La humanidad sufre momentos de complejidad inédita. El Covid-19 nos tomó por sorpresa y modificó dinámicas personales, sociales y laborales como nunca. De manera abrupta, sin margen para prepararnos, planificar y ajustar, la crisis sanitaria paralizó al mundo. Sabemos que habrá solución, pero persiste una feroz incertidumbre sobre la profundidad de sus consecuencias. Sería ingenuo pensar que la realidad será similar a aquella que dejamos hace unas semanas, antes de establecer el distanciamiento. No es aventurado pronosticar que México enfrentará el escenario económico más adverso de nuestra generación; un decrecimiento importante del PIB y un aumento significativo de los índices de pobreza, desempleo y desigualdad. Este contexto también representa un desafío mayúsculo para nuestra democracia y sus desgastadas instituciones, para que el daño colateral no sea irreversible.
Cabe recordar que el pasado 4 de abril cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral concluyeron su encomienda constitucional (va desde aquí un reconocimiento a Pamela San Martín, Benito Nacif, Enrique Andrade y Marco Baños; todos comprometidos y profesionales demócratas. Sé de qué están hechos). El proceso de designación de sus sucesores se encontraba en curso, en términos de la normativa constitucional, pero se interrumpió por la contingencia sanitaria. Ello implica que el INE funcionará con solo siete de sus once consejeros hasta nuevo aviso. Si bien no es la primera vez que la integración de su máximo órgano queda acéfala, y que existen mecanismos para asegurar que siga desempeñando su labor, lo cierto es que dicha circunstancia debe preocupar –de forma creciente mientras se prolongue el diferimiento de las designaciones pendientes– si se considera que está en puerta la elección más grande de nuestra democracia, la de 2021.
Por lo pronto tenemos un Consejo General cojo. Aspectos clave de su actividad ordinaria suelen asignarse a comisiones de consejeros electorales conformadas de modo diverso y plural, lo que, por razones numéricas, se complica si el Consejo está incompleto. Por ahora los mismos consejeros integrarán más comisiones. Además hay temas muy relevantes en la cancha del INE, como la organización del proceso electoral federal 2021, la resolución de quejas en materia de fiscalización de procesos electorales anteriores que no han sido decididas, procedimientos ordinarios sancionadores pendientes o el proceso de verificación de requisitos para la obtención del registro de nuevos partidos políticos, que podrían ser votados por un número de consejeros casi 40 por ciento inferior a la prevista constitucionalmente.
La contingencia sanitaria ya provocó que por primera vez se suspendieran –con razón y sensatez– las elecciones ordinarias en Coahuila (diputados locales) e Hidalgo (ayuntamientos). Quedan pendientes, indefinidamente, plazos y condiciones de su reanudación; habrá que analizar con lupa que ello se ejecute a partir de reglas claras, ciertas y conocidas que garanticen la equidad entre los partidos políticos y los candidatos participantes. La crisis sanitaria no puede ser pretexto para desequilibrios de hecho o de derecho en la contienda electoral.
Debe prestarse especial atención a las posibles repercusiones de la emergencia en las elecciones de 2021. Nuestro modelo democrático descansa en premisas inmutables que comienzan con la autonomía –presupuestaria, técnica y de gestión– de las autoridades electorales. El presupuesto del INE para este año sufrió una reducción superior a los mil millones de pesos. Al margen de la discusión sobre la validez jurídica de esa medida, es predecible esperar que de nuevo se pretenda reducir su presupuesto ante un escenario más adverso y en consistencia con la política de austeridad republicana del gobierno, que confunde recortes con ahorro. Ello mermaría la capacidad del INE para satisfacer los estándares de calidad que nosotros mismos hemos establecido para tener elecciones confiables.
Otros temas relevantes que se asoman en el contexto de la crisis en puerta son: la posible reducción del financiamiento público de los partidos políticos (que le conviene a Morena para debilitar más a la oposición); la idea de modificar el modelo de administración de los tiempos en radio y televisión; la regulación pendiente sobre la reelección legislativa y el incremento de programas sociales en los que el gobierno entrega directamente beneficios a la población. Todos ellos deben ser analizados con sensibilidad y empatía por las circunstancias que enfrentamos, pero sin sacrificar el principio de equidad en la contienda. Las reglas seguramente cambiarán y en esa medida, gobierno, partidos políticos, sus potenciales candidatos y las organizaciones de la sociedad civil deben encontrar soluciones técnicas que armonicen la nueva realidad con los ideales democráticos. De lo contrario, el Coronavirus habrá arrasado también con nuestra democracia.