¿Qué tienen en común la candidatura que le tronaron al PAN por simular el origen indígena de un chihuahuense y la diputada panista que se postuló vía acción afirmativa como afromexicana sin tener antecedentes visibles de lucha por esa causa? Si piensan que la respuesta apunta a Jorge Romero, no están tan despistados.
El jueves quedó conformado casi en su totalidad el listado de las y los integrantes de las comisiones de diputados en San Lázaro. En la de Pueblos Indígenas y Afromexicanos el Partido Acción Nacional tiene siete espacios. Seis de esos lugares han quedado definidos con nombre y apellido. Pero hay uno ‘por definir’. Al menos esa es la conformación aprobada la semana pasada en la llamada Cámara baja.
¿No es raro que Yesenia Galarza Castro, guerrerense que llegó a la Cámara de Diputados gracias a que estaba inscrita en el lugar reservado a población afromexicana, no haya garantizado su asiento desde ya en la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos?
Si la lógica sugiere que una de las maneras más efectivas que tiene un colectivo para avanzar una causa es sumarse con otros que persiguen el mismo objetivo, ¿por qué Galarza Castro no se integró desde el principio a la comisión de quienes buscan que las políticas públicas reconozcan –con acciones transversales a toda administración y presupuesto– la importancia de pueblos indígenas y afromexicanos?
Lo anterior, por supuesto, no presupone que indígenas y afromexicanos sólo deban influir desde la comisión respectiva. Todo lo contrario. Pero las labores de cada una de las comisiones con fin específico son cruciales para potenciar las respectivas agendas.
El viernes publiqué aquí que, sin tener antecedentes públicos de autoafirmación o activismo en la causa afromexicana, Yesenia Galarza Castro llegó a San Lázaro como candidata de acción afirmativa vía representación proporcional.
De confirmarse que no es afromexicana, sería el segundo caso en esta legislatura en la que Acción Nacional habría torcido la ley para colar un perfil que a final de cuentas supondría la usurpación de un espacio para personas que han sido marginadas por siglos. Nomás.
El primer caso se dio a conocer el 30 de agosto, cuando el Tribunal Electoral federal tumbó la candidatura de Daniel Martínez Terrazas, un morelense de origen chihuahueño que fue apuntado por acción afirmativa en la lista plurinominal. Él, que ya había estado en San Lázaro de 2018 a 2021, quería reelegirse y se hizo pasar por indígena para asegurar el lugar que las urnas no le dieron. Martínez Terrazas, por supuesto, no estuvo en la Comisión de Pueblos Indígenas en la legislatura pasada.
Donde los casos de Galarza Castro y Martínez Terrazas se ligan es que la primera tiene su domicilio en Tepecoacuilco, y el segundo logró un certificado balín de una comunidad –San Juan Tetelcingo– de ese mismo municipio.
La coincidencia no es casualidad. Según fuentes que prefirieron no ser identificadas, el operador de ambas candidaturas es Julio Galarza Castro, hermano de la hoy diputada, y quien pretende la dirección estatal del PAN guerrerense.
Julio Galarza Castro es, además, aliado de Jorge Romero, coordinador de los diputados en San Lázaro. Si el primero se queda con el PAN Guerrero, entonces el segundo crecería en influencia dentro de Acción Nacional.
Esas son las mañas de panistas que pretenden mostrarse como alternativa de gobierno. Con ellos armó su reelección hace una semana Marko Cortés.
El PAN, que tanto aportó para mejorar las leyes electorales, y para abrir espacios a sectores marginados, hoy simula al postular a cuadros que sólo le convienen a los dirigentes, no a la ciudadanía.