Como ocurre con la (in)seguridad pública, la sensación de última hora se apodera del ánimo colectivo pero también ensombrece los ámbitos que se relacionan directa o cercanamente con la economía. La masacre de la familia LeBarón nos encara con el hecho brutal de que nadie está seguro y que, además, las prácticas bárbaras son las que predominan. Y, aunque hace ya varios años que el "factor seguridad" apareció entre los primeros lugares de los señalamientos que afectan el ritmo de crecimiento general de la economía, hoy van a reclamar una centralidad oprobiosa y ominosa, vuelta imagen global dominante por el cinismo incontinente del presidente Trump en éstos y en muchos más asuntos.
Es innegable que hay vinculaciones fuertes entre el desempeño económico y el carácter y la conducta social, aunque no siempre puede probarse una determinación directa entre, por ejemplo, la criminalidad, en nuestro caso la llamada organizada, y el ciclo industrial. De aquí la complejidad del análisis conductual y lo riesgoso que es señalar una relación lineal entre la economía, la política y las relaciones y pulsiones comunitarias e individuales.
Dicho esto, parece obligado llamar la atención sobre las reiteradas advertencias sobre las disonancias de la dinámica económica y las actividades que la conforman, y sus cada vez más acentuadas tendencias a la recesión abierta. Tomar nota de estas llamadas y empezar a actuar es parte de lo que se espera del gobierno, en especial de uno que, como el actual, se ha comprometido una y otra vez con la superación de la pobreza y la protección de los vulnerables que, por cierto, son la mayoría y no contingentes marginales, excluidos de la economía o el comercio, ni deben su circunstancia solamente al desempleo sino a otras categorías de la ocupación y las remuneraciones. Son mexicanos que están fuera de los sistemas de seguridad social, que no tienen acceso efectivo a la atención y el cuidado de la salud; además, la educación que reciben sus hijos es precaria y en buena medida teñida por ausentismo magisterial que deriva en deserciones tempranas y masivas. Así, el corrosivo círculo de la pobreza multidimensional, que no tiene correctivos fáciles ni mágicos, se cierra.
La industrial ha sido por muchos años la actividad económica insignia del desarrollo nacional. En su implantación y desenvolvimiento se han invertido esfuerzos y recursos y, también, se han cometido muchos excesos, como lo han mostrado los análisis serios sobre nuestro proteccionismo y políticas industriales, pero su fuerza como emblema y horizonte se ha mantenido porque lo que el cambio estructural de fin de siglo proclamaba no era el fin de la industrialización, sino su redireccionamiento y cambio de composición y funciones objetivo. Los resultados no han sido ni los prometidos ni los buscados, pero la centralidad de la industria debería ser indiscutible.
No se trata de negar los éxitos exportadores agrícolas amarrados a la apertura externa y el TLCAN, pero sí de pedir a la autoridad la atención debida a un conjunto de emprendimientos que resumimos bajo el vocablo de industria, del que depende en gran medida la salud cívica y social de regiones enteras. De esto da puntual cuenta el manifiesto del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC) publicado recientemente y del que se esperaría una manifestación de los responsables de la conducción económica.
Una recaída mayor de la industria, por debajo de la reportada por el IDIC y por los datos recientes del INEGI, tendría que ser encarada como lo reclama, con razón, el IDIC: con una política industrial que sin renunciar a lo ganado con el Tratado y la apertura externa, asuma que es en el mercado interno y la diversificación productiva donde se juega el destino económico del país y en gran medida nuestra convivencia social. La centralidad histórica de la industria no es una exageración. Negarla, es síntoma de subdesarrollo mental y frivolidad política.