El Presidente ha enviado al Congreso una iniciativa para reformar la ley de hidrocarburos, unas semanas después de concretar la muy cuestionada modificación al régimen legal del sector de la energía eléctrica.
¿Qué tienen en común ambas pretensiones legislativas? Básicamente representan un cambio intempestivo en las reglas del juego para que los viejos monopolios –CFE y Pemex– recuperen poder relevante en los nuevos mercados de energía eléctrica, gas y gasolinas. Dicho en otros términos, para alterar las condiciones de competencia en perjuicio de los inversionistas privados y, en última instancia, de los consumidores.
Sin reconocerlo explícitamente, pareciera que lo que preocupa al gobierno federal es que CFE y Pemex tienen cada vez menos clientes y menos presencia en los eslabones finales de la cadena económica de los insumos energéticos. Así, en lugar de replantear su política energética y, en particular, el rol de las nuevas empresas productivas del Estado a partir de las nada despreciables ventajas que la reforma energética les concedió (monopolio en transmisión y distribución en el caso de CFE y las asignaciones en ronda cero para Pemex, por ejemplo), la intervención del gobierno se ha enfocado en desplazar competidores a través del aumento del riesgo regulatorio, la arbitrariedad administrativa y, peor aún, del recurso a la amenaza expropiatoria y coactiva del Estado.
En la misma tendencia de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, la reciente iniciativa en materia de hidrocarburos pretende depurar la oferta alternativa y obstaculizar la entrada de nuevos jugadores en las actividades de transformación, logística y comercialización de los derivados del petróleo, es decir, de todos los agentes que compiten con Pemex en actividades distintas a la exploración y explotación de hidrocarburos (piense usted, por ejemplo, en los importadores de gasolina que venden directamente al público su producto en estaciones de servicios de marca propia).
Además de establecer requisitos más gravosos para el otorgamiento de permisos y de revertir en perjuicio de los particulares la carga del regulador de pronunciarse sobre las solicitudes, la iniciativa pretende introducir una figura sumamente peligrosa: una suerte de requisa expropiatoria en la forma de un procedimiento de suspensión provisional o definitiva, a través del cual se permite que la autoridad tome la administración y control de un permisionario (una empresa privada que realiza actividades sujeta a permiso administrativo), cuando a su juicio esté en riesgo la seguridad nacional, la seguridad energética y la economía nacional (véase el a. 59 bis de la propuesta). En efecto, sin garantía de audiencia explícita y una vaga referencia al derecho de indemnización en una disposición transitoria (a. tercero transitorio), la Sener o la CRE podrán transferir a Pemex o a sus subsidiarias las instalaciones que son propiedad de particulares por causas tan caprichosas como el estado de la economía nacional. Una vía francamente ominosa –e inconstitucional– de control de precios.
Además, en el régimen transitorio se establece el mandato de someter a proceso de revocación los permisos que no cumplan con los requisitos que impone la iniciativa, en franca contravención al principio de irretroactividad en perjuicio de las personas y de sus derechos adquiridos.
Vale una precisión: a diferencia de lo que se ha especulado, no advierto en la iniciativa un poder, facultad o procedimiento que comprometa directamente la subsistencia de los contratos de exploración y explotación derivado de las rondas de licitación sobre yacimientos y reservas. Sin embargo, si prospera judicialmente el cambio de reglas implícito en estas recientes incursiones legislativas del gobierno, no debería extrañar a nadie que esos contratos sean el siguiente objetivo en la inminente restauración del nacionalismo autoritario.
El Presidente ha cumplido su promesa de no modificar la Constitución para revertir la reforma energética. No tiene necesidad de lograr un consenso constitucional con mayorías agravadas. Lo hará por la vía de los hechos, de su mayoría ordinaria en el Congreso y, sobre todo, del acoso mañanero a los jueces que se atrevan a defender la vigencia del Estado constitucional. Así de fácil.