Cronopio

Oposiciones, coalición y centralidad

Suena sensato no dispersar el voto entre las alternativas, coordinar el esfuerzo electoral y unificar el voto de castigo al gobierno y su partido.

Es entendible el sentido de necesidad que se ha impuesto en la decisión de formar una coalición electoral inédita entre el PAN, el PRI y el PRD para la renovación de la Cámara de Diputados. Más allá de la aprobación del Presidente o las preferencias que Morena registra en las encuestas públicas, el riesgo real para las oposiciones es la intervención del gobierno federal en las elecciones, a través de programas sociales de corte clientelar, del uso faccioso de la procuración de justicia o de los poderes presidenciales para incidir en la formación de la opinión pública. Desde cierto pragmatismo, suena sensato no dispersar el voto entre las alternativas, coordinar el esfuerzo electoral y unificar el voto de castigo al gobierno y su partido.

El problema de este razonamiento es que la premisa aritmética de las coaliciones no se surte casi nunca de manera automática. En política, 17 + 16 + 4 no necesariamente suman 37. No solamente los candidatos y su desempeño importan, sino que la concurrencia electoral entre partidos con tradiciones, tesis y prácticas diferentes, suele provocar reacomodos en las preferencias electorales, sobre todo entre el voto blando y los indecisos. Y es que una coalición es una decisión política que, como cualquier otra, no permite presuponer que las variables se mantendrán constantes. Por el contrario, las alianzas electorales exigen, como mínimo, que los socios sacrifiquen agendas y abracen otras que, en algunos casos, chocan frontalmente con sus credos definitorios. No son decisiones de costo cero hacia dentro y hacia fuera: desplazan liderazgo interno e implican cesiones de representatividad. Ése fue el error de cálculo de los promotores del Frente por México en 2018: cuando el único pegamento de una coalición es el reparto de candidaturas y la coincidencia de antipatías, los electores prefieren las opciones que se definen nítidamente frente a lo que está en juego.

¿Qué pretende representar la nueva coalición partidaria? ¿Cuáles son sus orientaciones programáticas más allá de su declarado antilopezobradorismo? ¿Qué objetivos procura además de evitar que el bloque oficialista retenga su mayoría en la Cámara de Diputados?

Las respuestas no son evidentes. La ausencia de una amplia discusión pública dentro y entre los partidos, de un pausado y sereno ejercicio de pedagogía política y social, explica que existan pocos elementos para asir su sentido estratégico y los fines que motivan la concurrencia de los tres partidos históricos para encarar la elección intermedia del lopezobrardorismo. Sin un relato coherente y consistente sobre el modelo de país que esta coalición quiere conservar o reanimar, le será relativamente fácil al Presidente ponerle rostros y emblemas al alegato de la mafia del poder o de la camarilla neoliberal que acosa la transformación prometida.

Con coalición o no, los partidos históricos deben presentarse sin rubor a esta elección con un relato que ya compartieron en el pasado: el modelo y el método político de la transición a la democracia. Frente a la centralización del poder, a la polarización inducida y la precarización de la gestión pública, las oposiciones deben oponer el valor del pluralismo, la disposición al diálogo y la práctica política de la moderación y el consenso gradualista. Plantarse en la defensa de la institucionalidad de la transición: la democracia pluralista, la división de poderes, la economía social de mercado, el federalismo cooperativo, la administración racional y eficiente de los asuntos públicos. Redefinir no el centro político, sino la 'centralidad', como sugirió recientemente Fernando Vallespín: la capacidad de los actores políticos para fijar un punto de gravedad a partir del cual hacer pivotear todo el sistema y, desde ahí, equilibrar las fuerzas centrífugas que escuchan el canto de las sirenas de los radicalismos. Porque el fin es mucho mayor que contener una nueva versión de la presidencia autoritaria. Es devolverle al país la serenidad.

COLUMNAS ANTERIORES

Ley de hidrocarburos: la siguiente parada
El fuero y el federalismo

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.