvados muy estúpidos. Afectan la economía del país por un beneficio limitado, ilegal y personal.

La incertidumbre y especulación derivada de la falta de estrategia del gobierno, o al menos su falta de información sobre el desabasto de gasolina por combatir al huachicol, no dejan en claro la relación costo-beneficio de cerrar los ductos.

Es verdad que en lo inmediato pareciera que sólo los fifís padecen la falta de gasolina; incluso hay reacciones polarizantes, como “la cola que hacen en las gasolineras es la misma que otros hacemos para esperar el transporte público”, pero no se repara en el grave problema de desabasto de bienes y servicios que habría si mengua la circulación en el país.

Como política pública la estrategia no parece afortunada y el federalismo pierde: hay gobernadores y alcaldes que se quejan por no haber sido considerados, y así haber previsto acciones que evitaran perjuicios a su población.

Una de dos: o no hubo planeación estratégica, o al tratarse de combate a la delincuencia organizada y una cuestión de seguridad nacional, es que no pudieron comunicarse las acciones ni el balance costo-beneficio por las medidas. El tema es que las conferencias mañaneras del presidente y los comentarios aislados e incompletos de la secretaria de Energía y el director de Pemex, confunden.

Resulta evidente, dada la logística de las gasolineras, que: 1) son insuficientes las pipas para abastecer combustible; 2) la política de almacenamiento es pobre y se compensaba con la importación, y 3) se asoma la inexperiencia del gobierno.

Entre las especulaciones crece la versión sobre los buques formados con combustible norteamericano: no descargan porque no se han firmado los contratos respectivos, por posibles negociaciones del gobierno mexicano con Venezuela. Cuidado, las consecuencias serían gravísimas. A ello se suma el fracaso de los bonos de Pemex en Nueva York, lo que también muestra ineptitud y desconocimiento.

El gremio de los transportistas sufrirá ajustes de mercado por todos aquellos que se abastecían de huachicol, lo que desde luego es positivo pero puede generar atrasos y escasez en los primeros eslabones de la cadena de consumo.

Es difícil imaginar el negocio huachicolero sin autoridades ni el sindicato involucrados; pero su determinante influencia en la operación cotidiana de Pemex hacen muy riesgosas las acciones en su contra. Esperemos que el gobierno lo haya previsto.

No sabemos si la disminución en la venta de gasolina supere lo que se desaprovechaba con su robo ni la relación de daños a la economía nacional y, por tanto, en qué parte del plano cartesiano del esquema de estupidez de Cipolla habría que colocar la medida de cerrar los ductos. Si el problema se soluciona se justificaría ¿Y si no?

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.