Por si algo le faltara, el gobierno de la Ciudad de México enfrenta un desacato masivo de los restauranteros y sus trabajadores, quienes exigen la apertura de sus negocios antes de tener que levantar mesas y cerrar. Después de muchas entradas y salidas y ante el recrudecimiento de la pandemia, la autoridad decretó el cierre total hasta nuevo aviso y todo se (re)pintó de negro en el horizonte económico de esta y otras actividades que, más o menos, viven al día.
Cuánto pueden aguantar sin vender sus mercancías o prestar sus servicios no es pregunta baladí para los cientos de miles que sirven alimentos o los preparan o son proveedores de quienes los procesan. Es verdad que depende del tamaño de cada establecimiento y firma, de su capacidad de endeudamiento con la banca comercial o con los usureros, de los ahorros con que inició este infausto viaje; son muchos los factores, pero un solo destino: la quiebra o el cierre por un lapso incierto y nebuloso.
Al agravarse su situación inmediata con el nuevo cierre, la decepción se vuelve encono y el desacato vehículo para expresarlo, sin considerar sus implicaciones legales y de otro corte. Es el reclamo airado y sin cauce, salvo el que la autoridad se atreva a ofrecer.
Llegar a un acuerdo entre la autoridad capitalina y la industria del restaurante debería ser cuestión inmediata. El gobierno debe asumir, de una vez por todas, que fueron decisiones políticas, sin duda válidas y legítimas, las que llevaron al cierre de esos negocios; no había, que se sepa, otros factores de efecto inminente emanado de su propia situación financiera o comercial. Fue en aras de la protección general, pública, de la salud, que se les impuso incurrir en unos costos que, hay que subrayarlo, de ser públicos se volvieron sin más privados y su superación una variable dependiente de sus propias habilidades y recursos.
Así, la sociedad y el Estado asistían al cultivo de una flagrante cuestión de inequidad social y política que solo puede subsanarse con un programa inmediato de transferencias y apoyos en lo fiscal y otras erogaciones institucionales, para proteger el empleo, los trabajadores, la empresa y los empresarios. Aquí no hay rescate, mucho menos un Fobaproa como el que, un día si y otro también, es invocado por el Presidente para negarse a realizar una política de protección y fomento.
Aunque un programa como este debería haberse desplegado desde hace meses, y no solo con los restauranteros, como lo planteó en su momento el colega y amigo José Casar ('Economía moral de la pandemia', Nexos, 23 de abril de 2020), todavía puede enmendarse el rumbo y darle a la política fiscal un eminente carácter público. Y, desde ese piso firme, decidir sobre la mezcla de recursos a poner en movimiento.
Hay que decirlo una vez más: en tanto el gobierno y el Estado en su conjunto no asuman que el desvanecimiento económico se ha vuelto una cuestión de emergencia y seguridad nacional, y así lo transmitan al empresariado y al resto de la sociedad civil, la cuestión fiscal será un fardo que no nos dejará hacer lo que se debe. Ni datos escondidos ni conspiraciones están detrás de proposiciones como esta; lo que hay enfrente son prejuicios, obcecaciones y paranoias que, para desgracia de todos, han gobernado el pensamiento gubernamental a todo lo largo de esta cruel temporada.
Es hora de empezar a virar y la jefa del gobierno de nuestra gran ciudad tiene la oportunidad de incitar a sus camaradas a hacerlo. Y a hacerlo ya.
Ya se verá si el Presidente deja de defender su libertad de expresión ¡Frente al INE y su presidente! y se aboca a construir y reforzar una institucionalidad para la política económica, para hacer de la política del Estado el cauce plural y ordenado de la voluntad popular, por el bien de todos. El reclamo de angustia de los restauranteros es, apenas, la punta de un iceberg desolado.