¿Por qué engañan, señoras y señores legisladores? ¿Por qué son así? ¿Por qué no pueden hacer las cosas bien? Y si las hacen mal, qué necesidad tienen, encima, de hacer pasar por gran avance lo que no es ni un tirititito. ¿De qué hablo? De su gran noticia del lunes, cuando anunciaron que ahora sí van tras las empresas fantasma y tras aquellos que usen facturas falsas.
Ese día aprobaron penas más severas en contra de quien "expida o enajene comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados". A esos les caerían de tres a seis años de prisión.
Los legisladores quieren que estas modificaciones sean vistas por la población como un paso firme en contra de la corrupción que se genera por la proliferación de empresas fantasma que emiten facturas ilegales. Lo que no sabemos es si los del Congreso de la Unión son o se hacen.
Porque cualquiera que lea un poco sobre empresas fantasma, sobre su perniciosa mecánica, y sobre cómo los partidos y los gobiernos están involucrados en esas cadenas de defraudación fiscal, cualquiera que se informe un poco sabe que esta modificación legal de nada va a servir.
Bastaría, por ejemplo, con recuperar el artículo 'El Vértice de la Corrupción', publicado por Luis M. Pérez de Acha el 12 de enero del 2018 en Reforma. En ese abecedario de las empresas fantasma el autor expone que:
"Se trata de empresas cuya existencia es legal, pues se constituyen ante notario público y están inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Tienen cuentas de cheques y los pagos los reciben mediante transferencias bancarias. Tampoco sus facturas son falsas, en el sentido formal del término, en tanto que cumplen con los requisitos fiscales y se emiten a través de la plataforma del Servicio de Administración Tributaria (SAT). No generan empleos ni riqueza; su objetivo es facilitar la evasión fiscal y la corrupción.
"En la actualidad, las empresas legalmente constituidas ya no falsean facturas, sino simulan la venta de bienes o la prestación de servicios. Sus operaciones son inexistentes, por lo que los CFDI emitidos en la plataforma del SAT son ilegales".
Entonces: no es que las facturas sean falsas, es que hay una maquinaria para producir comprobantes verdaderos desde empresas que desaparecen o son irrastreables, pues sus dueños son de paja, sus domicilios un montaje y su operación sólo sirve para emitir comprobantes, y quienes están realmente detrás de ellas desaparecen sin dejar rastro.
Pérez de Acha destaca que en no pocos contratos públicos por adjudicación directa se usan empresas fantasma para, precisamente, volver imposible dar con la ruta del dinero. Y que los recursos así desviados podrían alimentar a funcionarios, partidos y campañas electorales.
¿En vez de sólo aumentar penas qué podrían haber hecho los legisladores? Quizá apuntar más arriba, como propone Pérez de Acha:
"El SAT tiene identificado este proceder, pero la fiscalización se complica por la pulverización del dinero", por lo que procedería que "con el máximo de su fuerza fiscalizadora, se concentre en los grupos que instrumentan y se benefician con empresas fantasma. No sólo me refiero a los dueños reales del negocio –autores intelectuales y funcionarios públicos–, sino también a todos quienes los apoyan: prestanombres, abogados, contadores públicos, notarios, asesores financieros y ejecutivos bancarios. Un verdadero cártel de la corrupción".
Con la reforma aprobada por el Congreso veremos en la cárcel, si acaso, a mexicanos pobrísimos que fueron utilizados para hacerse pasar por dueños de empresas que en realidad hartaron de millones a otros personajes, personajes que hasta en revistas de sociales salen retratados junto a legisladores.