De pactos y rupturas
menu-trigger
ESCRIBE LA BÚSQUEDA Y PRESIONA ENTER

De pactos y rupturas

COMPARTIR

···
menu-trigger

De pactos y rupturas

15/02/2018

Los preparativos para la campaña política que concluirá en julio próximo avanzan en círculos e intercambios insustanciales entre aspirantes y sus peones. Nada que se pueda destacar; imposible hilvanar algún argumento sobre la evolución política o la mediocre marcha de la economía, la producción o el (mal)empleo. A veces, algún recordatorio sobre la cuestión social, pero más que nada para señalar culpables sin hacerse cargo de la grave responsabilidad del sistema político todo por la persistencia de la pobreza de masas y la entronización de la desigualdad como marca histórica indeleble.

Quizá se trate de un pacto, no escrito ni hablado pero desde luego actuado, entre los principales actores públicos y formales del teatro político plural y democrático que nos trajo la transición de fin de siglo. Entonces, todo empezó con la derrota del PRI en la Cámara de Diputados y el Distrito Federal en 1997 y en el 2000 la alternancia federal con Vicente Fox y asociados, dizque panistas de pura cepa.

El acuerdo, más trascendente que el “Pacto por México” de inicios del gobierno actual, mantuvo la estrategia adoptada desde 1994, implantando en la economía política de México los criterios centrales para alcanzar una economía abierta y de mercado, como había empezado a funcionar una vez firmado el TLCAN a fines de 1993. En aquel año, conviene recordarlo, poco se hablaba de entender a la reforma política como obligado complemento de la mutación económica.

Esa estrategia de reformas de mercado fue abiertamente cuestionada el fin de año de 1993 por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, formación militar que, al calor de su levantamiento armado, cambió de piel y se tornó abanderado aguerrido del ancestral reclamo de los indios por justicia y dignidad. Su efecto político fue más allá de la protesta indígena y puso sobre la mesa un vario pinto memorial de agravios históricos y reclamos locales y regionales.

En ese contexto se fraguó la voluntad plural, de partidos nacionales y gobierno federal, de apurar el paso de la reforma política y abrir los cauces del Estado a un pluralismo propiamente dicho, mínimamente equitativo y con igualdad efectiva de derechos. Y de ahí emergió el IFE y la cauda política y cultural, de nueva división del trabajo y ocupaciones, que acompañó la reforma democrática.

Poco, sin embargo, se logró en los temas local y regional, que debería haber sido el cauce por excelencia para las exigencias indígenas. Hasta la fecha, no hay claridad sobre la profundidad que los cambios en este plano de la organización política hayan tenido sobre las estructuras productivas y distributivas, de derechos humanos y buen gobierno, en las propias entidades que se alzaron o se unieron a los insurrectos.

Aquella sublevación no se concretó en realidades diferentes; la cuestión indígena sigue sin reconocer las señales y voces del “México profundo” que Guillermo Bonfil sacara a la superficie y los presupuestos federales y de los estados siguen siendo, en el mejor de los casos, asignaciones ínfimas para la mala subsistencia de los pueblos cuando no la puerta de entrada a prácticas corrosivas y a la migración de los jóvenes.

Arriesgo estas parrafadas porque hasta hace unos días parecía intentarse, por parte de diversas organizaciones y personas, retomar el reclamo político profundo de los pueblos indios con la candidatura independiente de Mari Chuy a la presidencia de la República. Esta iniciativa no parece tener visos de convertirse en realidad político electoral y la pregunta obligada a sus promotores es, por un lado, por lo que pasó y, por otro, por lo que quieren que pase si no se consigue el registro.

Volver a plantearse la cuestión indígena como un desafío cultural y como crucial cuestión política para todos, es obligado. Hace un cuarto de siglo aquellos contingentes agrupados en el EZLN reclamaron reconocimiento y respeto, así como una nueva forma de gobernar(se). Hoy, la población que reclama ese reconocimiento y ese respeto, nuevas reglas de trato, comunicación y distribución de los recursos públicos, son muchos y no se concentran sólo ni principalmente en las selvas y montañas del sur y el sureste. Subsisten por todos lados de la geografía mexicana.

Ayer, los alzados apelaban al argumento central de que el Estado posrevolucionario había abandonado el pacto original, plasmado mal que bien en instituciones y organismos especializados para la protección de los pueblos indígenas y su desarrollo. Hoy, la realidad política y social del país nos habla de otra ruptura, la de un pacto que supuestamente incluía nuestra diversidad y que ha quedado hecho añicos no tanto por la firma y puesta en práctica del TLCAN, como decían los comunicados iniciales del EZLN, sino por la entronización de una cultura del privilegio que nace en la historia larga de la colonia, pero se ha ajustado a los cambios que han marcado nuestros estancamientos y crisis, modernizaciones y desarrollos.

La afirmación y centralización de esta malhadada cultura; su conversión en práctica política del poder y sus elites; su traslación a los registros y reflejos de los jugadores de la economía y las finanzas, es el hecho más grave ocurrido en México en los últimos treinta años. Un suceso que la democracia no ha querido encarar, y que la formación económica resultante de las crisis de los ochenta y los cambios estructurales no sólo no contrarrestó sino que parece haber instalado en el corazón de la nueva economía política.

Si de lo que se trata es de (re)unirnos, como pregonan los precandidatos Meade y López Obrador, no hay camino alterno: la (re)construcción del pacto social nacional es la única vía. No hay otra manera de enfrentar productivamente a Trump, menos de construir un país habitable que, para serlo, tiene que ser justo y disponerse a acabar con la violencia criminal.

Ayer fue una llamarada; hoy puede devenir incendio y ventarrón.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.