Entre cuentas y cuentos, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) es un órgano técnico especializado que depende de la Cámara de Diputados y su función específica es auditar la Cuenta Pública que presenta el Ejecutivo federal cada año. Su titular es el electo por el Pleno con mayoría calificada, es decir, dos terceras partes de los votos, implica acuerdos. Se evalúa capacidad técnica y desarrollo profesional. Hoy David Colmenares, oaxaqueño de impecable trayectoria, conocida honradez y buen juicio, se desempeña en el cargo.
El programa de trabajo de la ASF se aprueba en la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública por los diputados, ellos determinan los temas de mayor interés y auditorías prioritarias. Es siempre materia de controversia entre el Legislativo y el Ejecutivo. Sus resultados son fallas o errores de dependencias y organismos, sus causas y sus costos. Se entregan a los responsables en el servicio público que deberán aclarar situaciones. En un primer momento, antes de presentarse la Cuenta Pública, como parte del proceso de auditoría se pueden solventar observaciones. Pero si son omisos o no aclaran una observación, ésta pasa a ser parte del resultado final que se presenta a la Cámara. De cerca de 11 mil 900 observaciones iniciales, solo se presentaron 6 seis mil 44. Esto significa que los resultados reportados no pudieron ser explicados para que la ASF excluyera los temas.
Acaba de darse a conocer el Informe de la Cuenta Pública 2019. La fiscalización constituye una aportación para mejorar políticas públicas. Todo organismo que ejerza recursos públicos puede ser auditado, abarca a los tres poderes, a estados, municipios y particulares. Se han iniciado mil 834 procedimientos de fincamiento de responsables resarcitorias, es decir, que deben regresar recursos federales; mil 439 expedientes de responsabilidad administrativa; y mil 385 pliegos de observaciones que no fueron solventados y están en análisis los procedimientos de responsabilidad. Hay 13 casos que ya fueron turnados como denuncias penales.
Es obvio que no existe colaboración ni apoyo de la Secretaría de la Función Pública (SFP) a la ASF. Quizá por eso AMLO tiene otros datos. Se negó a los auditores el acceso a la SFP, la cual registra deficiencias en sus investigaciones a funcionarios públicos. Sus integrantes se negaron a comparecer ante la ASF. La pandemia por Covid-19 dificultó el trabajo, pero se superó con auditorías digitales, cuyos resultados son confiables. Se encontraron anomalías de la SCT con más de 22 mil millones de pesos (mp). La Sagarpa con 4.5 mil mp y la Secretaría de Bienestar con 3.9 mil mp.
Se detectó que no existen criterios, metodologías o normativa para el ejercicio del gasto público. No hay padrones confiables de beneficiarios y no se alcanzan objetivos. La cancelación del NAIM costó 332 por ciento más de lo estimado por el gobierno, por pagos a inversionistas, por aspectos técnicos y financieros. Santa Lucía no contó con una adecuada planeación, ni de usuarios, volumen de pasajeros impactado por el Covid, además no se resuelve la interconexión de pasajeros, carga y usuarios con la terminal de dicho aeropuerto, ni su factibilidad para atraer líneas comerciales a dicha ubicación. Los apoyos a Mipymes fueron insuficientes y no eliminaron la informalidad de los beneficiarios. Se cuestionó el aeropuerto internacional Felipe Ángeles pues no existen normas, ni reglas para la construcción y operación de éste. En cuanto al Tren Maya no existe proyecto ejecutivo, ni financiero, hay que aclarar el destino de 156 mp. En la construcción de la refinería de Dos Bocas falta análisis de riesgos ambientales e inundaciones, se debe informar sobre pagos fuera de norma por 75 millones, así como la justificación de adquisiciones directas fuera de norma. La adquisición de pipas para atender el desabasto de gasolina registró deficiencias en cuanto precio, calidad, oportunidad y financiamiento. El tren del istmo de Tehuantepec no se pudo evaluar. No hay elementos suficientes de proyección de transporte entre los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, aún cuando el presupuesto aumentó su proyección de 645 mp a 4.1 mil mp.
El programa Jóvenes Construyendo el Futuro presenta posible daño patrimonial por centros de trabajo que no existen, por pago a beneficiarios fallecidos y duplicidad de pago a algunos becarios, por 57 mp. La contratación de los siervos de la nación debe aclarar 561 mp por no cumplir normatividad. El Censo de Bienestar es deficiente e incompleto. Las sedes de las Universidades del Bienestar Benito Juárez incumplen la normatividad, no se identificó a la población objetivo, y se cuestiona si logrará apoyar a jóvenes de municipios de alta marginación. En cuanto a la pensiones para discapacitados, tampoco se identificó a la población objetivo, ni sus características, y no se acreditaron los pagos. En el programa de apoyo a adultos mayores no existe un registro de beneficiarios. Sembrando Vida opera fuera de su norma, sus lineamientos ya de por si deficientes, no permiten ubicar población objetivo, ni montos, y no se puede comprobar la información, el logro del programa no puede evaluarse.
Aunque AMLO presionó y el auditor cedió, una cosa son las cuentas, y otra los cuentos de las mañaneras.