Los cierres de los periodos de sesiones del Congreso suelen ser momentos particularmente fértiles para las ocurrencias, sobre todo en la víspera de un proceso electoral. Los partidos y los legisladores suelen impulsar a última hora sus iniciativas para colocar una agenda que les retribuya electoralmente, para posicionarse frente algún grupo de interés o de presión, o bien, para diferenciarse de sus competidores. Y es que conforme se acerca el fin del ciclo legislativo trianual, crecen los incentivos a procesar agendas que en muchos casos únicamente tienen el propósito testimonial de desquitar la dieta.
Lo que resulta muy preocupante es que sea la bancada mayoritaria del gobierno la que juegue con bolas rápidas sin medir las implicaciones de las posiciones que asume. En cierta forma es entendible que las oposiciones presionen por visibilizar problemáticas y alternativas de política pública, pues es una forma política de contrastar con el gobierno y con su partido. Lo que no parece muy razonable es que el gobierno queme pólvora en infiernillos, es decir, que abra discusiones y tome decisiones sin un cálculo ponderado de las consecuencias. La política legislativa es para las oposiciones una trinchera natural de competencia. Para el gobierno y sus brazos parlamentarios es una parte esencial de su responsabilidad.
Bajo una lectura de intenciones habría que analizar las iniciativas que pretenden regular la presencia de agentes extranjeros en territorio nacional y la que ordena a Banxico a comprar los dólares que las instituciones bancarias no pueden repatriar.
En el contexto de la liberación del general Cienfuegos y del cambio de la administración en Estados Unidos, el Presidente envía al Senado una reforma a la Ley de Seguridad Nacional para ordenar las tareas y misiones que las agencias extranjeras realizan en nuestro país, en el marco de las relaciones de cooperación que el país entabla. El momento elegido para esa discusión es el peor: justo cuando empieza la transición, el gobierno mexicano da un portazo a repensar y renegociar la colaboración con Estados Unidos, esto es, se planta a la defensiva sin saber cuál será la posición y actitud del gobierno de Biden. Y no parece que la reflexión hubiese sido cuidadosa con respecto a las implicaciones: en la intención de confinar a las agencias de seguridad y de limitar los contactos subnacionales para monopolizar la información, no se tomó en cuenta que muy probablemente el comercio (el Preclareance, por ejemplo) y la asistencia técnica serán los principales damnificados de la nueva regulación. Los cuellos de botella diplomáticos probablemente desquiciarán interacciones que por volumen e intensidad tiende a ser profundamente dinámicas.
La reforma que obliga a Banxico a comprar dólares no repatriados es un mensaje anticlimático a los mercados, en un momento en el que crece la duda sobre la disposición del Presidente a respetar los fundamentos de la estabilidad económica y justamente cuando más se necesita cuidar la credibilidad del país. Se trata de una solución a un no problema: no hay tal exceso de dólares en las bóvedas de los bancos por flujos de turismo y remesas. Menos de 2 por ciento del total de dólares captados por los bancos mexicanos se encuentran acumulados en sus bóvedas entre enero y septiembre de 2020, mientras que sólo 0.67 por ciento de las remesas llegan en efectivo. Pero esta reforma sí abre la caja de Pandora: el legislador se arroga la facultad de alterar el mandato del Banxico en contravención de su autonomía y, peor aún, le traslada de un plumazo el riesgo de los bancos. Una de las líneas rojas de la confianza en el país, en vilo por una ocurrencia de última hora para resolver un problema que ni siquiera existe.
Las ocurrencias salen caras. Las bolas rápidas son contraproducentes. El gobierno debería pensar bien dónde pone su mayoría. La ley sirve para resolver problemas, no para crearlos.