La destrucción de la Policía Federal
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La destrucción de la Policía Federal

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La destrucción de la Policía Federal

08/07/2019
Actualización 08/07/2019 - 11:45

La seguridad pública es la función del Estado mexicano que mejor expresa la tortuosa evolución –o involución– de nuestro federalismo. Originalmente, la competencia estaba depositada en las entidades federativas, de modo que la Federación sólo tenía responsabilidades residuales: la prevención, investigación, persecución de un catálogo muy limitado de delitos de jurisdicción federal; la protección de las vías generales de comunicación; la difusa esfera de la seguridad interior; la ejecución coactiva de mandatos de órganos federales; el deber de protección a las entidades federativas en casos de invasión, violencia exterior, sublevación o trastorno interior, y poco más. Estas funciones podían ejercitarse con instituciones de seguridad relativamente pequeñas y, claro, con las Fuerzas Armadas como aparato complementario. Bajo este modelo competencial, no era necesaria una Policía Federal o nacional. En los estados, y poco después en los municipios, recaería el grueso de la responsabilidad en esta materia.

Tres factores estresaron este modelo. En primer lugar, la irrupción del crimen organizado asociado al narcotráfico y, luego, a distintas modalidades de extracción ilícita de rentas. La eficacia operativa, presencia territorial, riesgo corruptor y capacidad de fuego de estas organizaciones obligó a que la Federación tuviera que asumir cada vez más deberes. Los estados y los municipios se quedaron pequeños frente a un fenómeno de escala transnacional. En segundo lugar, la transición democrática y, en particular, el pluralismo político que se asentó gradualmente en los gobiernos, dejó inservibles las palancas autoritarias de gestión de la seguridad cotidiana. Se hicieron entonces necesarias capacidades institucionales que sustituyeran el arbitraje informal de la delincuencia. De nueva cuenta, el orden de gobierno más robusto tuvo que hacerse cargo y se abrió en consecuencia un nuevo periodo de centralización, desde la creación del Sistema Nacional de Seguridad Pública hasta las distintas reformas constitucionales que alteraron el federalismo penal. En tercer lugar, la debilidad de los órdenes de gobierno locales incrementó la demanda de la intervención operativa federal y, en particular, el uso intensivo de las Fuerzas Armadas. Después de más de una década de sustitución de las instituciones civiles por las castrenses, se petrificó en la Constitución ese estado de cosas: se creó la Guardia Nacional, formalmente civil pero con ADN militar, para que la Federación pueda garantizar el orden y la paz públicos.

En esta compleja evolución, la Policía Federal fue sin duda el esfuerzo institucional más importante desde que se hizo evidente la falta de capacidades del Estado mexicano en cuanto a la seguridad. Por miopía política, ese esfuerzo se abandonó durante la pasada administración: se rebajaron los controles de confianza, se redujo drásticamente el ritmo de crecimiento de la institución y se intentó fallidamente desplazarla con la malograda Gendarmería Nacional. De haberse continuado con ese esfuerzo, es altamente probable que, para 2018, la Policía Federal hubiere alcanzado más de los 70 mil elementos, un número considerablemente importante para atender la creciente demanda de presencia territorial y dejar de depender del despliegue militar. Y, por supuesto, desde la fobia lopezobradorista sobre el pasado reciente, se le ha dado la puntilla a una inversión que ha costado mucho tiempo y dinero. Empezar de nuevo, pues, con los militares en la calle.

El trato despectivo a los policías federales, la forma en la que se está ejecutando la transición hacia la Guardia Nacional y su lógica inicial de funcionamiento, dejan poco espacio a las dudas: más allá de lo que la Constitución diga, la Guardia Nacional es y será una institución militar. Comandada por militares en activo, con doctrina e instrucción militar, bajo los estándares de actuación propiamente militares, la Guardia no se está perfilando como una institución de carácter civil, profesional y disciplinada. Son los mismos batallones de policías militares y navales con un nuevo distintivo en el brazo. Basta ver, por ejemplo, el acuerdo de adscripción que firmó el presidente de la República hace unas semanas: se transfieren a la Guardia Nacional todos los elementos que discrecionalmente dispongan los secretarios de la Defensa y Marina (DOF, 28-06-2019). Así, con esas letras.

Por lo que se ve, no existe la intención de trasvasar a la Policía Federal a la nueva Guardia Nacional. Seguramente, forzarán la liquidación de varios miles de elementos, a pesar de que el espíritu de la reforma es que la mayor parte de los policías federales pasen con sus derechos, prestaciones y antigüedad a la nueva corporación. Muchos abandonarán el proceso de transferencia cuando adviertan que la doctrina policial quedó sustituida por la disciplina castrense. Personal entrenado terminará en alguna otra parte del mercado laboral. Otros, desafortunadamente, estarán tentados a engrosar las filas del crimen organizado. Es una simple ecuación de oferta y demanda.

Si el presidente y sus secretarios no quieren a los policías federales porque visten de azul y los creó Felipe Calderón, que los pongan a disposición de los gobiernos locales. A través de convenios o de una pequeña reforma al capítulo transitorio de la creación de la Guardia Nacional, podría aprovecharse ese capital humano invertido, incrementar la reserva local de policías, atender la delincuencia ordinaria y mejorar las capacidades de investigación. En el ámbito local está la mayor necesidad de policías. Lo que no se ha hecho de manera consistente en la última década, podría acelerarse si dejan sus fobias a un lado, si reconocen el empeño de estos mexicanos y si les ofrecen a ellos y a sus familias una segunda oportunidad para servir a México. Si están convencidos de la receta militar, que permitan a otros seguir con el largo y sinuoso empeño de formar policías honestos y profesionales.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.