Todos los partidos tienen agravios contra el TEPJF, lo cual es normal en un régimen democrático. El Tribunal llena los espacios que la legislación no define; interpreta la aplicación de las leyes electorales; sanciona diferentes faltas cometidas por partidos, candidatos, dirigencias y particulares. El sistema judicial electoral fue una demanda surgida del PAN para buscar una justicia electoral que desplazara la práctica de la calificación electoral por colegios electorales, donde se imponía la mayoría y no las razones.
Desde esa época en que surgió el Tribunal Electoral, hasta llegar al TEPJF han pasado varios procesos de perfeccionamiento del marco jurídico electoral. Se puede o no estar de acuerdo con sus decisiones, pero sus fallos son definitivos. Por una parte, molesta al Legislativo que intervenga en su vida parlamentaria, ordenando dar un lugar a Movimiento Ciudadano en la Comisión Permanente, cuando no es un tema electoral. Los partidos alegan que se debe respetar su autoorganización y su autodeterminación, lo cual es correcto, siempre que estas facultades se apeguen a las leyes electorales.
Por ejemplo, el TEPJF estimó que los partidos debían tener una instancia interna de solución de casos de violencia política. Cada partido lo hará conforme lo estime conveniente, según su organización y sus jerarquías, pero el Tribunal lo que hace es dar vigencia a la ley; intervenir en la vida interna de los partidos es otra discusión. Recordemos la elección de 2011-2012, donde se ordenó en ley una cuota 60/40 en candidaturas. Los partidos no la cumplieron alegando que no había mujeres capaces. Al registrar sus fórmulas el INE las rechazó, por lo cual debieron cambiarlas para cumplir con la cuota. Una vez electa la candidata, muchas renunciaron a su cargo para dejarlo a su suplente, un varón. Esto causó indignación, y Mujeres en Plural estableció una demanda contra los partidos en defensa de los derechos políticos de la ciudadanía.
La sentencia 12624 acabó con la simulación. Se estableció suplente mujer de propietaria mujer. Se alternaron las listas plurinominales en segmentos de cinco con dos de un mismo género. Se prohibió mandar a las mujeres a distritos perdedores y así el INE elaboró un listado al efecto. Se ordenó destinar un 3 por ciento del presupuesto de los partidos a la capacitación de liderazgos femeninos. Esta sentencia fue histórica al tutelar los derechos políticos de las mujeres que los partidos se negaban a cumplir.
En 2015 el TEPJF estableció los elementos de las acciones afirmativas para proteger a grupos discriminados, a fin de hacer realidad la igualdad. Con base en la Constitución y la ley contra la discriminación y otras más, obligó a los partidos a establecer cuotas para los grupos en desventaja. Quizá no gustó a dirigencias partidistas, pero se cumplió con preceptos legales y constitucionales.
Cuando impulsamos las iniciativas de paridad en todo, iniciativas de senadoras, avanzamos también en definir y castigar la violencia política contra las mujeres en razón de género, pero no como causal de cancelación de una elección. Tampoco logramos paridad en presidencias municipales, ni en gubernaturas. Sin embargo, los órganos autónomos, INE y TEPJF, los introdujeron. Hoy hay más gobernadoras y presidentas municipales y se han cancelado elecciones por motivo de violencia política, gracias a las sentencias del TEPJF. Temas que no están en ley.
Ante la resistencia en entidades federativas de homologar en sus constituciones y leyes contenidos de igualdad, el INE y el TEPJF emitieron criterios para que los OPLES siguieran la legislación general y federal y no la restrictiva local. Así se logró un Congreso más paritario. Cuando algunos partidos quisieron hacer de la paridad una cuota de 50 por ciento y sacar mujeres de listas plurinominales para que hombres ocuparan las curules a fin de tener un pleno de 50 por ciento, el Tribunal aclaró que la paridad no es un techo, sino un piso, para proteger a las mujeres de siglos de discriminación y que, según la votación emitida, podían ser mayoría en los plenos.
Por la vía jurisdiccional mujeres y grupos vulnerables hemos logrado proteger y avanzar en nuestros derechos político electorales, a través de los principios de progresividad de DDHH y de sentencias pro persona. Hoy los partidos dicen serán garantes de la paridad, la no violencia y las acciones afirmativas. Ciertamente ha cambiado el panorama, pero nada garantiza que no se introduzcan retrocesos. Si al TEPJF se le quitan facultades para proteger los derechos políticos ciudadanos, acotando sus competencias y atribuciones, ¿cómo se garantizarán nuestros derechos políticos, que son derechos humanos?
Los partidos y algunos legisladores estiman que se deben poner límites al Tribunal Electoral, pero desnaturalizarlo es quedarnos sin un árbitro que nos defienda. ¿Cómo resolver conflictos al interior de los partidos? Hay quienes proponen sea la SCJN la que emita los fallos, pues consideran a los partidos como autónomos en su gestión, pero esta salida, poco práctica, no resolverá el problema, porque los partidos son entidades de interés público que representan a la sociedad en los procesos electorales, pero los autónomos son los órganos electorales y vulnerarlos es acabar con la imparcialidad, la legalidad y la certeza. Si hay excesos en la actuación del Tribunal el diálogo debería acotar éstos y se puede mejorar el marco jurídico. Destruir el sistema sin crear alternativas, no es la mejor propuesta.
Que la oposición se una a Morena para una reforma constitucional sin beneficio para la ciudadanía es contradictorio con las acciones de inconstitucionalidad presentadas por los partidos contra el plan B que defiende al INE y al TEPJF. Por eso las explicaciones no cuadran con las demandas de las marchas ciudadanas. El PRD al parecer se desmarcó, El PAN ya lo hizo en el Senado. Hay muchas voces en Morena que tampoco apoyan la iniciativa.
Un amigo me comentó: “que pena andar defendiendo instituciones cuya labor es defender derechos ciudadanos” y tiene razón. Si se viola paridad, derechos de minorías, derechos de militantes, no se castiga la violencia política, ante quién vamos a acudir en busca de justicia. El TEPJF quedará impedido con esta pretendida reforma. Por eso es un retroceso.