La gestión pública de la más terrible crisis que hemos vivido nos precipita al despeñadero. Si bien ha puesto en jaque a todos los países, la respuesta en el nuestro se dispersa; es un desatino constante, una muestra creciente de la falta de coordinación a la que se suma el remate ideológico que opaca al derecho y erosiona a las instituciones.
El escrutinio a las acciones y omisiones de los gobernantes es más grave y urgente que nunca, pues es la vida, la salud y la subsistencia de cada una de las 120 millones de personas que vivimos en México lo que está en juego. Pero el poder se evidencia solo: a diario ofrece números maquillados, declaraciones grandilocuentes que reflejan el extravío del timonel y torpeza tras torpeza.
Hay preocupación por la ocupación e incertidumbre de lo que viene. Como respuesta obtenemos falta de transparencia, confusión, contradicción y datos cruzados que no se corresponden en perspectiva comparada con el resto del mundo: menos contagios y más muertos, o a menos pruebas mejores resultados, por ejemplo. Es fácil concluir que nos ocultan información. La construcción urgente de hospitales, la habilitación de espacios para futuros enfermos y las compras frenéticas (y necesarias) del gobierno lo confirman.
Hay países en los que las medidas sanitarias han logrado establecer una robusta unión entre los jefes de Estado, gobernadores, legisladores y alcaldes; aquí el liderazgo selectivo ha cuadriculado los niveles de gobierno cruzándolos con partidos, medios y pro o anti lopezobradoristas.
Desde el inicio faltó coordinación entre la Federación y los estados; el Consejo de Salubridad General actuó tarde mientras se adelantaban las medidas de universidades privadas, empresas, ciudadanía, estados y municipios que eran tachados por exagerados y conservadores adversarios del presidente.
Hay gobernadores que implementaron medidas más allá de las establecidas por el Consejo de Salubridad, como el aislamiento social y el uso de cubrebocas en lugares públicos, con sanciones por incumplimiento como multas y hasta arresto por 36 horas. En varios municipios hay 'toque de queda'.
Estas decisiones han generado polémica, pues se cuestiona su fundamento constitucional y legal, y pueden ser violatorias del derecho de tránsito. Ya hay juicios de amparo y vendrán controversias constitucionales, en los que se tendrá que ponderar la protección del derecho a la salud contra la libertad; si existe una restricción o suspensión de derechos; hasta dónde llegan la atribuciones de los estados y municipios en materia sanitaria, e inexistencia jurídica del concepto 'toque de queda' (aunque se ha utilizado por los altos niveles de inseguridad). En conclusión, se deberá resolver entre los formalismos competenciales y la protección de la salud de los ciudadanos. La ausencia de liderazgo y el uso del derecho como medio de divulgación ideológica nos han puesto ahí.
Hay entidades federativas que prohíben el tránsito libre de los ciudadanos, amenazando con encerrar a aquellos que salgan, mientras que la Federación se prepara para liberar a aquellos que están justamente encerrados (Ley de Amnistía), en palabras de Eduardo Galeano: "En la escuela del mundo al revés, el plomo aprende a flotar y el corcho a hundirse. Las víboras aprenden a volar y las nubes a arrastrarse por los caminos."
El jefe de Estado no entiende su rol frente al derecho. El primer obligado al principio de legalidad, muestra una torpeza jurídica sin igual o un cinismo que hace del ordenamiento una burla con el decreto frente a la emergencia: motiva su actuación en contra del neoliberalismo global, decreta la creación de dos millones de empleos, anuncia la inconstitucional medida de quitar aguinaldos y cree que la austeridad generará ingresos. Los decretos tienen fuerza vinculatoria y el presidente hace de la norma un discurso. Sus abogados no pintan, pues sería más absurdo, incluso que el propio decreto, pensar que la ministra secretaria de Gobernación o el consejero jurídico dieron el visto bueno técnico a tal engendro.
El gobierno no contempla plan contracíclico alguno. Será mucho más difícil la recuperación. Ni ley, ni federalismo ni respuesta, el virus también lo paraliza.
Hoy que en el planeta ceden las ideologías a la urgencia solidaria y universal, la del testarudo líder lo sitúa en sentido contrario: centraliza lo federal, desconcentra el esfuerzo en una extraviada dispersión y además incurre en responsabilidad tomando el derecho por revés.
La libertad de expresión es el gran molino quijotesco que enfrenta la miopía presidencial. La prensa, piedra angular de la democracia, es para Andrés Manuel un peor enemigo que el Covid-19, la crisis económica que nos inundará y los asesinos que siguen rebasando negros récords. El presidente viola la Constitución cada vez que ataca a los periodistas, valiente demócrata liberal…
A nadie conviene la debilidad política del presidente, confrontado con gobernadores (incluso de su partido), empresarios, medios e Iglesia. Su ensimismamiento lo hunde más en el pozo de la contra y lo aleja de la solución. Ahora, también, ha tomado el derecho por revés.
Si tan solo siguiera el guión constitucional (deber básico y elemental) podría revertir muchos de sus yerros.