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La estrategia de los entendimientos tácitos

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La estrategia de los entendimientos tácitos

25/11/2019

Para evaluar si la estrategia del Presidente en materia de seguridad está funcionando, primero habría que dilucidar si existe una y, de ser el caso, en qué consiste.

Para cualquier observador externo, sobre todo en la lógica de los sigilos que circundan a las distintas cuestiones de la seguridad, una estrategia puede ser más o menos reconocible no sólo por su narrativa, sino también por las decisiones visibles que los gobiernos adoptan, tanto organizativas como operacionales, sobre todo en coyunturas críticas.

La narrativa oficial es una mezcla de simplificaciones y silencios. Por un lado, el diagnóstico se reduce al lugar común de que la violencia es la herencia maldita de la corrupción, de la “guerra” emprendida por otra administración, de la injusticia social acumulada en la larga noche neoliberal. En esa épica contra los males de los pasados se engarza el voluntarismo presidencial, es decir, el alegato de que el reestablecimiento de la paz será la consecuencia natural del arribo al poder de la auténtica representación del pueblo bueno. En el amanecer de la justicia, aparecerá la paz.

Por el otro, el discurso oficial se teje también con silencios intencionales. En el tablero de la crisis de violencia que vive el país ha desaparecido la variable del crimen organizado. En efecto, el gobierno ha dejado de mencionar por su nombre a ese fenómeno social y, de hecho, minimiza intencionalmente las distintas ofensivas que estas organizaciones han emprendido. Pareciere que la apuesta es dejar de hablar del problema para que el problema deje de existir en la percepción social. Pero, también, puede ser un mensaje explícito a estas organizaciones para que se autocontengan. Una suerte de invitación a un entendimiento tácito: lo que no es problema, no es prioridad institucional.

Este silencio debe verse en la perspectiva de la decisión de no confrontar de manera directa al crimen organizado, ni intervenir en aquellos territorios en los que se ha desatado la violencia y donde es evidente la debilidad institucional para contenerla. Estados como Guanajuato, Michoacán o Tamaulipas han sido abandonados a su suerte por la Federación, bajo la tesis, quizá, de que el crimen organizado asociado al robo de combustible, a la extorsión o al narcotráfico son responsabilidades netamente locales. El despliegue territorial de las fuerzas federales, empezando por la Guardia Nacional, no parece alineado al comportamiento de estas organizaciones y, en particular, a los episodios de violencia que están detonando. Así, el silencio sobre el problema y su correlato operacional sugieren los trazos de la nueva estrategia: es la vieja idea de que se puede racionalizar la violencia reduciendo la presión institucional sobre las organizaciones que la utilizan como método.

Que sea cuestionable desde distintos puntos de vista esta estrategia, en modo alguno implica que no sea una. El hecho de que no se reconozca como tal, tampoco significa que no exista. Si estos silencios narrativos y la decisión al parecer tomada de retracción del Estado son la base de la actual política de seguridad, entonces la discusión pública debe versar sobre su pertinencia e idoneidad. Y, especialmente, sobre las causas y presupuestos fácticos del fenómeno de la inseguridad y de la violencia en los que se sostiene la trasnochada estrategia del entendimiento tácito.

Es ingenuo suponer que la tregua unilateral genera por sí los incentivos a un cambio de comportamiento de las organizaciones criminales con respecto a sus actividades y al uso de la violencia. Mi intuición es que un modelo de mercado de extracción ilícita de rentas, pulverizado y diversificado, es decir, muy competitivo, es por definición intensivo en violencia, cuando es alto el costo de oportunidad de no usarla. Y ese costo está íntimamente asociado a las utilidades y al riesgo. Actividades altamente lucrativas con riesgo alto de desplazamiento por otro competidor, inducen a usar más violencia. En este contexto, y desde el punto de vista de las elecciones racionales, la capacidad del Estado de inducir a puntos de equilibrio por la vía de la inacción depende de una condición necesaria: la amenaza creíble de hacer valer el entendimiento tácito frente a quien no lo cumpla, esto es, de regresar al terreno a castigar a los “competidores rebeldes”. Y para eso se necesita que las organizaciones perciban al Estado como riesgo, lo cual sólo puede ocurrir cuando el Estado es más fuerte y más rápido que quienes le disputan el monopolio de la violencia.

Pero, además, ciertas organizaciones criminales están mutando de métodos. Los bloqueos en Jalisco, el sitio de Culiacán, la toma de Nuevo Laredo, los atentados contra la autoridad en Juárez o la ejecución de civiles son actos que colindan peligrosamente con la definición técnica y legal de terrorismo: incursiones selectivas para generar un estado de alarma social y provocar que el Estado haga o deje de hacer algo. Frente al riesgo de que este comportamiento se vuelva sistémico, todo espacio cedido hoy por el Estado bajo la ingenua idea de la pacificación espontánea, militará en contra de la capacidad futura del Estado para imponerse a los violentos, empezando por la reserva de legitimidad que se requiere ante situaciones límites.

Todo esto es mera especulación a la luz de la narrativa, los silencios y los trazos. Sería deseable que el Presidente revelara, con honestidad intelectual y política, si la suya es la estrategia de los entendimientos tácitos, si dará márgenes al crimen organizado y hasta dónde. Precisamente para entender esa estrategia en sus intenciones, presupuestos, tácticas y fines. Para matizar o corregir nuestras posiciones iniciales sobre lo que debemos y podemos hacer en seguridad. Para juzgarla en sus resultados. O, por lo menos, para estar preparados por si nos conduce al desastre.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.