El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) presentó ayer lo que podría ser su despedida. Si los peores augurios se confirman, ese organismo padecerá recortes presupuestales que en cosa de nada le impedirán realizar importantes estudios o de plano funcionar, por lo que se interrumpirán investigaciones seriadas sobre la pobreza en México.
La muerte del Coneval sería justificada por algunos, afines al gobierno federal, con un argumento tramposo: llevamos años metiendo dinero a medir la pobreza, y ésta no baja, mejor metamos ese dinero al combate a la pobreza. Don't kill the researcher…
En ese escenario, este lunes se habrían presentado los que serían los últimos registros sobre la pobreza como los hemos conocido en México en este siglo.
¿Sería el fin del mundo?
Si el Estado no gestiona (financia, posibilita y facilita) la medición del impacto de las políticas sociales de los gobiernos, ¿desaparecerá todo el conocimiento sobre la pobreza?
Y, sobre todo, sin el Coneval, ¿será capaz México de orientar de la mejor manera las políticas para ayudar a paliar los efectos de la pobreza, y generar condiciones para ayudar a que millones de mexicanos no caigan en esa condición o encuentren la salida de la misma?
Conviene hacerse esas preguntas en voz alta, pues hoy un México sin Coneval es tan factible como el robo de la gubernatura en Baja California: sólo es cuestión de tiempo.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador tomó la decisión de descabezar al Coneval mucho antes de que hace tres semanas se conocieran los rumores de la salida del hoy exsecretario ejecutivo Gonzalo Hernández Licona.
Y la salida de Hernández Licona se dio en medio de su resistencia por acatar un presupuesto que mocharía a la mitad recursos para hacer estudios o la contratación de eventuales (ver columna de Hernández Licona, del 18 de julio).
En el caso del Coneval, el Presidente no sólo se deshizo de un cuadro que se resistía a su visión de austeridad, sino que pasada la turbulencia se confirmó lo que se había visto en el IMSS, Hacienda y la Comisión Reguladora de Energía: quienes difieren con el mandatario se van, pero las críticas sobre la manera de operar del gobierno, lejos de ser atendidas son anuladas.
Sin embargo, tanto en el caso de la CRE como en el Coneval, la lección va incluso más allá. El Presidente presume en las mañaneras que no piensa nombrar a funcionarios para el centenar de vacantes que, aseguró, hay en órganos autónomos.
"¿Y saben por qué no los nombro?", explicó López Obrador el 31 de julio, "porque no pasa nada si no ocupan los cargos, porque fueron estas instituciones o comisiones, organismos que fueron creando que no tienen ninguna función operativa, son consejeros de organismos que no implican nada, se crearon los cargos para darle empleo a los amigos, a los cercanos al régimen (…) tengo ahí nombramientos pendientes de consejos para la transparencia, por decir algo".
La suerte de esos órganos está echada. López Obrador ha ido colgando cabezas en su singular sala de trofeos y el costo por someter a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, a la Comisión Reguladora de Energía y ahora al Coneval ha sido mínimo, si vemos las encuestas de popularidad o la (poca) duración del ruido mediático.
Si la CNH, la CRE y el Coneval pudieron hacer más para que las políticas públicas en sus respectivos ramos fueran mejores, es una discusión inútil, cosa del pasado, pues. En el presente, tales organismos son cuasi zombies, condición que podrían padecer pronto los de transparencia, de derechos humanos y hasta los electorales.
Y al ver el recuento de organismos autónomos caídos, lo que toca es desaprender que esa era la normalidad mexicana. Una normalidad imperfecta, pero hoy condenada a la extinción. Más vale desaprender pronto, pues además hacerse a la idea de perder lo que se había batallado para instituir, será una tarea dura. Y encima, luego de desaprender tocará hacerse la pregunta de "y ahora cómo empezamos de nuevo".