AMLO tenía razones para creerse sus declaraciones de que no pretendía iniciar pesquisas contra su antecesor. Abrir procesos contra el peñismo supone una labor titánica, con enormes recovecos legales a favor de los presuntos criminales y cuestionables capacidades de la Fiscalía para armar casos imbatibles. El consabido "son corruptos, pero no tontos". El nuevo mandatario sólo generaría una enorme expectativa que se le podía revertir en el momento menos oportuno.
Luego vinieron las detenciones de Rosario Robles y de Juan Collado. Parecía que el Presidente haría una selección de casos emblemáticos –o chivos expiatorios a la vieja usanza– que le servirían para mandar una señal de fuerza y para tener algo que presumir en el combate a la corrupción y la impunidad.
Eso cambió con la caída de Emilio Lozoya en España, su consiguiente extradición y la incriminación de éste a Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto. Ahí se abrió una puerta a lo que podrían ser procesos judiciales de gran calado.
El lunes en la noche Carlos Loret de Mola adelantó que Luis Videgaray estaba en la mira de la Fiscalía General de la República. Ayer Reforma abundó al respecto en su edición impresa. Y, horas más tarde, la FGR enredó todo, al medio confirmar la información medio desmintiendo que un juez le hubiera rechazado su solicitud. Pero lo importante ya había ocurrido con las filtraciones, mismas que el Presidente ratificó en la mañanera: AMLO dijo estar informado de que "sí es cierto" lo que decía la prensa sobre este caso.
Investigar a Luis Videgaray sí es investigar al peñismo. Porque, incluso, si ya hemos visto que en este gobierno se abren procesos en contra de personajes muy cercanos a Miguel Osorio Chong, el ir en contra del exsecretario de Hacienda y excanciller es algo muy distinto, es tocar la piedra angular no sólo del sexenio anterior, sino de la construcción de la candidatura presidencial de Peña Nieto, su campaña y hasta su gubernatura.
Al peñismo se le podría investigar por varios lados. Quizá el más relevante sea el flanco de los gobernadores priistas. Esos que le ayudaron a construir (es un decir) una candidatura, esos a quienes ya como presidente toleró todos sus pillajes y hasta rescató de la justicia de otros países. Que son más, por cierto, que sólo Javier Duarte y Roberto Borge, los únicos en la cárcel desde tiempos de Peña.
Gobernadores más elecciones. Ahí está un eje que podría dar mucha tela. Gobernadores que desviaron para financiar campañas de candidatos priistas, algunos de estos hoy aún en gubernaturas. Botón de muestra es la Operación Safiro, que tendría a César Duarte como uno de sus protagonistas, pero para nada el único.
¿En eso está involucrado Videgaray? Pues le tocaría a la FGR probarlo. Porque ese es precisamente el tema: por clave que sea la figura de Videgaray en el peñismo, ese colaborador difícilmente será la ficha que explique todos los abusos y delitos de la camada mexiquense, de sus compinches hidalguenses, del PRI de esos tiempos, de los atasques en Pemex, de los contratos a los amigos en CFE, de las estafas maestras y los negocios inmobiliarios, etcétera.
En resumen: para creer que de verdad ha iniciado un juicio al peñismo falta probarle delitos, no sólo embarrarlo con filtraciones, a Videgaray y a varios más.
Pero a la FGR ya le rechazaron dos veces su petición de iniciar un proceso. Porque aquello de que el que acusa prueba no es cosa sencilla, hablando de corrupción en un sistema que se diseñó para las denuncias, no necesariamente para las condenas.