Los ministros del presidente
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Los ministros del presidente

08/04/2019
Actualización 08/04/2019 - 14:41

Los senadores de Morena han anunciado una reforma judicial. ¿Se trata de otra iniciativa que los legisladores del partido en el gobierno presentan sin el aval del presidente, como sucedió con las comisiones bancarias, las reservas internacionales del Banco de México o con el gobierno corporativo de Pemex? Parece, por el contrario, que ésta sí va en serio. Sobre todo, si se toma en cuenta que al anuncio de la reforma le precedieron dos eventos. En primer lugar, el encuentro entre el presidente de la República y el ministro presidente de la Suprema Corte, repleto de elogios mutuos y de refrendos de amistad entrañable. En segundo lugar, el muy difundido desayuno entre el presidente y el líder de la mayoría morenista en el Senado.

Por la trascendencia e implicaciones sobre el Poder Judicial, quiero suponer que el presidente de la República le expuso a su amigo ministro los objetivos y los trazos de la eventual reforma. Muy probablemente le habrá pedido su opinión. No es extraño que los cambios a la configuración institucional de otro poder público se construyan con los diagnósticos, necesidades y experiencia de los involucrados. Tampoco es extraño que el presidente de la República impulse su agenda legislativa a través de sus brazos parlamentarios. Una de las funciones esenciales de las bancadas del partido en el gobierno es detonar los procesos de decisión en el Congreso. Y no hay nada de inusual, tampoco, en que los líderes de esas bancadas informen y acuerden con el presidente los temas, tiempos y estrategias del trabajo parlamentario.

Hay razones, pues, para suponer que esta reforma es una posición compartida entre el presidente y su partido. Y, también, que se le ha informado al ministro presidente de esa intención. No me imagino a dos buenos amigos jugando con cartas tapadas en un asunto tan relevante para la democracia, el equilibrio entre poderes y el Estado de derecho. Y, por supuesto, para su propia responsabilidad institucional.

Por eso debe tomarse con extremo cuidado esta reforma. Por lo que sabemos hasta ahora, el propósito es trasladar a la Corte la función sancionatoria en materia de hechos de corrupción, actualmente en manos de una sección del Tribunal de Justicia Administrativa. Para lograr este extraño propósito, los proponentes plantean crear cinco nuevos sitiales de ministros y una nueva sala especializada para ese tipo de casos. Para decirlo pronto: una Corte de 16 integrantes con una nueva función, típica de jurisdicción ordinaria: aplicar sanciones a los servidores públicos (federales, quiero suponer) que violen la ley.

Ya se ha advertido de que la intención de fondo es alterar los equilibrios internos de la Corte, es decir, debilitar el efecto que la renovación parcial genera sobre la independencia judicial, a través del nombramiento de un nuevo bloque de ministros con la actual capacidad presidencial de nominación y la mayoría morenista en el Senado (court-packing). Además de la influencia política e ideológica que se podría ejercer sobre la interpretación constitucional, el presidente se aseguraría, al menos, de que no se alcance en la Corte la mayoría calificada para anular leyes inconstitucionales aprobadas por el Congreso (que controla Morena). Por lo demás, si esta reforma prospera, Andrés Manuel López Obrador habría nombrado a ocho de 16 ministros durante su administración. Un poder transexenal que ningún otro presidente ha acumulado desde la reforma de 1994.

La Suprema Corte es un tribunal constitucional. Su función es interpretar la Constitución y garantizar su supremacía. Sólo por la enorme apertura –y discrecionalidad– en la atracción y la revisión en materia de amparo, conoce cada vez más de cuestiones de estricta legalidad. A la Corte no le faltan más ministros para atender el voluminoso número de expedientes que resuelve al año, sino una política judicial estable y previsible para normar qué casos tienen especial trascendencia o son relevantes para fijar un precedente sobre la aplicación de los contenidos de la Constitución. Menos casos, antes que más ministros.

En la aplicación de sanciones a servidores públicos no hay función de control de constitucionalidad, al menos no en la determinación de la antijuridicidad y la culpabilidad en el caso concreto. Esa función le corresponde a un juez ordinario. La constitucionalidad de las leyes o incluso de las resoluciones que imponen una sanción, tienen sus propias vías de impugnación y pueden llegar a la Corte para un veredicto final. De modo que no se justifica, en mi opinión, aumentar el tamaño de la Corte para que ésta conozca de las controversias y los juicios de amparo relacionados con procedimientos de responsabilidades de servidores públicos. Ni por volumen de casos ni por la necesidad de abrir una nueva vía jurisdiccional que sustituya o complemente a las existentes.

A ver si en el camino no nos sorprenden con que, en realidad, la tercera sala será para la materia electoral, con la consecuente desaparición del Tribunal Electoral. Una sala nombrada a modo por el presidente y la mayoría morenista para incidir en las condiciones de acceso al poder, en el pluralismo y en la configuración de los poderes públicos. Un paso significativo para la colonización institucional, pero, sobre todo, para el propósito de instaurar una nueva hegemonía.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.