La última renuncia en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador no deja margen para duda alguna: el Presidente no acepta de sus colaboradores remilgos legales para no cumplir lo que se les encarga. Y esto abre un escenario desconocido en décadas.
Comencemos precisamente con eso de los encargos. López Obrador lo ha dicho, pero ahora podemos calibrarlo debidamente. Él expresa, y lo repite, que para él no es importante el cargo, sino el encargo.
Eso se traduce en que un nombramiento tiene una formalidad que pasa a un segundo plano dado que más que los límites y acotaciones que imponen la ley y la normatividad a quienes ocupan esos cargos, el mandatario espera de tales funcionarios resultados específicos sobre sus 'encargos', que no son tan claros, o cuyos umbrales resultarían subjetivos o de plano ilegales sino que imposibles de aterrizar.
En el caso mismo de la renuncia de Jaime Cárdenas al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, tenemos un ejemplo de la irresoluble tensión de esa dinámica. Ni alguien tan históricamente leal y comprometido con AMLO pudo conciliar, dentro de la ley, las contradicciones de lidiar desde un cargo con un encargo que implica lealtad ciega.
En Cárdenas tenemos a alguien que ante la incompatibilidad entre ambas lógicas decide cuidar su prestigio, y no es exagerado decir que también su libertad, y renuncia. ¿Y el resto del gabinete?
Porque el gabinete, para los términos que estamos hablando, tiene dos dilemas. Todos y cada uno de los secretarios, subsecretarios y directores de organismos recibieron un encargo. Y el Presidente no aceptará que no se intente llevarlo a cabo, y menos con argumentos de límites legales. Así que, primer dilema, tienen que cumplir lo que les establece el cargo y lo que demanda el encargo.
El segundo dilema es más complejo. Hoy la sociedad tiene motivos para cuestionarse qué harán aquellos funcionarios que no sólo tienen que resolver su actuar en primera persona, sino cómo enfrentarán la responsabilidad que tienen de hacer cumplir leyes o normas a otros funcionarios, organismos, niveles de gobierno, poderes, ciudadanos, etcétera.
En otras palabras: una cosa es que Jaime Cárdenas renuncie al saber que no puede cumplirle al Presidente su 'encargo', y otra que funcionarios como Irma Eréndira Sandoval pueda quedarse impávida ante denuncias de corrupción realizadas por el exconsejero electoral.
Este es el gran dilema. En el gobierno hay gente cuyo trabajo es hacer que otros, dentro y fuera de la administración, cumplan leyes y normas. Entonces, si Jaime Cárdenas se va, mala tarde, pero tal renuncia saca a flote la disyuntiva que enfrentarán no pocos funcionarios.
Por ejemplo: qué va a hacer la Secretaría de la Función Pública frente a denuncias como las de Jaime Cárdenas. ¿Revisar la posible ilegalidad de actos señalados por el exfuncionario, o poner eso en segundo plano, pues lo que el Presidente quiere es que se le den cosas sin detenerse a cumplir la normatividad correspondiente?
Pero lo del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado es sólo un botón de muestra. El tema es que el Presidente ha dejado claro que él quiere no sólo obediencia irrestricta, sino hacer a un lado leyes y normas que, a su criterio, se interpongan entre su proyecto de gobierno, que él llama transformación, y la realidad.
Estamos advertidos de que exigirá al SAT obedecer sin chistar al presidente, no a su esquema de leyes. Pero también a otras dependencias, como la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la que depende (no se rían) la Guardia Nacional. O Protección Civil. O la Unidad de Inteligencia Financiera.
Es decir: la autoridad tributaria perseguirá a quienes diga el mandatario, y la SSC dejará sin protección a Chihuahua porque osó disentir con el Ejecutivo; y los estados con desastres naturales pero retobones con el Presidente no tendrán recursos del Fonden y cuídese cualquiera que no sea tapete del tabasqueño porque la UIF se le puede ir encima.
¿Hacen falta ejemplos? Dejen ustedes la captura de órganos reguladores mediante el nombramiento de leales, para que no haya dudas el Presidente decreta que varios de éstos deben favorecer sin más a la CFE.
En pocas palabras: AMLO ya se ha descarado. Cree que las leyes constituyen una "maraña de normas" que resultan en que no se puede hacer nada por la normatividad, como lo dijo ayer en la mañanera.
En el fondo, la renuncia de Germán Martínez, una de las primeras de la administración, fue por lo mismo de Jaime Cárdenas: porque se quería atropellar lo normativo, lo institucional.
Dieciséis meses después de la salida de Germán del IMSS, y con dos megacrisis haciendo más difícil la marcha del gobierno, lo que estamos atestiguando es la radicalización de una postura: los nombramientos no son cargos ni encargos, AMLO lo que realmente pretende son viles mandaderos.
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