La destrucción
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La destrucción

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La destrucción

25/06/2019
Actualización 25/06/2019 - 12:22

“Si ninguna escuela pública se desplomó en el sismo del 19 de septiembre de 2017”, escribió el viernes pasado la periodista Nadia Sanders, “fue gracias a las estrictas normas de construcción que deben tener los planteles en el país y al reforzamiento que han recibido.

“Quien se encarga de supervisar que las empresas constructoras den cumplimiento a esas normas son los Institutos de Infraestructura Física Educativa a nivel estatal, con la asesoría técnica del Instituto Nacional para la Infraestructura Física Educativa (Inifed), un órgano sectorizado de la SEP”.

Sanders, periodista de Mexico.com, hizo su tesis para obtener el grado de maestra en el CIDE sobre la reconstrucción de las escuelas.

En el texto '¿Qué es el Inifed y por qué su desaparición pone en riesgo a los niños?', la reportera asienta que “el Inifed es el único organismo con personal especializado en el tema y su desaparición deja sin tutela la planeación y distribución de los recursos para construir escuelas seguras”.

He dedicado ya tres columnas a la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, de dar el dinero de la construcción y mantenimiento de escuelas a comités escolares que deberán ser conformados por padres y alumnos, en detrimento del Inifed.

El texto de Sanders, y su tesis por supuesto, apuntan en el sentido correcto cuando señala, como ella lo resumió en Twitter ese mismo viernes, que “desaparecer al Inifed para que padres y maestros estén a cargo de trabajos de mantenimiento, es como decir que se van a eliminar los tribunales para que cada quién aplique la justicia. El que una institución no sea ni suficiente ni perfecta no obliga a su eliminación, por el contrario. Si no hubo una tragedia mayor en escuelas públicas en los sismos, es gracias a normas elaboradas por destacados estructuristas”.

A pesar de todo lo anterior, ni en la Secretaría de Educación Pública ni en el gobierno federal ni en el Congreso de la Unión la singular iniciativa presidencial de desaparecer un organismo surgido como CAPFCE, en 1944, y del cual no tenemos mayor noticia de ineficiencia o corrupción, ha enfrentado resistencia. Gente que uno podría considerar sensata y comprometida con el país ha guardado silencio ante la destrucción de esta institución.

Será que se han rendido sin luchar. Será que no tienen los tamaños para defender instituciones. Será que no pueden porque les sacan sus trapitos al sol. O será que se han resignado a la destrucción del orden establecido. Destrucción que ha sido anunciada, ni más ni menos, con ese término, desde la tribuna del Congreso, como ocurriera el jueves pasado, cuando el senador Rubén Rocha Moya, para más señas presidente de la Comisión de Educación, dejó claro que destruir es lo que pretende el régimen.

Ese jueves, en la permanente del Congreso se discutía la desaparición del Inadem (Instituto Nacional del Emprendedor, de no tan buena fama como el Inifed, por cierto). Y al contestar cuestionamientos del PAN, el legislador de Morena sentenció:

“Queremos eso, queremos un cambio, transformar y el cambio significa, queridos compañeros senadores, significa destruir lo viejo, lo obsoleto, lo corrupto, destruir lo ineficiente. (…) Esta es una visión distinta, por eso es que los programas que se están formulando son la antítesis de lo anterior; es decir, pues si es la antítesis, tenemos que destruir lo que no servía, a eso venimos, a destruir, insisto, lo que ha sido el instrumento, el mazo con que se ha golpeado al pueblo mexicano”.

Según Rocha, se destruirá aquello que “ha depredado justamente el patrimonio de nuestro país”.

Hay al menos dos problemas con lo que Rocha, y no pocos de Morena, plantean. El primero es que parten del aserto de que 30 millones de votos le dan derecho a López Obrador de cambiar todo lo que guste y mande. Y que quienes cuestionen la forma o el fondo de eso, es que no asumen la derrota del 1 de julio.

Y en segundo lugar, el Ejecutivo agarra parejo: no realiza diagnósticos para saber qué sirve pero debe ser mejorado, qué no sirve y puede ser corregido, o qué simplemente debe ser eliminado. Si por él fuera, poco quedaría del pasado.

Frente a esa pulsión destructora, resta cuestionar qué está construyendo y cómo va a demostrar que es mejor que lo que existía.

No vaya a resultar que nos quedemos sin instituciones como el Inifed, que podría ser destruido sin generar alguna alternativa coherente y en medio del silencio de quienes si leyeran a Nadia Sanders, verían que si no hubo más destrucción en septiembre de 2017, fue porque no todo lo que había antes de diciembre era digno de ser arrasado por el humor presidencial.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.