Rosario Guerra

Ingreso y gasto públicos

Para 2024 se continuará con la estabilidad macroeconómica y fiscal, lo cual es una buena noticia, pero el problema es que se financiará con deuda.

Se recibió ya el paquete económico que propone el Ejecutivo para 2024. Señala que han caído los ingresos en 2023 y que la 4T debe mantener la política social de apoyo a diversos grupos. Estima la inflación anual en 7.62%. El comercio exterior sigue siendo un ancla para el crecimiento económico, sobresale la industria automotriz, agropecuaria y manufacturera, pese a la caída de 24% de las exportaciones petroleras, que hace décadas hubiese sido un desastre nacional. Ahora lo es, pero en una dimensión distinta que se lleva buena parte del gasto público, sin generar más petróleo, y de gasolinas, ni hablamos, continúa la importación. AMLO no podía cumplir la promesa de bajar costos de combustibles porque son fijados por el mercado mundial. La guerra Rusia - Ucrania ha generado problemas de abasto en combustibles y productos agropecuarios y afectado los mercados mundiales.

Para 2024 se espera un crecimiento moderado de 3%, menor al de 2023, pero sin recesión. Se continuará con la estabilidad macroeconómica y fiscal, lo cual es una buena noticia, pero el problema es que se financiará con deuda. Se espera un crecimiento del empleo y disminución de la inflación. Se hace un recuento de la deuda pública en 2023, sus intercambios de pasivos, refinanciamiento y emisión de bonos y emisiones de deuda. La proporción de la deuda respecto al PIB en 2023, ascendió al 38.8%.

Para 2024 se busca cubrir las necesidades del gobierno federal y el financiamiento sostenible. Se pide un monto de 1 billón 990 mil millones de pesos con tasas mayores. Así mismo se solicita que el Ejecutivo Federal pueda realizar empréstito, contratar y ejercer en el exterior créditos, emitir valores y refinanciar obligaciones del sector público hasta por 18 mil millones de dólares, como monto del endeudamiento neto externo. En deuda interna se propone incluir atribuciones para incurrir un mayor endeudamiento interno del autorizado. Esto, adicional a la deuda de Pemex y CFE. En suma, la deuda con respecto al PIB será de 48.7%. Cierto es que sin dinero no hay derechos, pero endeudarnos para regalar dádivas, para financiar mega obras que deberán subsidiarse, como el AIFA, y por gasto público, es suicida porque para pagar la deuda no estamos invirtiendo en proyectos productivos o de desarrollo y eso hará crisis en el pago de ésta.

Se otorgan beneficios a las fuerzas armadas en construcción de puertos, aeropuertos, otras obras y servicios que administrarán para incrementar recursos propios. Se otorga al gabinete social atribuciones para disponer de bienes decomisados y otros actos para dedicarlos a sus fines. Es decir, más gasto para dádivas, a militares y a grupos sociales con fines electorales.

Por el contrario, se castiga el ahorro de particulares con una tasa a los ingresos por intereses del 1.48%, un aumento de casi 10% respecto a 2023. A las donatarias autorizadas se les imponen más obligaciones para mayor transparencia. También se propone que el SAT publique estudios sobre la evasión fiscal en México. La ley prevé que los pagos a estados y municipios se paguen con atrasos, pero no se generará un cargo por intereses, si es en sentido contrario, si se deberán pagar rendimientos financieros. No hay incentivos al ahorro y por tanto, tampoco a la inversión, con tasas caras que frenan el financiamiento de proyectos y el remedio es castigar a quienes tienen el buen hábito de ahorrar, con el pretexto de que el ahorro se ha recuperado por las altas tasas.

En cuanto al gasto público, se estima en alrededor de 9 mil millones de pesos (de los cuales casi 2 mil millones serán deuda), lo que representa un crecimiento real de más del 4%. El gasto social dedicado a dádivas será mayor a 800 mil millones de pesos y 890 mil millones de pesos se usarán en obra pública, o sea las megaobras de AMLO y las construcciones dadas al ejército. El gasto en salud disminuye y se transfiere al IMSS Bienestar, que nadie sabe cómo funcionará. Se dedicarán 2 mil quinientos millones de pesos a estados y municipios. El ramo 23 (apoyo a estados y municipios) sigue disminuyendo y los recursos a convenios de descentralización cayeron en 4%. Aumenta el monto para las pensiones, tanto las institucionales, como las del programa bienestar y se convierte en un problema su financiamiento a futuro.

No hay dinero para el anexo 13 que atiende a las mujeres, no hay refugios, ni apoyos por violencia de género, no hay estancias infantiles. Hay una disminución en el gasto en medio ambiente del 11.4% que afecta la infraestructura hídrica. En educación el gasto crece en 2.7%, que es insuficiente para atender al sector. El pago de la deuda actual se lleva casi mil millones de pesos. Solo tenemos inversión pública por 600 millones de pesos, por tanto, no habrá con qué pagar el servicio de la deuda. No hay apoyos a la generación de energías limpias, seguiremos incrementando el déficit, que ya es patente en el sureste.

En la Cámara de Diputados, el debate será intenso y duro, las críticas se centrarán en endeudar al país por una campaña presidencial, de gobernadores y de Congreso. Los argumentos serán intensos y llenos de datos duros. La irresponsabilidad de aumentar el gasto con deuda pública, que aún a estas alturas AMLO niega, es un plato que tendremos que comernos en un futuro próximo y que será muy duro para los más de 2 millones de personas en pobreza extrema que AMLO ha creado.

Más allá de quién gane la elección presidencial, el actor principal será el Congreso, donde se tendrán que aprobar medidas fiscales para recomponer las finanzas públicas y evitar caer en una crisis que castigue más a los de menores ingresos. El nuevo gobierno tendrá retos enormes para reconstruir al país y rehacer políticas públicas responsables y sensatas para mejorar la calidad de vida de la nación. No puede el nuevo gobierno escapar a los problemas del pago de deuda y de caída de ingresos por falta de certeza jurídica para la inversión. El futuro de los jóvenes no está en los programas asistenciales. Deben capacitarse para encontrar empleo en las nuevas empresas, aprovechar el nearshoring, con manejo de Nuevas Tecnologías de la Información y otros programas para reinventarse hacia un futuro donde la competencia mundial seguirá marcando el rumbo.

Los paneles con EEUU los podemos perder, pues la evidencia científica en maíz o en energía no son sólidos y esto nos costará grandes multas. Hay poco margen en el Presupuesto de Egresos de la Federación para hacer frente a este problema. Tampoco hay posibilidades de apoyar a la industria automotriz frente a los problemas que derivarán de la huelga que paralizará a las tres grandes armadoras. Son parte de los riesgos que el gobierno debe resolver. Unos requieren de echar marcha atrás políticas erróneas, (maíz amarillo y energía) y otros requerirían de apoyos fiscales o financiamiento, pero el PEF no tiene espacio para estos asuntos, pese a que el sector automotriz es el de mayor peso económico por las exportaciones que se realizan.

Por eso es importante conocer el programa que en su momento presentarán las candidatas. Ya Xóchitl Gálvez criticó el proyecto económico de AMLO para 2024. En esa crítica queda claro que sabe que se enfrentará a una elección de Estado, donde se enfrentará a las dádivas, el narcotráfico, las descalificaciones y amenazas de las instituciones, y problemas de su seguridad personal y familiar. No cualquiera aguanta esa presión. La misma ya se dibuja en el PEF 2024, que se discutirá en el Congreso, pues su orientación es totalmente política, incluso aumentando el déficit público con irresponsabilidad. Pero ya la alianza Morena-PT-PVEM anunció que no cambiará ni una coma al proyecto. En efecto, AMLO no suele negociar, no le interesa. Ya lo vimos en el grito y el desfile, donde se ubicó a él mismo como todo el poder del Estado. Y las fuerzas armadas serán otro brazo de apoyo de AMLO. Solo el voto masivo nos puede salvar. ¿Tú que harás?

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