El martes, los candidatos a la jefatura de Gobierno conocieron datos sobre la seguridad y el Estado de derecho en la Ciudad de México: en justicia y cumplimento de las leyes la ciudad se ha rezagado desde 2018.
Ese día, en el Museo Memoria y Tolerancia, México Evalúa, México Unido Contra la Delincuencia, Corazón Capital y World Justice Program armaron mesas de trabajo bajo el título Justicia Incluyente para la CDMX. Separados, los tres candidatos estuvieron presentes.
En la tercera de las mesas, World Justice Program exhibió resultados anuales de su Índice de Estado de Derecho en México 2022-2023. En particular los datos relativos a la capital, que muestran cómo la CDMX está en el fondo de la tabla.
Ese índice empezó en 2018. Hoy la capital no sólo no ha mejorado su calificación (.36), sino que en el mencionado año ese puntaje le alcanzaba para estar en la posición 25; en cambio, en 2023 repite su .36, pero ahora, por el avance de otros, la capital cae a la penúltima posición entre las entidades.
En la tabla general, debajo de la CDMX está Quintana Roo, y encima Guerrero, Estado de México y Morelos. Los cinco con .36 (la calificación perfecta sería 1). En la parte superior están: Querétaro (.49), Guanajuato (.48), Aguascalientes y Yucatán (.47), y Sinaloa (.46).
El ranking se realizó con 400 encuestas a población general en cada entidad federativa, más 2 mil cuestionarios a especialistas convocados por 11 organizaciones relacionadas con el Estado de derecho, y la consulta de 12 indicadores de fuentes oficiales.
Y sí, como dicen la publicidad tanto del gobierno capitalino como de la candidata Claudia Sheinbaum, uno de los índices donde contrasta (para bien) lo realizado en la ciudad y el promedio nacional es en el tema de homicidios. Ese, y en gobierno abierto, son datos positivos.
En cambio, en la presentación del martes se subrayó que:
-”Su mayor área de oportunidad es en ausencia de crimen, tiene un puntaje de 0.17 y el último lugar nacional, cuyo promedio es .6″.
-”Su mayor área de oportunidad es en ausencia de corrupción en la aplicación de regulaciones, que se ubica en último lugar nacional con un puntaje de 0.26 (promedio nacional: 4.4)”.
-”Ha mostrado un descenso en el acceso a información y a asesoría legal de calidad, con .32 en el lugar 29, por debajo del .41 de 2018, con el que alcanzó entonces el décimo lugar”.
-”Ha mostrado una mejora en la seguridad y respeto a los derechos humanos en el sistema penitenciario, en el lugar 26 con 0.34, por encima del 0.25 y lugar 28 que obtuvo en 2018. En contraste, ha mostrado descensos en la procuración e impartición de justicia eficiente y eficaz con 0.24 desde el 0.33 de 2018; y el debido proceso con 0.35 desde el 0.45 de la primera edición”.
-”Se ubica en el último lugar en la efectividad de legislativo como contrapeso, con 0.26, y en los organismos de control, con 0.21″.
La presentación de los datos del WJP la hizo su director, Alejandro González, y Laurence Pantin, de la Fundación para la Justicia, destacó que los titulares del Ejecutivo no tienen incentivos para permitir la autonomía de la Fiscalía o del Poder Judicial, pues les restaría control político.
Gane quien gane entre Clara Brugada (Morena) o Santiago Taboada (PRI-PAN-PRD) una cosa es cierta: si sólo seguimos viendo el dato “que va bien” (homicidios dolosos), no caeremos en cuenta de que en otros delitos, y en general en Estado de derecho, la capital es colero nacional.