Declaraciones que restan
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Declaraciones que restan

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Declaraciones que restan

26/02/2018
Actualización 26/02/2018 - 15:19

Andrés Manuel López Obrador tuiteó que “el INE y el TRIFE no inspiran confianza”, que por eso se prepara para la defensa del voto, y promete al ganar “una auténtica democracia” en la que “ya no habrá fraude electoral en ninguna de sus modalidades”.

Hay que decirlo: en este país no hay fraude electoral. Hemos invertido millones, creatividad institucional, diseño orgánico, cascadas legislativas, capacitación ciudadana y mecanismos de seguridad para que primen los principios básicos de: una persona un voto; gana quien tiene más votos; reciben, clasifican y cuentan los votos los ciudadanos; se tiene una autoridad que organiza las elecciones con una logística y profesionalismo que ya quisieran muchos países, y se cuenta además con un tribunal constitucional especializado, máxima y última autoridad en la materia que garantiza la legalidad y constitucionalidad de los actos del INE, institutos y tribunales electorales de los estados y que tutela los derechos político electorales de los ciudadanos.

López Obrador vuelve a colocarse como condición para la realización democrática, lo que entraña una contradicción porque sostiene que va a ganar en la contienda, y ello sólo podría suceder en una competencia en democracia. El problema es que se anticipa con un comodín que respalda su discurso de fraude en caso de perder, y basa su futura defensa en la supuesta falta de confianza en el INE y el Tribunal Electoral.

Andrés Manuel y su partido, sus seguidores y aliados, han ganado procedimientos administrativos en el INE y juicios en el Tribunal en múltiples ocasiones. Conoce reglas y procedimientos, sabe que se reconoce jurídicamente el triunfo de quien gana; claro, sabe también que la cultura democrática de los partidos es precaria y que harían lo que fuera por ganar.

Descalificar al árbitro es grave e irresponsable. Una ciudadanía cansada de corrupción no puede sumar a su hartazgo a quien organiza la elección y la califica. Son órganos profesionales y estructurados. Es verdad que enfrentan una legislación que los confronta en ocasiones.

He estado ahí, sé de lo que escribo. Sé también que la política es subjetiva y que el discurso y argumento de los jugadores no puede ser, valga la obviedad, igual de objetiva que la tarea neutral e imparcial del árbitro. Por ello es tan delicada la confrontación entre autoridades.

Mesura y prudencia reclama la democracia a los titulares de la alta responsabilidad de Estado de conducir las dinámicas democráticas. Más allá de las posturas sobre la interpretación de la ley, el sosiego frente a la decisión de quien tiene jurisdicción es primordial.

En tiempos de algidez pública el árbitro no puede sumarse a las pasiones. No es sano para nuestra democracia el tono de algunos consejeros del INE, el de su presidente incluido, respecto a la decisión del Tribunal que echó para atrás modificaciones al Reglamento de Elecciones, en el que el INE proponía que, previo a que se realice el conteo de votos de cada elección, se abran todas las urnas y se reclasifiquen las boletas depositadas en urnas distintas y con ello tener insumos para los conteos rápidos y el PREP, para que la ciudadanía cuente con resultados horas después y así evitar incertidumbre y discursos especulativos.

Movimiento Ciudadano, Acción Nacional y Morena impugnaron esto bajo el argumento de que el INE violó la certeza jurídica al alterar el proceso previsto en la ley. En puridad, el argumento de los partidos es acertado. Muchas de nuestras reformas electorales blindaron la jornada para que no se dieran conductas fraudulentas, como introducir boletas de forma extemporánea o anular votos con un simple rayón.

Es verdad que los cambios al procedimiento responden a la necesidad de adecuar las normas a la realidad, como dijeron los magistrados De la Mata y Rodríguez, considerando la experiencia acumulada por el instituto, la complejidad de las elecciones concurrentes y la deficiente regulación y operación de la casilla única. La legislación no es clara, de ahí la loable finalidad del INE para evitar incertidumbre (por unas horas) en los resultados electorales.

El INE ya encontró otro camino para disminuir el tiempo de espera sin violentar la ley. No se trata de un tema de unos contra otros, de razones o vocación democrática. Siempre es tensa la cuerda por la que corre la relación entre la autoridad jurisdiccional que revisa a la administrativa. Hacer posicionamientos institucionales porque no se les concedió razón, como si fueran activistas, alimenta la grave y falsa idea de que no son confiables.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.