El presidente de la República quiere cambiar las leyes de la industria eléctrica. Argumenta que anteriores gobiernos dejaron a la Comisión Federal de Electricidad en desventaja frente a otros intereses y actores. Antes que tratar de convencer sobre la pertinencia de su propuesta, López Obrador y sus seguidores han expuesto, como mensaje esencial de la defensa de esta iniciativa enviada a la Cámara de Diputados, que de lo que se trata es de recuperar, en ese sector, la "rectoría del Estado". ¿Será?
Pocos temas tan relevantes para la viabilidad de un Estado como la energía. México tuvo petróleo de sobra, pero lo que hoy tiene es una empresa petrolera en la quiebra y con escenarios nada halagüeños. La Comisión Federal de Electricidad no ha llegado al punto del colapso que vive Petróleos Mexicanos pero, como ésta, por sus deficiencias la CFE fue perdiendo mercado frente a otros participantes en el sector.
Qué bueno hubiera sido que Pemex y la Comisión hubieran hecho de México una nación moderna, rica, autosuficiente energéticamente; un Estado de robusta soberanía porque tan grandes empresas gubernamentales no sólo apuntalaban las finanzas públicas, sino que dotaban a grandes y pequeños consumidores de energía barata, amigable con el medio ambiente y confiable en su abasto.
Pero el hubiera no existe. La corrupción y la inoperancia en esas empresas socavaron al Estado mexicano. Incluso podemos secundar la narrativa pejista: con abusos y pillerías en y a partir de Pemex y la CFE, muchos gobiernos traicionaron a la nación.
Una manera de hacer menos costoso el lastre de tener tan inoperantes empresas, y evitar que quedara comprometida la autonomía energética, fue abrir ese sector a la inversión privada. Gobiernos del pasado nos dijeron que no había de otra. Aunque, por supuesto, en esa apertura no faltó quien lucrara de manera corrupta.
El presente gobierno asegura que, al contrario, lo que toca es eliminar competidores de CFE y Pemex, y dar preferencia a las empresas.
Los dos argumentos podrían tener validez. El quid está en la viabilidad de cada propuesta. Qué bueno sería tener hoy una discusión nacional sobre los retos energéticos de nuestro país a 10, 20 o 50 años. En vez de ello, el actual gobierno federal ha apostado demasiado dinero en Pemex, sin ningún tipo de resultado positivo ya en dos años, y ahora quiere trastocar completamente el mercado de la electricidad para privilegiar a la CFE y castigar a privados.
Ante la denuncia de industriales de que estamos ante una expropiación indirecta, y ante la perplejidad de expertos que avizoran que premiar a la CFE de Bartlett provocará caídas del sistema eléctrico y recibos más caros, desde la jefa de Gobierno capitalino hasta la transitoria vocera gubernamental de las mañaneras han echado porras a su jefe declarando que lo que AMLO pretende es recuperar la rectoría del Estado. No dicen, eso sí, dónde perdimos tal cosa.
Ondear la bandera de la 'rectoría del Estado' suena bien para hinchar de pasión a la tribuna de Morena. Pero es sólo un eslogan que quiere apantallar dado que no tienen respuestas para preguntas específicas. ¿Hubo abusos en la apertura eléctrica? Que se persigan, castiguen y corrijan. ¿Está comprometida la generación y la entrega de electricidad a hogares e industrias? ¿Cómo corrige tal situación el castigar, sin que hayan faltado a sus compromisos, a productores complementarios a la CFE? Más allá incluso de lo grave que resultaría violentar contratos válidos, ¿la Comisión Federal de Electricidad tiene la capacidad de garantizar el abasto a los mejores costos para los consumidores y sin menoscabo de las finanzas públicas por incrementos a subsidios? Los expertos tienen fundadas reservas no sólo sobre la legalidad de la propuesta de AMLO, sino sobre la racionalidad estratégica de la misma.
La rectoría del Estado en materia de electricidad no estaba comprometida. Porque reside, precisamente, en los actores y en los órganos de Estado a los que México encargó la definición de tales políticas: el Presidente, pero no sólo él. O no estaba antes de 2018, cuando AMLO inició el desmantelamiento de órganos reguladores, bien forzando renuncias en ellos, bien nombrando ahí a gente sin capacidad técnica ni dignidad profesional.
Lo que López Obrador pretende es un estatismo. Privilegiar la rectoría del gobierno federal es muy distinto a velar por el bien del Estado.
El presidente de México es el jefe del Estado porque tiene la representación de todos los mexicanos. Es el uno donde está representada la totalidad de los votos nacionales de una elección. No hay ningún otro cargo así en nuestro país. Pero eso no significa que sea el único representante del Estado mexicano. Ni tampoco que pueda decidir solo cualquier o todas las acciones que afectan a la nación. Porque el Estado no es sólo él.