El Presidente dijo este martes que su gobierno lograría un crecimiento económico de al menos 4% en promedio durante su gestión. Qué bien que se comprometa con una meta de ese calibre, que para el Grupo Nuevo Curso de Desarrollo de la UNAM es la mínima necesaria; lograrla supone crecer por encima de ella por varios años, contando el actual, en el que no hay visos de un desempeño como el propuesto. De hecho, lo que puede esperarse es un crecimiento que apenas supere el 1% lo que implica que el producto por persona se estanque.
No sabemos cómo va a encarar el gobierno esta posible, más que probable, reducción del ritmo de crecimiento; queremos suponer que tanto el señor Urzúa, su equipo y la Secretaría de Economía tienen planes de contingencia. Y también que la rebautizada Secretaría del Bienestar, está lista para "cachar" a los expulsados de la economía de mercado, para evitar que vuelva a cumplirse la añeja proyección del doctor Gerardo Esquivel de que nuestra economía excluye cuando entra en recesión y no incluye cuando se recupera.
La política económica necesita recuperar su añeja categoría de proceso político social que, al final, expresa alguna correlación de fuerzas que puede modificarse para hacer algún giro en el manejo de las variables principales. Práctica que se perdió en la bruma del cambio estructural globalizador, cuando la política monetaria se apoderó del escenario y relegó a la política fiscal a la cuneta de la deliberación pública. Como también se necesita desempolvar el paquete de desarrollo que tiene que ver con las inversiones públicas, el papel de la banca de desarrollo y otros planos, olvidados o vueltos tabús por el predominio, nunca legitimado, de la ortodoxia convencional que se impuso desde y en el Estado, luego del colapso desarrollista de los años ochenta.
La opinión de que México tiene que crecer y puede hacerlo, es compartida por muchos grupos de la sociedad; coinciden tanto lo que nos queda de movimiento obrero organizado, como la militante Coparmex o la parsimoniosa Concamin. Lo que está por saberse, es lo que piensan las cúpulas, más allá de sus ofertas de ocasión como las escuchadas el lunes pasado, cuando se constituyó el Consejo para la Inversión, el Empleo y el Crecimiento. Se necesita un compromiso explícito con un programa de inversiones, nacional y debidamente regionalizado, como punto de partida ineludible para iniciar una jornada de recuperación del desarrollo, encabezada por el gobierno y secundada por quienes controlan hoy los principales renglones de las fuerzas productivas.
Recuperar cuanto antes a Pemex y dar su lugar a las universidades, para emprender una campaña por la innovación, deben ser asignaturas urgentes para que, de irrumpir la temida recesión, no estemos inermes ni distraídos. Las fronteras entre lo importante y lo urgente parecen deslavarse. Sin la inversión pública, necesaria y oportuna, no habrá la inversión privada que se requiere y, nada de esto ocurrirá, si el país no se prepara para cruzar los difíciles pero promisorios terrenos, de una reforma hacendaria en toda forma.
Los tres años de gracia propuestos por el presidente López Obrador se gastaron en la coyuntura alevosa de una inminente recaída en la dinámica productiva y del empleo. Antes de lo esperado llegó la hora de actuar. Hay que hacerlo.
Nada es más nocivo que una recesión, si no provocada, sí resignadamente recibida.