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06/03/2020
Actualización 06/03/2020 - 9:56

La transparencia en México vive horas sombrías. Pero este problema ni es nuevo, ni comenzó con la actual administración.

Aunque sí es fácil detectar señales de agravamiento durante el actual gobierno: archivos de instancias oficiales sufren incendios peculiares (Conagua), o de repente hackean a una institución y de todo lo que ahí se hace pues ya no te informan. Es notorio el aumento de solicitudes denegadas por “seguridad nacional”. Y del bloqueo oficial a expedientes del Archivo General de la Nación, ni hablamos.

Esta situación también se vive en el Poder Judicial, o para ser más claros, en los poderes judiciales. En 2015, la organización EQUIS Justicia para las Mujeres, denunció que ninguna de las 32 entidades federativas cumplía con el principio de máxima transparencia cuando se le solicitaban versiones públicas de las sentencias judiciales.

Como dice la especialista Ana Pecova en este artículo (https://equis.org.mx/wp-content/uploads/2018/02/Informe_Transparencia_Sentencias.pdf), para 2017 la situación se había tornado aún más grave. Una nueva ley de transparencia dejó a las entidades la facultad de incorporar un criterio bastante gelatinoso, que permite a los funcionarios decidir cuándo sí y cuándo dan a conocer una sentencia. Las autoridades ponderarán entregar un expediente con base en si es de “interés público”.

La gravedad de esa condición Pecova la subraya así: “Un viejo dicho establece que ‘el juez habla a través de sus sentencias’. Mientras la labor judicial se lleve a cabo dentro de un cuarto oscuro, cuyos muros obstaculizan la mirada de la ciudadanía, nuestras juezas y jueces no le hablan a nadie”. Y menos que a nadie, a las víctimas de los delitos.

En marzo del año pasado, la reportera Valeria Durán solicitó a las 32 entidades federativas las versiones públicas de las sentencias de absolución de presuntos feminicidas durante el sexenio anterior.

Valeria no pedía mucho: en tiempos de Peña Nieto, hubo en los estados 105 absoluciones de ese tipo.

Lo que la reportera pretendía era conocer, para divulgar, cómo y por qué se absuelve a presuntos feminicidas. Luego de cientos de solicitudes de información, Valeria consiguió que le entregaran menos de 20 por ciento de esos expedientes: 18 sentencias absolutorias.

México se encuentra buscando explicaciones a la violencia en contra de las mujeres y a las condiciones de desigualdad que las oprimen cotidianamente. El resultado obtenido por la reportera parecería, a primera vista, insuficiente para aportar algo a esa búsqueda. Pero no es así. Porque al revisar las sentencias obtenidas surge algo nítido: la impunidad que gozan los asesinos de mujeres no es casualidad, ni mucho menos excepcional. Es sistémica.

A partir de esos expedientes, se revela que todas las liberaciones ocurrieron por “fallas” de “debido proceso”, y no por “dudas razonables” sobre la inocencia del inculpado.

Como lo decía ayer Valeria en la entrada de su reportaje: “El auto en el que una mujer fue asesinada por su pareja pasó tres años en un corralón de la Fiscalía mexiquense sin que se tomaran huellas, muestras de sangre o de ADN. Los videos de las cámaras de seguridad del motel donde otra mujer fue violada y asesinada pasaron por varias manos antes de llegar a la Policía, y por ello fueron invalidados como prueba. Un feminicida confeso fue retenido demasiadas horas por la Policía, por lo que el juez anuló la confesión en la que ese hombre reconocía el asesinato de una mujer”.

Ella apunta que, sin embargo, en todas las carpetas de esos casos hay “indicios, evidencias, testimonios, videos, objetos, vehículos, escenas del crimen, dictámenes periciales y elementos que, de haberse procurado correctamente, habrían bastado para que las víctimas de esos feminicidios tuvieran justicia, en vez de la sentencia de absolución de quienes dieron muerte a esa mujeres”. https://contralacorrupcion.mx/feminicidas-libres/

La conclusión, expone el trabajo de Valeria, es que los feminicidios son delitos cometidos por un sistema. Todo los poderes judiciales estatales, y las fiscalías que arman (es un decir) los expedientes, parecen actuar bajo la premisa de para qué investigar y sancionar el asesinato de otra mujer. Incluso en los casos en que ha sido detenido un sospechoso y existen testigos o videos que le incriminan.

A ellas las matan, a ellos los sueltan, y el sistema tan campante. Y encima, esos poderes judiciales se niega a mostrar las sentencias que nos ayudarían a entender su aberrante proceder.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.