Dolores Padierna
Pemex y Shell Oil Company, por iniciativa del entonces presidente Salinas de Gortari, crearon en 1993 la empresa Deer Park Refining Limited Partnership (DPRLP) para inyectar capital a la refinería Shell Deer Park, ubicada al sureste de Texas. En esta refinería existe un verdadero quebranto para Pemex, derivado de la penetración del crimen organizado en la paraestatal con la complicidad de Shell en el robo del gas comprimido proveniente de la Cuenca de Burgos; ilícito denunciado recientemente por Pemex en la Corte de Texas.
El yacimiento de gas Cuenca de Burgos abarca más de 70,000 kilómetros cuadrados en los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila.
Allí Pemex, a través de su subsidiaria Pemex Exploración y Producción (PEP), opera 2,827 pozos de gas, cuyo gas condensado se transporta a 150 estaciones de recolección, luego a 52 tanques de transferencia y a los sistemas de entrega.
Una parte de la producción se lleva a los centros de proceso de Pemex, otra a la Refinería de Cadereyta, Nuevo León; y una más se envía, precisamente, a la refinería de Deer Park, a través de PMI Norteamérica SA de CV (PMI NASA), la división internacional de Pemex.
Enormes cantidades de gas mexicano han inundado el mercado estadounidense para elaborar gasolinas de alta calidad. Si consideramos que Pemex no vende a particulares y hace sus entregas mediante transferencias entre sus subsidiarias, resulta que las adquisiciones de gas mexicano realizadas por empresas estadunidenses y europeas, son ilegales o robadas.
En 2006, la organización criminal La Compañía, integrada por el cártel del Golfo y Los Zetas, inició los robos con la colaboración de empleados de Pemex, de sus contratistas, empresas privadas y agentes aduanales asociados: el condensado era trasegado de cualquier punto de la Cuenca hasta la frontera de Tamaulipas y, como si fueran Nafta, pasaba por las aduanas formales mediante documentos apócrifos.
Luego los embarques se llevaban hasta terminales y bodegas de las zonas portuarias de Texas, para su almacenamiento temporal y posterior distribución a los compradores. También se apoderan de 200 pipas diarias en promedio mediante asaltos o entregas concertadas: los transportistas, camino a los centros de transferencia, vacían el gas en otras pipas y rellenan las suyas con agua, que es recibida por empleados de Pemex como si fuera hidrocarburo.
Este gas también se maquila en la refinería Deer Park de la que Pemex es socio y luego regresa a México ya como gasolina.
Entre 2008 y 2009, autoridades estadounidenses descubrieron como destinatarias a importantes empresas de Houston, Pasadena, Clear Lake, Freeport, Beaumont, Tulsa, Oklahoma, Brownsville y San Antonio. Fue hasta después de que el gobierno de Estados Unidos enjuiciara a las primeras compañías implicadas, que Pemex actuó pese a que desde 2007 Felipe Calderón fue enterado de este hecho.
En julio de 2010, abogados de un despacho de Dallas, contratado por Pemex, presentaron la primera demanda contra Basf Corporation, Murphy Energy Corporation, Trammo Petroleum, Inc; Bio-Un Suroeste, Inc; Combustibles del Valle; Petróleo Depot, Inc; y contra los ejecutivos Donald P Schroeder, Arnoldo Maldonado, Jonathan Dappen, Stephen Pechenik, Timothy Brink y Josua Crescenzi. Se acusó a todos de 'asistir directamente' y 'alentar' el robo y la violencia "participando activamente en el contrabando de condensado robado y/o la compra para su uso en Texas", algunas de ellas con conocimiento de su origen ilícito.
En mayo de 2011 se presentó la segunda demanda. Ésta en contra de las compañías Big Star Gathering LLP, Ltd; F & M Transportation, Inc; Joplin Energy, Llc; F/K/A Hayes Hutchison Energy, Llc; Plains All-American Pipeline, LP; Semcrude, LP; Saint James Oil, Inc; Superior Crude Gathering, Inc; Transmontaigne Socios, LP; Western Refining Company, LP; y las personas físicas James Jensen y Jeff Kirby.
La demanda presentada por Pemex en 2012 señala a STUSCO, filial de Shell, como uno de los principales vendedores del gas robado; y plantea que 'probablemente' las acusadas desconocían el origen del hidrocarburo o lo adquirieron mediante terceros, pero no se aseguraron de que tuviera los títulos de propiedad, "y por lo tanto era ilegal bajo las leyes de México y de Estados Unidos". Es obvio, en conclusión, que la venta de gas robado "requiere una conspiración en Estados Unidos para pasar el gas por la frontera, lavar su fuente y fraudulentamente distribuir y vender el producto al beneficiario final: a Pemex".
La autora es senadora de la República.
Opinión