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17/01/2019
Actualización 17/01/2019 - 14:47

El 27 de diciembre AMLO anunció que había iniciado en días anteriores un Plan Conjunto contra el robo de gasolina, esbozado desde el 7 de ese mes. Descontando domingos y el día de toma de protesta, se contabilizan tan sólo 21 días el tiempo en que se planeó y empezó la ejecución de dicho plan. Se señaló el costo del saqueo ascendía a más de 60 mil millones de pesos, con robo de 600 pipas de 15 mil litros, por un valor de 200 millones de pesos diarios.

Se dijo que sólo 20 por ciento del robo era por ordeña, el resto se efectuaba en complicidad de funcionarios de gobierno y una red de distribución, por lo cual se tomaría el control de 58 instalaciones estratégicas. Serían 15 dependencias y entidades las que participarían en este plan. Se centraría en el robo de pipas, porque la ordeña de ductos era una “cortina de humo”, AMLO hizo un llamado a la población a no robar. Se informó de cinco personas sujetas a proceso y de una disminución de 17 por ciento en el robo.

Así empezó la historia. Hay mil 485 pipas en Pemex y cerca de 8 mil 300 kilómetros de poliductos. Cuando al regreso del periodo vacacional se empezó a detectar desabasto de gasolina en el centro del país, se nos informó que se habían cerrado los ductos para controlar el robo. Por tanto, las pipas eran insuficientes para la distribución. Se habló de que se habían rescindido contratos a 103 gasolineras. Rocío Nahle, de la Secretaría de Energía, ofreció disculpas.

Se apoyó la distribución mediante contratos de 3 mil 400 pipas para el abasto, pues con las existentes sólo se podía atender de 10 a 15 por ciento de la demanda. A los estados más afectados Jalisco, Guanajuato, Hidalgo, Tamaulipas, Querétaro, Edomex, pronto se sumaron otros como Michoacán y la propia Ciudad de México. AMLO declaró el 7 de enero, que no había desabasto, ya que no había escasez, tan sólo un problema de logística en la distribución. No se dio fecha para restablecer el suministro.

Las compras de pánico incrementaron el problema, largas filas de automóviles ante gasolineras cerradas esperando que pipas surtieran combustible proliferaron en 10 estados de la República. Banco de México alertó del impacto de la escasez sobre la economía y la inflación. El Centro de Estudios del Sector Privado estima que aún es prematuro dar cifras, pero que el costo podría ascender a 6 mil millones de pesos, es decir 0.03 por ciento del PIB. Empresarios alertan de afectaciones en cadenas productivas y comerciales. Gobernadores solicitan información y coordinación para atender el problema.

Se desata la polémica. Redes sociales son el foro de confrontación, prensa, usuarios, relatan consecuencias de la medida. AMLO señala que no dará marcha atrás, habla ya no de robo, sino de sabotaje, en especial en el ducto que suministra la estación Azcapotzalco, lo que causa la escasez en Valle de México. El 14 de diciembre titulares de SAT y de la UIF de la SHCP informan de investigaciones que involucran a políticos, dueños de gasolineras, servidores públicos, por lavado y evasión fiscal producto de comercio ilícito de gasolinas. Se dice que esta semana se regularizará abasto en Valle de México, no así en el resto del país. No hay capacidad de almacenamiento y las inversiones privadas derivadas de la reforma se han detenido.

Encuestas revelan que AMLO cuenta con el apoyo mayoritario de la población en su combate contra robo combustible, lo cual no sorprende. Nadie puede estar a favor del saqueo a la nación. La mayor parte de la población se mueve en transporte público y propietarios de auto lo utilizan en forma personal. El impacto directo es pues relativo. No así las consecuencias de la medida.

Si se trató de una estrategia o de una ocurrencia porque “le colmaron el plato” a AMLO, para evaluar un plan de 21 días, tenemos que esperar resultados. Investigaciones en proceso no pueden ser públicas. El Congreso pide explicaciones y no se realiza la comparecencia de funcionarios. Si realmente se abate el robo de pipas, si ya no se ordeñan los ductos, si se capturan a peces gordos que operan la supuesta red y hay castigos, si se logran resultados contra lavado de dinero, podremos estar muy reconocidos de la medida. Porque hoy el costo es muy alto, los ahorros del robo se anulan por el costo, 14 veces mayor, de distribución por pipas. Comprar 500 más no resuelve. Si el ahorro se hace permanente entonces el saldo será positivo. Ojalá así ocurra.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.