Corrupción e impunidad, las caras de nuestra moneda
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Corrupción e impunidad, las caras de nuestra moneda

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Corrupción e impunidad, las caras de nuestra moneda

02/03/2020

Reflexionar sobre la relación que guardan impunidad y corrupción desemboca, necesariamente, en el papel de los empresarios como línea de defensa para combatir esos males, pues sólo con su participación podremos abatirlos; y si bien la responsabilidad del Estado es permanente, no deja de ser insuficiente.

De acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, “la impunidad es la inexistencia, de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de conductas delictivas”; sin embargo no se reduce a lo jurídico, pues también involucra diversas condiciones sociopolíticas que la alimentan, como la corrupción.

Corrupción e impunidad son fenómenos indisolubles; causa y efecto en reciprocidad, la agudización de una genera la profundización de la otra. En sentido contrario, el combate a la corrupción es también un combate a la impunidad; y en la medida en que los actos de corrupción sean prevenidos, investigados y sancionados, el nivel de impunidad, naturalmente, disminuirá en la misma proporción.

La tarea de enfrentar ambas realidades no solo corresponde al gobierno; los empresarios en particular y la ciudadanía en general, compartimos un nivel de responsabilidad considerable en el auxilio para su erradicación. Las redes de corrupción son complejas y conllevan la participación de muchos. No denunciar, hacerse de la vista gorda y no señalar socialmente al corrupto aumenta la impunidad.

Las acciones de compliance anticorrupción a las que están obligadas las empresas en México cobran especial relevancia si se toma en cuenta que la impunidad es parte y consecuencia de la corrupción. Si los empresarios solapan o encubren actos de corrupción de sus empleados, contribuyen a un ambiente empresarial nocivo que nutre la incultura corrupta que nos asedia.

En contraste, la adopción de medidas y controles anticorrupción a través de la implementación de programas de compliance, no sólo permite a los empresarios proteger a sus negocios de riesgos de corrupción y sus consecuentes y graves sanciones, sino que salvaguardan los valores que subyacen a dichos controles, y contagian progresivamente el comportamiento de sus empleados, generando mejores prácticas en la empresa y por tanto más negocio.

Esto conlleva que los empresarios, en el combate a la corrupción, tienen una obligación dual: en primer lugar, el cumplimiento de la legislación nacional e internacional en materia anticorrupción se ha convertido en un deber empresarial que no puede dejar de observarse, máxime si las grandes empresas pretenden participar en un mercado global que exige la aplicación e implementación del debido control y; por otra parte, su obligación ética de “educar con el ejemplo” (tone at the top).

Claro, en una empresa en la que sus altos directivos adoptan, aplican y se conducen conforme a los valores que combaten a la corrupción, se generará un estado empático en los empleados que eventualmente se convertirá en una cultura anticorrupción generalizada. Si los directivos no toleran la realización de actos de corrupción y en consecuencia los castigan y denuncian, enseñarán a sus empleados que la corrupción no puede y no debe quedar impune.

Es decir, la implementación de sistemas de denuncias y procedimientos disciplinarios que verdaderamente sean aplicados y ejecutados al interior de la empresa, contribuirá a establecer límites a la realización de conductas corruptas y fomentará valores de denuncia y sanción entre la ciudadanía en general. La ética empresarial puede penetrar en la actuación cotidiana de los empleados y generar una cultura anticorrupción al exterior, incluso contagiar a la ciudadanía en general.

Según el Índice Global de Impunidad, en México el nivel de impunidad es de 98.86 por ciento, es decir, únicamente el 1.14 por ciento de los delitos son investigados y sancionados. En la mayoría de los casos, este pobre resultado se relaciona directamente con actos de corrupción.

Los programas de compliance anticorrupción son más que una vacuna contra las multas estratosféricas que pueden imponer las autoridades locales e internacionales (AIRBUS: 3.09 billones de dólares; Siemens: mil 600 millones de dólares o, Walmart: 283 millones de dólares); son verdaderos mecanismos que de implementarse pueden alcanzar un cambio de fondo en la manera tan corrupta de pensar de los mexicanos.

Si usted considera que la implementación de un programa de compliance anticorrupción es tan sólo una obligación legal más para evitar repercusiones comerciales negativas, y no un deber social en tanto sujeto activo en el combate a los males de nuestros tiempos, no se queje por favor; que ello, precisamente, genera impunidad y acrecienta la corrupción.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.