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Impuestos

10/10/2019
Actualización 10/10/2019 - 12:41

Como ya lo comentamos el PEF 2020 se basa en dos supuestos: una mayor recaudación de 3.7 por ciento con un crecimiento económico estimado en 2 por ciento, aunque analistas estiman será menor; y un crecimiento de la exportación a 1.134 millones de bdp, es decir, un aumento de la producción de poco más de una tercera parte. Ambos supuestos implican riesgos que las calificadoras no desestiman, pero que mantienen aún un superávit que influye en el grado de nuestra calificación riesgo-país.

Para aumentar impuestos, aunque AMLO prometió no hacerlo y solo basarse en una mayor austeridad, cuya ley fue aprobada ayer en la Cámara de Diputados, se aumentan las tasas en IEPS para tabaco, bebidas alcohólicas y refrescos.

Los impuestos digitales pagarán ISR y un 16 por ciento de IVA, lo que aumentará el costo ya que el IVA se monta sobre el IEPS que se cobra, y así aunque el gobierno amplíe la cobertura nacional a regiones alejadas, lo cierto es que los costos harán inviable que la población de bajos recursos accedan a la nueva sociedad del conocimiento, o a las tecnologías de la información.

El impuesto al ahorro se triplica. Pagas por ahorrar lo que ya se gravó, y que constituye parte de un patrimonio legítimo, en estricto sentido no tendría por qué gravarse si tu patrimonio no supera la inflación, aunque el interés o ganancia sí se grava, ahora con un 1.45 por ciento. Este es un pago provisional o adelantado que en la declaración anual puede recuperarse. Cómo estimar intereses reales e ingresos y cuándo se hará eso aún estará por verse.

Gravar a las vendedoras por catálogo con ISR es un tema muy debatido, pues no es una actividad laboral que cumpla con las disposiciones aplicables a una jornada laboral. Sí hay un ingreso y el IVA se entera por las empresas. Quizá existan personas físicas que sí tengan en esta venta un medio de vida y reciban ingresos superiores incluso al salario mínimo.

Pero si la Ley Federal de Trabajo otorga un subsidio a los trabajadores de menores ingresos, hasta de dos salarios mínimos, para pago a seguridad social, resulta incomprensible que a las vendedoras por catálogo se les aplique la regla de presentar mensualmente una declaración provisional y bimestralmente una definitiva, sin otorgarles ningún beneficio fiscal como a otros trabajadores formales. Hay desde luego una gran inconformidad ya que muchas vendedoras son mujeres y amas de casa que complementan ingresos familiares, cifra que la SHCP no desmiente.

La Ley de Austeridad que ayer se aprobó es también muy polémica pues mantiene una prohibición de 10 años de cualquier servidor público de alto mando para trabajar en cualquier empresa que haya supervisado o regulado, lo cual tiene visos de inconstitucionalidad, que quizá se presenten o no juicios, e implica cambios a otras leyes que regulan el servicio público. Se pone como marco el acceso a información privilegiada, tema que ya existía en leyes que imponían restricciones a ciertos servidores públicos de áreas sensibles. Sin embargo, la información cambia mucho en esta era de las NTI, y es absurdo que un especialista que llega a un cargo público por méritos y conocimientos quede excluido de su mercado laboral y no pueda usar sus habilidades para un trabajo.

Otro aspecto muy cuestionado es que el Ejecutivo federal podrá determinar el uso de los ahorros a los fines que estime pertinentes, es decir, se incrementa su poder sobre el ejercicio del gasto, sin pasar por el Congreso, a través de su propio decreto.

La ley ya formaliza el recorte de percepciones por beneficios de servidores públicos, como seguros médicos, seguros de vida (ahora el Estado pagará los riesgos de trabajo), fondos de ahorro o regímenes especiales de retiro. Se limita fuertemente la contratación de expertos o de consultorías por dependencias y entidades, con alguna salvedad en cuanto a la necesidad de ciertos conocimientos y capacidad profesional.

Se limita la creación de fideicomisos en materia de salud, educación, procuración de justicia, seguridad pública y seguridad social, que se utilizaban para resolver aspectos presupuestales en programas prioritarios y solo subsistirán los que existan por ley, tratado internacional o decreto, como están estructurados en su mayoría.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.