Rosario Guerra

Consulta a pueblos indígenas

Rosario Guerra indica que los pueblos indígenas del sureste, mayas en su mayoría, no tienen idea de cómo les afectará/beneficiará el proyecto del tren, pues desconocen la propuesta de asociación que ya se anunció, no se han efectuado las consultas.

México suscribió el Convenio 169 de la OIT que establece como derecho humano, de titularidad colectiva, la consulta a los derechos indígenas y tribales. No se trata de un derecho de participación o de información. Es un instrumento internacional vinculante. Parte de dos derechos: el de los pueblos indígenas a mantener sus culturas, formas de vida e instituciones propias, y el de participar de manera efectiva en las decisiones que les afectan.

Se establece que los pueblos indígenas tienen derecho a decidir sus propias prioridades en su proceso de desarrollo, sobre todo cuando éste afecte sus vidas, creencias e instituciones, su bienestar individual, o cuando se afectan las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera y controlar en la medida de lo posible, su desarrollo económico, social y cultural.

Se busca combatir la marginación y discriminación que padecen. Y promover el acceso a la igualdad con toda la población para gozar de los mismos derechos. Entre las obligaciones se establece que el gobierno debe consultar a los pueblos indígenas, mediante procedimientos adecuados, a través de sus instituciones representativas, cada vez que medidas administrativas o legales les afecten. Deben participar libremente, se les debe presentar toda la información, los estudios, con traducción a su lengua materna, deben hacerse de buena fe a fin de lograr acuerdos y solucionar conflictos.

El aspecto relativo a sus tierra tiene consideraciones especiales por la relación que implica con sus culturas y valores, ya sea las ocupen o solo las utilicen, tengan propiedad o solo posesión, y abarca la protección de sus recursos naturales. En caso de explotaciones mineras, hídricas, u otras, que afecten a los pueblos indígenas, el gobierno debe consultarlos a fin de determinar si se les afecta y deben participar de los beneficios que reporten tales actividades, o bien, recibir la indemnización equitativa a la afectación. En caso de reubicación, se debe contar con su consentimiento, dado libremente y con pleno conocimiento.

Este marco legal se ha invocado reiteradamente ante los nuevos proyectos de infraestructura que el gobierno de AMLO impulsa. Preparar y realizar las consultas, conforme a protocolo aplicable, implica organizar reuniones, materiales, traducciones a fin de que en asamblea los pueblos indígenas decidan si apoyan un determinado proyecto o no, los beneficios que pueden recibir, si se asocian o ceden tierras, a cuanto ascenderán los pagos o que beneficios que se recibirán, términos, plazos y condiciones, para formalizar los acuerdos respectivos.

Estas consultas a pueblos indígenas, conforme al Convenio 169, nada tienen que ver con las que AMLO ha venido realizando sin apegarse a ningún marco legal, criterio de imparcialidad o de seguridad sobre el proceso y resultado de sus consultas, que son hechas a modo para justificar decisiones ya tomadas, como reiteradamente se ha señalado.

El abuso de la figura de la consulta pública sin contar con mecanismos que garanticen participación libre e informada, y resultados confiables generan nerviosismo porque se vulnera el Estado de Derecho. Se utilizan para cancelar contratos pactados, se asumen altos costos por decisiones que no necesariamente cuentan con un respaldo técnico y económico. Así lo mexicanos pagaremos por un aeropuerto que no se va a construir. Los pueblos indígenas del sureste, mayas en su mayoría, no tienen idea de cómo les afectará/beneficiará el proyecto del tren, pues desconocen la propuesta de asociación que ya se anunció, no se han efectuado las consultas. Amparos contra termoeléctrica en Huexca también se refieren al aspecto de la consulta a pueblos indígenas, más allá de si las comunidades se pueden reconocer como tales.

Pero hay buenas noticias, AMLO y el CCE se comprometieron a combatir corrupción, lo que implica apego a la legalidad, que implica respetar el marco que rige las consultas. Y también combatir pobreza extrema, que afecta más a los indígenas, así como hacer de la inversión "una obsesión" para crecer al 4%, acciones más efectivas que subsidiar la pobreza con recursos que no rompen círculos viciosos. Podemos pues reconciliarnos, iniciar coinversiones y empezar a trabajar para crecer.

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