El senador Ricardo Monreal no miente. Los colectivos de mujeres empezamos a cabildear las iniciativas de las senadoras Martha Michel y de Kenya López para que se dictaminaran en Comisiones Unidas. No se reunía el quorum para aprobar una negociación que no convenció a los grupos parlamentarios. Se había omitido el artículo 115 constitucional de la paridad, lo cual era inaceptable para las feministas porque es ahí donde se empiezan a formar loa cuadros políticos y las mujeres sólo habían logrado un 5 por ciento. Hoy ya tienen un 28 por ciento con reformas legislativas locales.
Se había avanzado con sentencias de la SCJN y del Trife que obligaban a la paridad en cabildos, por ser órganos colegiados como los congresos. Si bien la SCJN determinó que la paridad constitucional no contemplaba a las presidencia municipales, definió que las entidades federativas, en el ámbito de sus competencias, podían incluirlas. Así empezó el trabajo de diversas organizaciones feministas por modificar las Constituciones locales y admitir la paridad en municipios. Poco a poco se logró que 26 lo incorporaran en su texto y dos más lo consideraran. Cuando se volvió a presentar la contradicción de tesis entre el TEPJF y la SCJN sobre municipios, el criterio de la Corte cambió porque ya era un hecho consumado la paridad en casi todos los estados de la República. Así se había votado, aunque se decidió un engrose al documento que tardó meses.
Este fue el argumento que convenció a los Senadores. Todos se presumen posibles gobernadores, para incorporar nuevamente el artículo 115 al dictamen de paridad. Hubo muchas otras observaciones y propuestas de modificación de los grupos parlamentarios que se adicionara al dictamen. La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado nos informó que no existía la voluntad política para incluir la paridad en candidaturas para gubernaturas y que el compromiso sería no ponerlo en el texto constitucional.
Las mujeres estamos acostumbradas a dar pasitos en los avances y a evitar retrocesos. Pero esta era una reforma de gran calado que por años luchamos. Así que no mencionar el tema en el texto constitucional, no era un problema, ya que iniciado el proceso de 'paridad en todo' nada detendría los avances. Fueron varios días de trabajo de activistas, feministas y legisladoras para lograr los acuerdos y redactar un dictamen aceptable para todos los partidos.
Por eso Monreal habla de un compromiso político, que existió, pero no se materializó en un texto constitucional, ni en un transitorio a la reforma constitucional que imprimiera gradualidad a la medida, como sí se consideraron otros aspectos. Es decir, no se presentó una propuesta que frenara dicha posibilidad. El dictamen se aprobó por unanimidad en ambas cámaras, tras una serie de ajustes, entre los que se encontraban sanciones a medios de comunicación, competencia de la Segob.
Se publicó en mayo de 2019. Luego empezamos a trabajar en violencia política de género, pues si permitíamos incumplir la paridad sin consecuencias, quedaría el tema sólo en discurso. Se modificaron ocho leyes que crearon delitos político-electorales contra las mujeres, que sancionan con multas y cárcel a infractores, que permiten al INE intervenir para frenar campañas de desprestigio o de calumnias, se estableció que los partidos deberían avanzar en crear una unidad en sus comités dedicada a tratar internamente casos de violencia política por razón de género, entre otros muchos avances. La paridad en leyes secundarias se sigue incorporando en el Congreso.
En muchas entidades federativas no se realizaron las homologaciones y armonización en materia de paridad y violencia política por razón de género. Se impusieron visiones partidistas para tratar de evitar que precandidatos perdiesen posiciones ante mujeres. Pero el INE ha sido muy claro en que se deben aplicar los criterios constitucionales, con o sin reformas locales.
Así sucedió con las candidaturas a gubernaturas, el instituto emitió lineamientos basados en el 41, el 35 y el tercero transitorio constitucionales, que establecen la paridad para todos los cargos de elección popular. Monreal no puede llamarse a engaño o a traición, ya que los textos los redactó el Senado, se negoció con todas las fracciones, se incorporaron todas las observaciones, fue público el contenido y la reforma permite aplicar la paridad en candidaturas a gubernaturas. La ley se cumple, las interpretaciones pro persona y la progresividad de los derechos humanos así funcionan.
Aún cuando nuestra organización no impulsó los lineamientos de las candidaturas a gubernaturas, sí estuvimos trabajando con las entidades federativas y sí solicitamos al INE que los OPLES emitieran lineamientos apegados al espíritu constitucional para evitar que se burlara la paridad. Sin duda el instituto, donde son consejeras varias feministas, impulsaron esta misma decisión para las gubernaturas. Yo la celebro, al igual que muchas compañeras. Estos nuevos lineamientos no implican inconstitucionalidad alguna, ni violación de acuerdos políticos, porque la ley se redactó por consenso con todos los grupos parlamentarios. Así quedó la paridad y debe cumplirse la Constitución, más allá de intereses partidista o de interpretaciones políticas. Esperamos así fallen los tribunales. No cabe otra interpretación pese a la presión que seguramente estarán recibiendo magistrados y ministros.
Los consejeros y consejeras electorales del INE y su presidente Lorenzo Córdova han interpretado correctamente el texto constitucional. La paridad llegó para quedarse. Estamos forjando un nuevo país aún cuando se afecten los intereses de los partidos y sus precandidatos. Porque al final es la sociedad la que se beneficia con una nueva cultura, más incluyente, menos discriminatoria. Son nuevas reglas, nuevos derechos que absurdamente se habían negado. Se abren nuevas oportunidades a las mujeres con igualdad, avanza la democracia.