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20/06/2019

Es bien conocido el rechazo de la opinión pública al financiamiento de los partidos políticos. Se les sataniza y se piensa que el gasto electoral es un derroche de recursos. No se considera útil, y el análisis simplista olvida la importancia de la democracia. La convivencia de lo diverso en armonía, con respeto, es fundamental para la paz social del país. Sin caminos de expresión para la disidencia se recorre el camino hacia la violencia. Por eso lo importante no es cuánto cuesta la democracia, sino cuánto vale. Es el único método que permite coexistan y se retroalimenten diversas visiones.

Sartori señalaba que “en las democracias la oposición es un órgano de la soberanía nacional tan vital como el gobierno. Cancelar la oposición significa cancelar la soberanía del pueblo”. El valor de la política es la resolución pacífica de las controversias. A través de ella hemos evolucionado, en innumerables reformas, hacia mejores formas de relación, dejamos atrás conflictos postelectorales, perfeccionamos instituciones, Segob ya no organiza las elecciones. Es el INE, un órgano autónomo y profesional con la participación de ciudadanos, el que define procedimientos y da a conocer resultados. Se descentralizó una buena parte de la vida nacional, se avanzó en transparencia, legalidad e imparcialidad, lo que permitió cambios pacíficos en la alternancia presidencial. No es un logro menor.

Los partidos tienen fallas, sin duda, se han burocratizado y no promueven la participación ciudadana en aras de la defensa de cargos y posiciones. Se han cerrado a la sociedad y el castigo ha sido brutal. Pero eso no significa que estemos de acuerdo en el predominio de Morena, a través de una supuesta reforma electoral que pretende centralizar todos los procesos electorales, que pretende acabar con la descentralización y con los OPLEs y la labor que realizan en temas de cultura política y capacitación, foros, consultas, para sustituirlos por una sola función, la electoral, cada tres o seis años.

No queremos un INE a modo. Se ha criticado proceso de nombramientos, pero al menos se requería de mayorías calificadas para lograrlo. Hoy se quieren sustituir propuestas y acotar número para tomar control del Consejo. Desde luego se pretende reducir aún más los recursos y quizá los plazos electorales que han venido bajando en varias ocasiones. Se le niegan recursos al INE para que tropiece.

Y por si no fuese suficiente, se pretende aprobar una revocación del mandato que promueva el propio mandatario y no los ciudadanos, que se realice como una especie de referéndum que permita al presidente López realizar campaña política junto con los candidatos a diputados en 2021. ¿Más ventajas? Morena cuenta con suficientes recursos para las campañas y mantiene una amplia delantera sobre sus competidores, tiene el control de la Cámara de Diputados y ha empezado a lograrlo en Órganos Autónomos y Consejos de Administración. Se realizan adquisiciones directas sin licitación porque la centralización le resta eficiencia y transparencia. Y desde luego surgen dudas.

Con tanto control y ventajas, por qué Morena quiere acabar con la competencia política y electoral, reducida a una minoría. Acaso la baja de popularidad enciende focos rojos, o simplemente se quiere el control absoluto del país, porque por el momento todo apunta a que no necesitan meter reversa al proceso democrático para afianzarse en el poder, y si la oposición avanza, tampoco esto entraña un peligro para el país.

El tema de la corrupción todo lo encubre, desde los corruptos, salvo el caso denunciado desde EU sobre Fertinal, no hay procesos, se acusa que la falta de medicinas, la desaparición de estancias infantiles y refugios para mujeres maltratadas, entre otras medidas, son por casos de corrupción sin un solo castigo, lo que supone impunidad o inocencia. Ambos resultados negativos.

Desde luego que pueden aprobar con su mayoría los cambios de ley, no los constitucionales, y deben hacerlo bien, o surgirán amparos contra leyes regresivas. Aún cuando AMLO amenace a quienes se amparan de denunciarlos por corruptos y defensores de negros intereses, mejor haría en tomar la vía jurídica que la mediática para reforzar sus palabras. Porque le guste o no se debe respetar la ley. Solo nos queda apostar por la independencia de la SCJN, otro Poder al que también se quiere someter. Alerta.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.