Robo de combustibles: entre el fin y los medios
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Robo de combustibles: entre el fin y los medios

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Robo de combustibles: entre el fin y los medios

14/01/2019
Actualización 14/01/2019 - 17:39

Nadie puede objetar que el robo de combustibles es un problema que debe enfrentarse con toda la capacidad del Estado mexicano. Es un mercado negro que le cuesta mucho al país. Se ha convertido en uno de los negocios más lucrativos del crimen organizado y, por tanto, en una fuente de financiamiento de otras actividades ilícitas. Tiende a desplazar a otros negocios con mayor riesgo, competencia o costos –narcotráfico–, así como para pagar el reclutamiento, la capacidad de fuego y la operación de las organizaciones criminales en el contexto actual de pulverización, diversificación y de rivalidad violenta por rutas, plazas y mercados. Es un fenómeno criminal que nace y se reproduce en la corrupción: desde el empleado público que participa o tolera, hasta el empresario que despacha líquidos de procedencia ilegal en una estación de servicio. Una cadena económica que debilita al Estado en cada eslabón.

La estrategia de combate al robo de combustibles no ha sido consistente como política pública. Hasta 2016 se aprobó una ley para prevenir y sancionar este delito. Se trata, en términos generales, de un marco normativo que establece deberes de colaboración entre los distintos órdenes de gobierno en materia de prevención, así como delitos especiales, medidas de seguridad y una serie de reglas para determinar en qué circunstancias la posesión de hidrocarburos debe entenderse como legal. La evidencia apunta a que ni la prevención ni la represalia penal tuvieron efecto disuasivo: las tomas clandestinas y los volúmenes de combustibles extraídos no han dejado de aumentar en los últimos años. En diciembre de 2017, dos años después de la publicación de la ley, Pemex reportó poco más de 10 mil tomas clandestinas en el año. A octubre de 2018, el número había crecido a más de 12 mil.

Uno de los argumentos más socorridos para justificar la falla de la autoridad en el combate al robo de combustible es que dicho delito no se encuentra comprendido en el catálogo de supuestos de procedencia de la prisión preventiva oficiosa. En el informe de 2017 de Pemex se puede leer esto: “Durante 2017, Pemex presentó 10,078 denuncias por delitos relacionados con el mercado ilícito de combustibles, de las cuales sólo en 1,162 hubo vinculación a proceso penal por parte de la Procuraduría General de la República (PGR). Por otra parte, fueron detenidas en flagrancia 1,827 personas en ilícitos relacionados con el mismo fenómeno. En todos esos casos Pemex presentó denuncias ante la PGR; sin embargo, sólo en 6% de ellos el Poder Judicial impuso la prisión preventiva como medida cautelar”.

¿Qué sugiere este argumento? Algo muy simple: la capacidad de la autoridad para reducir la incidencia del robo de combustibles depende, esencialmente, de las detenciones en flagrancia y, peor aún, de inhabilitar a los posibles autores en prisión preventiva todo el tiempo que sea posible. En términos más llanos: no hay investigación que permita detectar a las redes y organizaciones que se dedican al robo de combustibles, sino que terminan en la cárcel sólo un pequeño porcentaje de personas que son detenidas durante la comisión del delito, o bien, que no lograron acreditar el origen legal de hidrocarburos o petrolíferos en su poder.

La estrategia del gobierno de López Obrador contra el robo de combustible es una mala combinación. Por un lado, persiste en la limitación de derechos individuales para subsanar la ineficacia de la autoridad en la investigación y persecución de los delitos: detener para investigar, revertir la carga de la prueba, castigar sin juicio. Por otro lado, traslada enormes costos a la economía y a la productividad del país, con la inexplicable decisión de cerrar el sistema de transportación por ductos. Dos medidas que, juntas y separadas, no aportan nada nuevo: sólo costos sociales y económicos que habremos de pagar, con libertades o dinero, en el mediano plazo.

Terminar con el robo de combustible es un fin deseable. Pero no todo fin justifica cualquier medio. La principal virtud en la decisión política no gravita sólo en la convicción moral sobre el objetivo, sino también en elegir el curso de acción que supere las restricciones y produzca los efectos esperados. La ponderación cuidadosa de todas las posibilidades, costos, consecuencias. La difícil tarea de excluir o de considerar opciones. El deber de dudar y de corregir. La disposición a repensar la ruta y no sólo a perseverar, a toda costa, en la estrategia. El reflejo para adaptar la decisión a los imperativos de la realidad.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.