Sin que el nuevo gobierno llegue al año, algunos grupos de pensamiento y la propia COPARMEX, que presume ser el primero, si no es que el único, "sindicato patronal" de la República Mexicana, insisten en que el país requiere de una alternativa. No conocemos el qué o el para qué, quizá porque se supone que todos estamos enterados o debemos saber. En el fondo, aunque sin demasiadas complicaciones, se trata de cambiar el equilibrio de fuerzas políticas tal y como se expresan hoy en el Congreso de la Unión, de ser así, la fecha es el 2021, cuando se lleven a cabo las elecciones de diputados federales. En favor de quién y para qué sería este hipotético relevo se queda, por lo pronto, a la imaginación de los operadores.
Amparados en la mexicanización un tanto apresurada de la noción de "contrapesos", heredada del pensamiento clásico republicano y la tradición democrática americana, se insiste en que el gran problema del sistema político se resume en carecer de los "contrapesos" necesarios para la marcha buena, con gobernanza, de la democracia. Se soslaya, empero, el hecho de que esos contrapesos residen en primer término en los poderes Legislativo y Judicial, en los partidos políticos y los medios de comunicación y que, por lo pronto, en ninguna de esas instancias se ha vivido un momento de subversión de su legítimo estatuto como órganos del Estado y de interés público.
Vocablos mayores que merecerían un tratamiento también mayor porque atañen al alma misma del orden del Estado y a la calidad de la democracia que hemos podido construir. Por desgracia, tan severas admoniciones sólo han contado con generalizaciones que dan cuenta del vaciamiento de la palabra política. Por un lado, se convoca a ser parte de una alternativa a ¿la política económica?, a ¿la política social? O quizá a evitar la profundización de la inseguridad pública que se amplía por la impunidad, no lo sabemos. Por otro lado, el gobierno señala a la corrupción como la culpable de corroer el espíritu público, disolver la harapienta cohesión social así como los principales resortes y reflejos del Estado, hasta llevarnos a una "crisis de estatalidad" (Clara Jusidman) sin precedente. Sin embargo, ni una ni otra son suficientes para mejorar nuestra difícil circunstancia.
No es la corrupción, a pesar de la contundencia de los testimonios y los dichos del Presidente, la que explica por sí misma la corrosión del Estado y la política; más bien, la corrosión es la que está por delante de la corrupción y, por eso, urge que los políticos tomen en serio a la política y se responsabilicen de restaurar un Estado dañado y horadado, sometido a mil y un arrebatos, supuestamente modernizadores.
Cuando la crisis del sistema estalló en las manos de sus gobernantes a partir de 1982, se ofreció la alternativa de una reforma profunda del Estado que negó el objetivo principal: la política. Una política cuyo vehículo imprescindible era su democratización participativa y social. No solo por mandato constitucional e histórico, sino por elemental necesidad de supervivencia del propio Estado. Sin embargo, haberle dado prelación al resultado de los votos sobre la construcción de diseños y acuerdos tejidos por los actores, desnaturalizó la reforma. Se trató de un (auto)engaño brutal y a la distancia burdo, pero sin duda eficaz. Tras él se fueron múltiples grupos e interpelaciones políticas, empresariales, pretendidamente conceptuales y hasta teóricas, pero hoy se tiene que admitir y asumir que no estuvo nunca a la altura de las otras grandes transformaciones históricas que no pueden ser calcadas para la empresa renovadora que nos espera, tienen que ser sometidas al necesario juicio histórico, más que ser objeto de exaltación.
Haber echado por la borda la noción de solidaridad y sustituirla por competencia y libertad, fue un salto en el vacío, como también lo ha sido el abandono del principio de justicia social, que se quiso sustituir con el de una política social "racional y científica". Lo malo es que en esta hora de la verdad a que nos convoca, por ejemplo, el informe del CONEVAL, no seamos conscientes de la magnitud del significado político, social, cultural de la pobreza de millones de mexicanos, y lo fácil siga siendo descalificar al mensajero o seguir en veleidades inauditas, para no asumir las propias responsabilidades que, como sociedad de auténticos ciudadanos, eludimos cotidianamente.
Es en la omisión de nuestra grave realidad económica, del mal crecimiento y su pésima distribución, convertidos en endémicos por una estrategia omisa y una cultura de la satisfacción; en el apoltronamiento de unas élites alejadas de sus responsabilidades constitucionales, así como en la pérdida del esfuerzo reflexivo como componente esencial de la política democrática, donde anida el huevo de la serpiente.
Recuperar la Constitución como mandato y restituirle a la ética pública un papel central en la (re)construcción de nuestro edificio estatal, debería ser el principio de una efectiva transformación. Las campanas doblan, y es por nosotros.