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Reforma 222

21/03/2018
Actualización 21/03/2018 - 14:26

La violencia es el principal problema del país. La prueba plástica del fallo institucional. El cruel recordatorio de la vulnerabilidad de la existencia y de la precariedad de la convivencia. El vacío estructural de lo público como plataforma de pacificación. La ausencia de reflejos resilientes en nuestra sociedad. El desgarramiento del núcleo básico del tejido cívico.

Es una simplificación afirmar que la violencia está asociada al negocio del narcotráfico o que se reduce a los episodios de enfrentamiento entre organizaciones criminales entre sí o con el Estado. No es la mentada 'guerra contra las drogas' la que explica la mayor parte de la violencia. Tampoco es una cuestión que se arraigue en una suerte de predisposición cultural. Nuestras peculiares formas de barbarie son más complejas que el apetito por un negocio lucrativo o los hábitos de sobrevivencia en ciertos entornos sociales. Es, esencialmente, un problema de ausencia de Estado: de su efectiva capacidad para monopolizar y hacer creíble el ejercicio de la violencia legítima, pero también de graduar la intensidad y oportunidad de su uso.

El reciente caso de una mujer víctima de feminicidio por su expareja, pone en evidencia la complejidad del problema de la violencia en México. La misoginia y el machismo se comportan como un problema de salud pública que demanda respuestas, mucho más profundo que la aproximación criminal. Un conflicto sobre custodia parental escala a un homicidio, por la incapacidad del Estado de gestionar una solución y de ofrecer protección a persona en situación de riesgo. ¿Cuántas mujeres en el país padecen silenciosamente episodios de violencia? ¿Cuántas alertas se suceden una a otra sin que exista una autoridad confiable a la cual se pueda recurrir? ¿Qué instrumental aporta el Estado para resolver esas espirales de violencia personal que no tienen fin? ¿A quién pudo llamar aquella mujer frente a los muchos síntomas que habrá experimentado a lo largo de su relación con su victimario? ¿Dónde estaba el Estado para prevenir ese desenlace?

Ciertamente la impunidad ha abaratado el costo de recurrir a la violencia para sacar provecho o para imponerse frente a los otros. La ausencia de consecuencias previsibles disminuye los incentivos a cumplir la ley. En nuestro país no hay pedagogía del castigo probable. Tomamos decisiones sobre cálculos que no incorporan los inhibidores asociados al riesgo. La corrupción y la debilidad institucional abren rutas de escape a la represalia penal del Estado: agujeros que diluyen la legitimidad del Estado para arbitrar las relaciones humanas.

Pero también el excesivo recurso al aparato penal ha revelado, una y otra vez, que el control social sobre los comportamientos exige mucho más que abarrotar las cárceles de personas. Y es que la impunidad es un problema de eficiencia del sistema de justicia penal. Los limitados recursos del Estado y la última ratio deben oponerse a las conductas especialmente graves, aquellas que significan daño mayor para las personas o para la convivencia, ahí donde se exige elevar los costos de cometer un determinado delito. Por eso no extraña que cada que acontece un caso como el reciente homicidio de una mujer, la respuesta inmediata sea una vuelta adicional de tuercas a la maquinaria penal. Si el arma homicidio fue una pistola, entonces a reformar la Constitución para ampliar los supuestos de la prisión preventiva oficiosa a su posesión. Frente a la tragedia, no repensamos la forma en la que el Estado gestiona la conflictualidad, su rapidez para prevenir o la eficacia para castigar. Ante cada cadáver, un cambio de reglas para compensar con restricciones a derechos, la incapacidad de la autoridad.

Para salir de esta crisis de violencia debemos rehabilitar al Estado en su función primordial: resolver los conflictos antes de que se conviertan en dramas penales. Y esto supone que el Estado reasuma su rol de prestador de servicios públicos. Buena parte de la violencia se explica por la falta de acceso al agua, a una luminaria, a un policía confiable que inhiba al delincuente, a un hospital que atienda con calidad y calidez, a un juez que dé a cada parte su porción de razón. A México le falta ese tipo de presencia del Estado. Porque aquello que sólo se puede resolver con cárceles, carece ya de una buena y justa solución.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.